Las dos ‘Brasílias’ pueden explicar los dos ‘Brasiles’. La polarización se hacía patente en las calles de la capital en la tarde noche del pasado 11 de septiembre, apenas unos minutos después de la condena a Jair Bolsonaro por haber planeado un Golpe de Estado en 2022 para mantenerse en el poder.
Una gran celebración con música samba, tambores, trompetas e incluso fuegos artificiales tenía lugar en una zona residencial del norte de la capital mientras no muy lejos, en el sector sudeste, decenas de personas se concentraban en una vigilia en favor del ex presidente ultraderechista. Rezaban y exhibían banderas nacionales, de EEUU e incluso de Israel. Contrastes como ejemplo de una polarización que ha roto grupos de amigos e incluso familias en la última década.
Una parte de Brasil, la más numerosa, pero no abrumadora, defiende la sentencia, mientras otra califica como una “persecución jurídica” el proceso contra su líder, cuya popularidad ha menguado, pero que aún sigue siendo el gran catalizador del conservadurismo brasileño y es apoyado de forma irrestricta por entre el 25% y el 30% de la población. Con él, la derecha brasileña probablemente no pueda ya ganar unas elecciones, pero sin él tampoco, y eso va a condicionar la carrera de cara a las presidenciales de 2026.
La sentencia, sin embargo, tiene el potencial de desmontar su poder de influencia y el de su familia. También de promover, al mismo tiempo, nuevos liderazgos en un campo conservador que ahora debe encontrar de nuevo su sitio ante un sistema que parece dispuesto a blindarse contra los efectos del populismo en el mundo de la posverdad y las medias verdades difundidas en las redes sociales.
"Es la primera vez que Brasil castiga a aquellos que han intentado golpes, ya que en el pasado siempre hubo alguna amnistía que sólo creó las condiciones para nuevas aventuras antidemocráticas”, considera Mario Sergio Lima, analista de la consultora Medley Global Advisors.
La primera sala del Supremo brasileño condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por cinco crímenes relacionados con esa tentativa de Golpe en un país que hace apenas cuatro décadas salía de una dictadura militar. El régimen duró dos décadas y el ex ahora condenado lo defendió en numerosas ocasiones, llegando a alabar a los torturadores en público.
Los cuatro jueces que votaron a favor de la sentencia consideran probado que hubo un “plan progresivo” y “sistemático” del ex mandatario brasileño para “atacar las instituciones democráticas con el objetivo de obstaculizar la legítima alternancia en el poder”.
Entre las pruebas se encuentra un borrador de un proyecto de Golpe presentado a ex comandantes de las Fuerzas Armadas en el que se proponía imponer el estado de defensa y una comisión de Regularidad Electoral para poner en cuestión la victoria en las urnas del actual presidente, el izquierdista Lula Da Silva. Otro documento encontrado en los registros, el Puñal Verde y Amarillo -colores de la bandera de Brasil- establecía la detención del mandatario.
El asalto a Brasilia
La trama, según los jueces y la Fiscalía, no se materializó por la falta de apoyo de la cúpula militar, y desembocó en la crisis del 8 de enero de 2023, cuando una multitud formada por seguidores de Bolsonaro asaltó las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, destrozando el mobiliario e incluso sustrayendo obras de arte.
“Las pruebas obtenidas en la investigación muestran que Brasil estuvo muy cerca de un rompimiento democrático. Un candidato derrotado no fue capaz de aceptar la derrota y hasta el último momento intentó movilizar tropas y a sus seguidores para virar el juego de forma ilegal. El proceso judicial fue bien planteado, hubo derecho a defensa amplia y el país debe salir más fuerte de esta condena”, considera el analista Lima.
No fue una decisión unánime. El juez Luiz Fux divergió de sus colegas y votó por absolver a Bolsonaro de todos los cargos, destacando que no se materializó Golpe alguno y que las evidencias contra el ex presidente no están lo suficientemente conectadas, o son circunstanciales, como para asegurar que quería dar una asonada.
A esa discrepancia se agarran los seguidores de Bolsonaro en el Congreso para intentar convencer a sus colegas de aprobar una ley de amnistía que tiene difícil prosperar en su versión irrestricta debido a los equilibrios de poder dentro de un Legislativo extremadamente fragmentado y complejo, de mayoría derechista, pero no necesariamente bolsonarista.
Parece haber consenso para algo calificado en Brasil como una suerte de “amnistía light”, que reduzca la pena tanto de los asaltantes de las sedes de las tres poderes como de Bolsonaro, pero sin librar al ex mandatario de buena parte de su condena o levantar su inhabilitación para participar en las elecciones presidenciales de finales de 2026.
El Congreso brasileño está tremendamente condicionado por el Centrão, un grupo variopinto de partidos pragmáticos de centro y derecha. Suelen actuar buscando favorecer sus intereses particulares. Algunos incluso oscilan entre Gobierno y oposición. Parecen comprender estos días que para lograr mayores réditos tienen que contentar tanto a los seguidores de Bolsonaro como al centro político, y eso no puede hacerse con una amnistía irrestricta al ex presidente.
La ultraderecha en Brasil no ha logrado hacerse fuerte en el Congreso -es el grupo más numeroso, pero aun así apenas cuenta con 95 de los 513 legisladores de la Cámara de Diputados- y eso obstaculiza la homogeneización como ha sucedido en otros países.
Esa posible “pinza” y también recientes encuestas juegan en contra de las esperanzas electorales del bolsonarismo más radical, incluso si se materializase en forma de una postulación de alguno de sus hijos o incluso de su esposa Michelle, todos ellos con un magnetismo más limitado ante la opinión pública.
El mito se desinfla
Al menos el 54% de los brasileños está totalmente en contra de una amnistía a Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde agosto, y solo un 39% la aprobaría, según una encuesta reciente de Datafolha, dando una idea de los máximos y mínimos del bolsonarismo en las urnas.
El y otros sondeos han pesado en la política post condena porque muestran que, si bien parece inalterable que el 30% de la población sigue apoyando a Bolsonaro pase lo que pase, sí se ha desgastado considerablemente su popularidad en el otro 20 - 25% de la población que lo aupó a la presidencia en la segunda vuelta de 2018. Las manifestaciones a favor del líder ultraderechista continúan siendo multitudinarias, pero la afluencia es menor que en 2021 o 2022. De hecho, a día de la publicación de este artículo aún no ha habido ninguna movilización mínimamente relevante de sus seguidores en ningún lugar de Brasil.
Muchos calculan en la derecha que el candidato que quiera tener opciones deberá ser cuidadoso tanto con Bolsonaro y sus seguidores más radicales como con el centro derecha. En esa tarea parece enfrascado Tarcísio de Freitas, popular Gobernador de São Paulo y aliado del ex presidente, aunque recientemente criticado por los más acérrimos bolsonaristas por sus aspiraciones presidenciales. Es un secreto a voces que es el favorito del Centrão, pero se mueve en arenas movedizas tanto en el Congreso como en la calle.
Y es que el bolsonarismo radical sigue siendo clave y es muy complicado convencerlos sin la venia de su líder, al que no van a renunciar a corto ni medio plazo. Que lo llamen con el apodo de “mito” no es casualidad.
“Es un sector que cree firmemente en el uso de la violencia como herramienta para resolver los diversos conflictos sociales que permean la sociedad brasileña. Hay un paralelismo con Donald Trump. Él dijo: ‘Puedo dispararle a alguien en plena Quinta Avenida y mis votantes seguirán apoyándome’. Esta afirmación también aplica a Bolsonaro. Cuenta con un electorado muy leal que parece impasible ante las numerosas actitudes perjudiciales de Bolsonaro hacia la democracia”, comenta el analista João Paulo Charleaux.
“A lo largo de los años han salido a las calles pidiendo intervención militar, dictadura militar, enalteciendo el Golpe de 1964, y son paranoicos en relación a la idea de que existe un movimiento comunista intacto desde la Guerra Fría operando el Estado brasileño y el judiciario”, añade el experto. Una de las reflexiones, por ende, de algunos en la calle, es que su apoyo en ese sector no baja porque parte de los más radicales estarían de acuerdo con los hechos por los que fue condenado Bolsonaro incluso si se hubieran materializado.
Un movimiento fragmentado
El bolsonarismo está también integrado por distintas facciones. “Aunque las bases hayan disminuido, hay bastante apoyo entre evangélicos, sectores más conservadores de la clase media y buena parte del agronegocio y de sectores de la élite financiera, con un apoyo mayor en las regiones del sur, sudeste y centroeste. También hay un fuerte apoyo entre policías y militares”, cree el analista Lima.
Pero esos grupos, representados por las bancadas en el Congreso de la bala, el buey y la Biblia, tienen también sus propios intereses, en especial los dedicados a los negocios, y en estos años se atisba un cambio de tendencia.
“Con todo, hoy se percibe que varios representantes de esos grupos buscan una alternativa que defienda algunos de los valores conservadores pero tenga un carácter menos controvertido y pueda reunir más apoyo de electores menos ideologizados de centro y del grueso de las élites económicas y empresariales que se oponen al Gobierno de Lula”, apunta.“Aun así, para la elección del año que viene Bolsonaro todavía tendrá un peso político nada despreciable, y eso es hoy un problema para ellos”, puntualiza Lima.
Tampoco tiene el bolsonarismo el impulso de antaño porque sus rivales han cambiado. Una parte del país, especialmente la más joven, ha olvidado los monumentales casos de corrupción que afectaron a los Gobiernos de Lula y al ex mandatario mismo -preso por 580 días antes de que el Supremo anulase las condenas por defectos procesales- y que le dieron alas al bolsonarismo primigenio en 2018. Otros están dispuestos a pasarlos por alto con tal de que no vuelva la ultraderecha.
Además el actual Ejecutivo del líder izquierdista es más plural que el de antaño, habiendo pactado con varias formaciones de centro y centro derecha de los que depende su gobernabilidad en el legislativo y que hacen parte también del consejo de ministros. El vicepresidente de Lula es el centroderechista Geraldo Alckmin, que llegó a enfrentarse al líder izquierdista por la presidencia en dos ocasiones y que decidió aliarse con él en 2022 para evitar la reelección de Bolsonaro. Pocos compran que haya un Gobierno ultraizquierdista en el actual contexto.
La fábrica de 'fake news'
Todo ello se da en un contexto social e informativo muy influenciable por la gran cantidad de desinformación vertida en redes, a su vez de uso masivo por la población brasileña -es el tercer país del mundo más activo en Instagram, se dice pronto, con 140 millones de usuarios entre sus 220 millones de habitantes- el vehículo perfecto de una posverdad que ha influenciado decisivamente anteriores procesos electorales a favor del bolsonarismo.
“En Brasil, hasta el pasado es incierto”, dijo el ex ministro de Hacienda brasileño Pedro Malan. El afán por controlar el relato, sea cierto o no, es una obsesión en el gigante sudamericano.
“Ha habido una depreciación muy grande del ambiente informativo en Brasil, con pérdida de relevancia del periodismo y la ascensión de redes sociales que direccionan a los algoritmos y la audiencia. Los grupos políticos pasaron a comunicar e informar dentro de canales informativos en los cuales la única dieta son hechos y versiones y teorías amables con sus propias creencias”, afirma Charleaux.
“Los bolsonaristas más radicales realmente consumen mucha desinformación en Youtube, Telegram, Discord y WhatsApp”, comenta, por su parte, João Feres, politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).
“Pero no solo hay que hablar de la demanda. Existe una producción de desinformación por parte de prominentes diputados bolsonaristas. Cuando nosotros hacemos estudios de redes sociales, los posts de fake news de esas personas son las que más circulan, aunque dentro de un medio reducido, que es el de los bolsonaristas radicalizados. Ellos alimentan un ecosistema de odio, de falsedad, de radicalización política pero que no transpira mucho para los moderados. Solo un poco, dependiendo de la cuestión, y nada para el resto del electorado brasileño”, asegura el analista.
El desafío institucional
Bolsonaro ya fue condenado, de hecho, por diseminar noticias falsas sobre el sistema electrónico de votación en una reunión en agosto de 2022 en el palacio presidencial con embajadores de medio mundo.
Esa sentencia la emitió Alexandre De Moraes, el polémico juez del Supremo que ahora ha sido el relator del caso por el intento del Golpe de Estado y que es considerado como la némesis del bolsonarismo, que lo califica de autoritario y dictador.
De Moraes, ex ministro del presidente centroderechista Michel Temer y muy criticado por la izquierda hace unos años por la represión de las protestas durante las manifestaciones en apoyo a la mandataria izquierdista Dilma Roussef -él era secretario de seguridad de São Paulo cuando se dieron- es también muy criticado por la administración estadounidense de Donald Trump. Lo acusan de haber iniciado una “caza de brujas” contra Bolsonaro y han establecido sanciones contra él.
El papel de Washington ha sido muy relevante durante el juicio. La Casa Blanca ha llegado a establecer incluso un arancel del 50% a miles de productos brasileños mentando como argumento el proceso contra Bolsonaro, y no se descarta que establezca más sanciones o que intente influir de otras formas en el año electoral que recién comienza.
El histórico juicio ha pasado, pero Brasil tiene todavía muchos desafíos por delante tras una década turbulenta, con la destitución de Rousseff en 2016 y la irrupción de la ultraderecha. No se descarta que las tensiones políticas aumenten en el año electoral. La condena, eso sí, ha sido vista como un ejemplo para otros países de América Latina que también enfrentan desafíos a su institucionalidad en una región marcada por crisis políticas y rupturas institucionales.