Drogas en México: la generación que reclama su cuerpo

Ante las políticas prohibicionistas, una parte de la sociedad mexicana se organiza para gestionar el consumo de sustancias y reducir sus daños.

El consumo de drogas, una cuestión ligada al derecho a utilizar libremente el cuerpo. ELENA CANTÓN
El consumo de drogas, una cuestión ligada al derecho a utilizar libremente el cuerpo. ELENA CANTÓN

En un bar de Mitla, en el suroeste de México, 11 jóvenes conversan mientras fuman cristal. Uno de ellos cuenta que la paranoia le está comiendo la mente y no para de imaginar a su novia engañándolo. Jorge Aragón, que también es usuario de esta sustancia, le dice que la paranoia surge cuando uno pasa días sin dormir y sin comer. Él sabe que las personas con las que está no quieren dejar de consumir, pero también que pueden hacerlo con menos riesgos. “Lo que necesitamos es información”, piensa, “para que, si se van a dar, no se den tan duro”.

La reunión del bar es discreta, aunque el uso de cristal —el nombre popular que se le da en México a la metanfetamina, droga conocida por sus propiedades estimulantes— es un secreto a voces en la comunidad. En Mitla viven poco más de 13.500 personas, de las cuales el 58% pertenece a alguna nación indígena. Este pueblo árido, de colores pardos, se encuentra en la región de los valles centrales del estado de Oaxaca. La mayoría de la población se dedica a la producción de textiles artesanales, de mezcal, al comercio o al turismo. El mercado de textiles genera una cadena de empleos que incluso ha atraído a personas de otras comunidades para trabajar y que tiene una relación estrecha con el uso de drogas.

La primera sustancia psicoactiva que Jorge Aragón probó en Mitla, además del alcohol, fue la cocaína. Tenía 14 años y, en ese momento, era más fácil conseguirla que la marihuana. En 2012, al pueblo empezó a llegar el cristal. En ese momento, Jorge estaba estudiando Sociología en Veracruz, a 450 kilómetros de su localidad natal. Mientras estaba en la licenciatura, y gracias a sus propias experiencias como usuario, empezó a interesarse en el consumo de drogas como objeto de estudio. Completó cursos especializados en el tema en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y en FLACSO-Uruguay y trabajó con organizaciones que abordan políticas de drogas en Bolivia y Ciudad de México.

Ahora Jorge tiene 33 años y es investigador y activista por los derechos de las personas usuarias de drogas. Su formación y experiencia le han permitido comprender que esta temática está atravesada por distintas desigualdades: de clase, de raza y de género, para empezar. Él es zapoteca, tiene piel morena, nariz ancha, cabello largo y lacio y luce tatuajes y piercings en el cuerpo. Para él, el estigma en torno a las drogas depende de variables como esas y el placer ha sido legitimado en ciertas corporalidades y negado en otras.

El año pasado, cuando Jorge regresó a Mitla después de sus estudios, identificó el uso de cristal principalmente en personas jóvenes y trabajadores de la industria artesanal de textiles. El primer grupo tiende a consumir la metanfetamina de forma recreativa y colectiva, mientras que el segundo la utiliza sobre todo por sus propiedades estimulantes, que ayudan a sobrellevar largas jornadas de trabajo que implican fuerza corporal.

Como sucede con todas las sustancias psicoactivas ilícitas en la mayoría de los contextos mexicanos, no hay información verificada y accesible sobre los riesgos que tiene el consumo de cristal. Jorge explica que la falta de información y el estigma que viven las personas usuarias las vulneran más ante los riesgos; por eso decidió realizar una intervención en la comunidad.

Gracias a una convocatoria de la organización Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, Jorge pudo obtener un pequeño fondo para llevar a cabo la intervención. Lo primero que hizo fue reunirse con un grupo de usuarios de metanfetamina para escuchar sus necesidades. Después, contactó a una investigadora y usuaria del norte del país —donde tienen más experiencia en reducción de daños— para que le compartiera insumos informativos. Con ellos, realizó un taller durante una semana en un pequeño bar de Mitla con nueve hombres y dos mujeres de entre 17 y 25 años para compartir dinámicas de reducción de daños y riesgos con el uso de cristal, una sustancia que, además de generar un estado de euforia, hace desaparecer la sensación de hambre y cansancio. Para reducir sus posibles daños, especialistas y usuarios recomiendan comer antes de utilizarla, tomar pequeñas dosis, beber mucha agua, mantener buena higiene bucal y dormir bien.

Después de socializar los riesgos del cristal entre personas usuarias, en el taller de Mitla se entregaron folletos al público general sobre gestión de placer y riesgos con otras sustancias psicoactivas. Aunque fue una intervención fugaz, este pequeño pueblo fue escenario de una dinámica progresista que empieza a propagarse en el país. Jóvenes como Jorge le buscan grietas al prohibicionismo para gestionarse el placer y la salud entre pares.

Jorge Aragón (izquierda), repartiendo folletos informativos  sobre el uso de drogas, en Mitla.
Jorge Aragón (izquierda), repartiendo folletos informativos sobre el uso de drogas, en Mitla. CORTESÍA

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Esto no es un asunto reciente. El término reducción de daños se refiere a políticas, programas y prácticas para reducir las consecuencias negativas —físicas y sociales— del uso de drogas legales e ilegales. Un paradigma que, basado en la salud pública y los derechos humanos, descarta la abstención y aboga por la protección de las personas usuarias, aun cuando éstas no quieren dejar de consumir.  Aunque el concepto se popularizó en la década de los ochenta, por la relación del uso de drogas inyectables con la transmisión del VIH y la hepatitis C, este enfoque ya se usaba desde 1912 en Estados Unidos en las clínicas de consumo supervisado de opioides.

En general, la reducción de daños se ha centrado en el intercambio de jeringas o la sustitución de sustancias —como heroína por metadona—, pero también existen prácticas para reducir los riesgos del uso de alcohol, tabaco, cannabis, LSD, cocaína y éxtasis. El endurecimiento de las políticas prohibicionistas a nivel global, encabezado por Estados Unidos desde los años setenta, ha dificultado la implementación de estas prácticas en las instituciones de salud de todo el mundo; pero América Latina, como región productora, se ha llevado la peor parte.

En el caso de México, las políticas de drogas están enfocadas en reducir la oferta con una estrategia securitaria que comenzó en 2006 con la denominada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón. El despliegue de violencia ha dejado más de 350.000 personas asesinadas, el mismo número de desplazadas y más de 100.000 desaparecidas.

La reducción de daños aparece en la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones desde el 2009, pero, hasta el momento, no se materializa realmente en programas o políticas de Estado.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 anunciaba un cambio de paradigma con la promesa de regulación del cannabis y el uso de un discurso progresista: el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 admite la ineficiencia del modelo prohibicionista y plantea “reformular el combate a las drogas”. Incluso el Programa de Acción Específico en Salud Mental y Adicciones 2020-2024 habla de sumar “las estrategias para la reducción de daños para las personas que, por su propia decisión o por no estar en condiciones de abandonar el consumo, hagan uso de las drogas, procurando obtener un máximo beneficio con el menor daño posible a la salud”.

La decepción no tardó en llegar con la estrategia antidrogas de la Secretaría de la Defensa Nacional, basada en incautaciones y quemas de cultivos; el inacabable proceso para regular el cannabis y las campañas de comunicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que estigmatizan y criminalizan a los usuarios de drogas, culpándolos de la violencia en el país y comparándolos con soldados nazis.

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Como tantos jóvenes, Montserrat Angulo estaba familiarizada con el alcohol desde los 15 años; pero cuando fumó marihuana por primera vez, a los 21, descubrió una ventana hacia sí misma. Luego conoció los hongos psilocibios y el LSD y, con ellos, la profunda sensación de que todo está conectado. Pero su favorita ha sido el MDMA o éxtasis, que la abre, la vuelve más empática y aumenta el goce en su cuerpo al bailar.

La relación de Montserrat con las sustancias psicoactivas la ha encaminado a trabajar en la defensa de los derechos de las personas usuarias desde el colectivo ReverdeSer, en Ciudad de México. Se trata de la defensa de las libertades frente al Estado, explica desde la oficina del colectivo. “Ahora nos damos cuenta: este es mi cuerpo, puedo intervenirlo, consumir sustancias, explorar mi mente”, agrega esta socióloga de 28 años, quien, conectando con el activismo feminista que también ejerce, entiende el prohibicionismo como una opresión más que vuelve personal lo que es político.

En ReverdeSer trabajan por la regulación de sustancias, construcción de paz, educación colectiva y reducción de daños. En 2015 iniciaron, en alianza con otras dos organizaciones, el Programa de Análisis de Sustancias (PAS), una estrategia de reducción de riesgos y daños que consiste en ofrecer a las personas un análisis químico de sus drogas y asesorarles —a partir de la información obtenida— en torno al grado de pureza, su composición química y cómo reducir los riesgos asociados a su uso. Es el único proyecto de su tipo en México.

El programa ha sido llevado a festivales de música —donde hay alta prevalencia de consumo— por personas voluntarias, todas jóvenes usuarias de sustancias, durante cinco años hasta que su interrupción en 2020 por la pandemia. Este año se ha reactivado y ya ha pasado por tres festivales.

Dos jóvenes, en un festival musical en Ciudad de México, muestran material informativo sobre el uso de drogas facilitado por ReverdeSer,
Dos jóvenes, en Ciudad de México, muestran material informativo sobre el uso de drogas facilitado por ReverdeSer. CORTESÍA

La población a la que llega este programa en la capital del país es muy distinta a la que consume drogas en municipios pequeños como Mitla. Incluso hay una percepción desatinada de que las sustancias que se utilizan en ambos contextos difieren, pero lo que han encontrado en el PAS es que de las muestras analizadas que se creía que eran MDMA, el 26,3% resultó ser metanfetamina o anfetamina. Con la cocaína este porcentaje aumenta al 59,3%. Esto muestra, no solo que el mercado ilícito adultera las sustancias, incrementando los riesgos de su uso, sino que distintas poblaciones están usando la misma droga, pero viven el estigma de forma diferente.

El PAS está enfocado en el uso recreativo de sustancias psicoactivas, que es el que la mayoría de la población practica. En México, la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada en 2016, mostró que el 2,9% de la población general había consumido alguna droga en el último año, pero solamente el 0,6% de ese grupo había desarrollado dependencia. A nivel global, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC) reportó en 2021 que de los 275 millones de personas que usaron una droga en el último año, el 13% tiene un uso perjudicial para su salud y requiere tratamiento.

A pesar de estos datos, las narrativas del Estado mexicano construyen la idea de que todo uso de drogas es problemático. Para Emma Rodríguez, directora y fundadora de Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas —la organización que financió la intervención de Jorge Aragón en Mitla—, transitar de la criminalización a la patologización de los usuarios no es el camino. “No solo es un estigma y una discriminación institucional, también es social, no te ven como una persona sujeta de derechos”.

En 2010, mientras estudiaba Ciencias Políticas en Ciudad de México, Emma inició el capítulo mexicano de Estudiantes por una Política de Drogas Sensata para movilizar a jóvenes a participar en el proceso político contra el prohibicionismo. Posteriormente, la organización se convirtió en una red latinoamericana donde convergen alrededor de 100 personas en 15 países de la región.

Emma tiene claro que las narrativas que sostienen la “guerra contra las drogas” ni siquiera están basadas en un interés por garantizar la salud de la población. “Esto tiene que ver con objetivos geopolíticos y económicos”, explica. La evidencia muestra que este enfoque no funciona, pero hay una fuerte reticencia a modificarlo.

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Aunque los datos totales del consumo de drogas en México no han sido actualizados, hay algunos indicadores recientes que muestran las dinámicas de su uso problemático.

En 2020, un total de 101.142 personas demandaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en centros de atención estatales y no gubernamentales. Las sustancias cuyo consumo causó mayor demanda de tratamiento fueron los estimulantes de tipo anfetamínico con el 30,2% de los casos, seguidos del alcohol (24,5%) y la marihuana (15,1%).

La creciente presencia de metanfetamina en México se ve reflejada en la demanda de tratamiento, con un incremento del 218% de 2013 a 2020. Sin embargo, el uso de servicios de salud no necesariamente refleja el nivel de peligrosidad de las sustancias. Una muestra es que el 15,1% de las personas que solicitan tratamiento lo hacen por el uso de cannabis, mientras que por opiáceos es únicamente el 2,2%, aunque la peligrosidad de una y otra sustancia difiere enormemente. En 10 años, se han registrado 81 muertes relacionadas con el uso de opiáceos. En ese mismo periodo, solo hay ocho relacionadas con cannabis.

Las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que el uso problemático de drogas es un fenómeno multifactorial en el que la peligrosidad de la sustancia se combina con factores genéticos, pero también —y para algunas, es lo más determinante— con los contextos en que se emplean las sustancias.

Hace unos años, Jorge Aragón tuvo un uso problemático del cristal durante algunos meses. Su consumo aumentó porque tuvo una ruptura amorosa y se sentía deprimido. No podía dormir, ni tenía apetito. Él identifica que pudo salir de esa dinámica gracias a lo que él llama sus capitales: herramientas intelectuales y emocionales, acceso a ayuda psicológica y la posibilidad de hacer deporte. Para Jorge, la probabilidad de desarrollar un consumo problemático o salir de él depende fuertemente de las condiciones de vida de las personas.

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Una mujer sostiene con su mano izquierda un pequeño espejo frente a su rostro. Con la derecha empuja una jeringa que se hunde en su cuello. Tiene las uñas pintadas de azul y lentes oscuros sobre la cabeza. Presiona lento y suave la base de la jeringa, hasta que la sustancia marrón termina de entrarle al cuerpo.

La mujer está usando heroína en La Sala, el primer espacio de consumo supervisado de México y América Latina. Esta habitación con tres pequeños cubículos, sus respectivas sillas, espejos y botes para tirar jeringas, es parte de la organización Verter AC, que desde 2013 desarrolla proyectos sociales relacionados a la salud pública y la defensa de los derechos humanos. Se encuentra en Mexicali, ciudad fronteriza, capital de Baja California. En esta urbe, una de las más calientes y secas del país, viven poco más de un millón de personas. Aquí, como en otras ciudades septentrionales, las maquiladoras extranjeras han atraído mano de obra de todo el país para trabajar en puestos de bajos salarios. El 20,2% de la población vive en condiciones de pobreza

Por estas ciudades fronterizas como Mexicali también transita un flujo incesante de migrantes del sur que van al norte y personas deportadas del norte que vuelven al sur. Muchos de estos colectivos habitan las calles y realizan trabajo sexual o cualquier otra actividad informal para sostenerse.

La Sala comenzó a operar en este complejo escenario en 2018. Después de un grupo focal con personas usuarias de drogas inyectables, se decidió que sería un espacio exclusivo para mujeres. “Ellas están más expuestas a riesgos y estigmatización”, explica la directora de Verter, Lourdes Angulo. Solo hay cuatro salas para mujeres en el mundo, esta es la más reciente.

Las usuarias llegan con su sustancia, se le hace un test para ver si contiene fentanilo y se les entrega una jeringa nueva y recomendaciones para usarla de forma segura. Las mujeres se inyectan —a veces a sí mismas, a veces entre ellas— y se quedan a sentir la heroína en sus venas. La Sala siempre está supervisada por personas que saben atender sobredosis. Al final, cuando los efectos pasan, muchas se quedan a convivir. “Es un espacio donde van generando redes de apoyo”, dice Lourdes.

Muestrario de jeringas para inyectarse droga en La Sala, en la ciudad de Mexicali.
Muestrario de jeringas para inyectarse droga en La Sala, en la ciudad de Mexicali. CORTESÍA

El personal de Verter también reparte jeringas nuevas entre quienes no acuden a La Sala y analiza sus drogas en busca de fentanilo. Esta sustancia es un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un analgésico de uso médico, pero también se produce y distribuye en el mercado ilícito de drogas como si fuera heroína. El Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas de la ONUDC registra su presencia en este mercado desde 2012.

Organizaciones de la sociedad civil comenzaron a detectar su presencia en el norte de México hace casi tres años. En los análisis que han realizado, han encontrado resultados positivos en el 52,8% de las sustancias; sin embargo, en las colonias cercanas a Verter —barrios marginalizados—, el 95% de las dosis analizadas contienen fentanilo, señala Lourdes. Las personas que lo consumen creen que compraron heroína y este embuste del mercado ilícito de drogas ha resultado en una crisis de muertes por sobredosis, no solo en el norte mexicano, sino también en Estados Unidos y Canadá, países en los que la situación todavía es más grave.

El año pasado, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron la muerte por sobredosis de 108.000 personas. De esos fallecimientos, casi el 73% corresponde al uso de opioides sintéticos, como el fentanilo. En Canadá, durante el primer año de pandemia, las muertes por sobredosis de opioides crecieron un 95% respecto del año anterior, según los datos de la Agencia de Salud Pública del país. Desde entonces, la tendencia se ha mantenido.

“La crisis del fentanilo es una consecuencia de la prohibición”, explica la activista e investigadora en materia de drogas Zara Snapp,cofundadora del Instituto RIA, miembro de ReverdeSer y asesora internacional de Acción Técnica Social, en Colombia. Para producir heroína, se necesitan sembradíos de amapola; para el fentanilo, un laboratorio. Quienes trafican drogas buscan las formas más económicas, discretas y fáciles de hacer sustancias potentes y no hay aparatos que les regulen. Zara usa el prohibicionismo del alcohol para desarrollar su argumento. Sucedió en Estados Unidos en los años veinte del siglo pasado y en México cuando hubo “ley seca” por la pandemia: en ambos escenarios se generó un mercado ilícito de alcohol adulterado que derivó en muertes.

Ante la emergencia, Canadá respondió con políticas progresistas que sortean el prohibicionismo: la despenalización a la posesión de pequeñas cantidades de drogas sintéticas y las condiciones normativas para crear “clubes de compasión” donde usuarios puedan obtener suministros testeados de drogas. En México, donde el 28,2% de la población ni siquiera tiene acceso a servicios de salud, estos modelos están lejos del horizonte; pero Zara planteó una propuesta para generar un mercado regulado de amapola que permita a los usuarios consumir té de la flor o fumar goma de opio, dos formas con menos riesgos y daños que la heroína.

El fentanilo que llega a Estados Unidos y Canadá tiene dos orígenes: se produce en México o pasa por el país viniendo de China. Desde hace pocos años, las muertes por sobredosis están creciendo en este lado de la frontera y la respuesta del Estado mexicano ha sido, como en los últimos 16 años, securitaria. Mientras, las organizaciones buscan salvar vidas con Naloxona, un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides, pero que en México solo se puede comprar con receta. En Verter la obtienen a través de donaciones internacionales y hasta la suministran a las instituciones públicas de salud porque ni siquiera ahí está disponible.

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“Esto no son los callejones de Vancouver”, dice Alejandra García. “No es como que voy a una comunidad y entrego condones y pipas como si fueran despensas”, agrega Liliana. Estas mellizas de 32 años están sentadas una junto a la otra en el piso de su casa, compartiendo un porro y cervezas, mientras hablan de las estrategias de reducción de daños que implementan en Aguascalientes, su ciudad natal

Las dos hermanas han usado sustancias psicoactivas desde los 15 años. Las que Alejandra prefiere son la marihuana y el alcohol. A Liliana, además de esas, le gusta inhalar cristal, sobre todo para trabajar. Está por terminar la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas y Alejandra, que ya estudió ese mismo programa, está por iniciar el doctorado.

Desde el año pasado reparten insumos para consumir estimulantes y mermar los daños. Consiguieron recursos para armar un centenar de kits que incluyen un cepillo de dientes, un cubrebocas, condones, lubricante, bálsamo labial, pasta dental, popotes para esnifar, un encendedor, una lámina de plástico para cortar la sustancia, chicles para salivar y una pipa de cristal. Además, entregan una tarjeta que informa la dosis máxima de cada sustancia que un usuario puede cargar para ser considerado “consumo personal” y no “narcomenudeo” de acuerdo con el artículo 479 de la Ley General de Salud. 

Hicieron un par de eventos públicos para repartir los kits, pero no tuvieron el impacto que esperaban. “Aquí no es como el norte”, explica Alejandra, “donde ya están acostumbrados a la reducción de daños”. Aguascalientes es una ciudad con poco menos de un millón de habitantes que se encuentra en el centro de México. Es la capital del estado que lleva el mismo nombre, en la región del Bajío: un territorio en el que la industria automotriz tiene una fuerte presencia y que, por su ubicación geográfica, es estratégico para el tráfico de drogas. Las mellizas perciben que el cristal comenzó a popularizarse en la ciudad a partir de 2008 y, desde entonces, es más fácil de conseguir que la buena marihuana.

“La gente que está usando cristal es de escasos recursos”, dice Liliana, “se desempeña en labores manuales de baja calificación como lavacarros, obreros, pepenadores y trabajadoras sexuales, pero hay otro sector que no es tan visible: profesionistas que lo usan, pero se cuidan y sus efectos no se reflejan en sus cuerpos”. Ella se pone como ejemplo: “Me doy una línea a las dos de la tarde y a las diez de la noche ya voy a estar cenadita y dormida”.

Pipas para consumir droga suministradas por Verter en La Sala de Mexicali.
Pipas suministradas por Verter para consumir droga como la metanfetamina. CORTESÍA 

En el barrio donde viven las hermanas García hay picaderos (lugares donde se consumen drogas) y puntos de venta de cristal. Sus vecinas de toda la vida son usuarias. Por esto, en vez de hacer eventos públicos, empezaron a entregar los insumos a las personas de su comunidad. No les proporcionan kits completos, solo los objetos que las personas piden para no desperdiciar el resto. Hasta ahora, han notado algunos cambios en las dinámicas de consumo, como que la gente ya no utiliza focos para fumar, sino pipas, que son más seguras.

“Nosotras no queremos que nos salven, queremos agenciamiento. Por eso, las estrategias de reducción de daño se tienen que dar en dinámicas horizontales, entre pares”, dice Liliana. “Del Estado no podemos esperar nada”, agrega Alejandra, “porque está permeado por el estigma hacia los usuarios”. Para ambas, lo que sirve son las intervenciones comunitarias a pequeña escala.

Precisamente, la institución del Estado que debería atender los daños que generan las drogas, reconoce sus limitantes. Sobre todo, hablando de metanfetamina y fentanilo. “Yo creo que estamos en pleno proceso”, argumenta Hugo González, psiquiatra, especialista en adicciones y jefe de servicios en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). El médico explica que los tres primeros años de esta administración se fueron en la contención de la pandemia y que, “en materia de reducción de riesgos y daños en usuarios de drogas intravenosas, hay mucho trabajo por hacer”. González reconoce que las organizaciones son las que están paliando la crisis y lo que se está haciendo desde Conadic es certificar su trabajo.

Con esto, se refiere a Verter y su espacio de consumo supervisado. Poco después de que La Sala comenzara a operar, fue clausurada por el Ayuntamiento de Mexicali. Usaron argumentos administrativos ya que, técnicamente, su funcionamiento no es ilegal, aunque tampoco está regularizado. Después de seis meses, un amparo, una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y negociaciones con el Ayuntamiento, el espacio volvió a abrir y no ha vuelto a cerrar. Si Conadic certifica el espacio como una estrategia de reducción de daños y riesgos, esto daría pie a que otras organizaciones lo puedan replicar.

Por otro lado, Hugo González dice que están trabajando por modificar la reglamentación para que se pueda acceder a la Naloxona más fácilmente. Para él, la complejidad del asunto está en trabajar con distintos órganos gubernamentales como el Poder Legislativo, en este caso. Y, aunque este cambio facilitaría algunas cosas, Lourdes Angulo, la directora de Verter, cree que no es suficiente: “Lo que necesitamos es que el Estado pueda asegurar que va a haber recurso para tener este insumo en todo momento y que va a capacitar a las personas prestadoras de servicios de salud para que sepan cómo aplicarla”.

Respecto al uso de metanfetamina, al jefe de servicios de Conadic le preocupa su complejidad y la diversidad de poblaciones que la usa. Han identificado personas de la comunidad LGTBI que la consumen en una zona de hoteles de la Ciudad de México y están construyendo un programa piloto para acercarles información, agua, insumos de cuidado y la opción de ser trasladados a un hospital psiquiátrico; pero no saben cómo harán para llegar a jornaleros, adolescentes y otros contextos en que se consume cristal.

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Una joven, en Mitla, con el cartel de la campaña 'Apoye no castigue', favorable a las políticas de drogas que prioricen la salud y los derechos humanos. CORTESÍA
Una joven, en Mitla, con un cartel favorable a las políticas de drogas de reducción de daños. CORTESÍA

La sensación de quienes trabajan haciendo reducción de daños es que el Estado ha fallado. No quieren esperar a un cambio institucional mientras las personas a su alrededor se destruyen, así que actúan con lo que tienen, desafiando viejos relatos y estructuras. Y, aunque saben que desde las intervenciones comunitarias se incide realmente, no dejan de responsabilizar a las instituciones.

“Las chicas de Aguascalientes tienen mayor impacto en sus comunidades, pero requieren apoyo para seguir haciendo su trabajo, documentarlo y generar evidencia”, argumenta Zara Snapp, refiriéndose a las hermanas García.

Para Emma Rodríguez, la directora de Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, uno de los daños más graves de las instituciones del Estado es que producen discursos que estigmatizan y criminalizan. Estas ideas se inscriben en la sociedad y permean sus relaciones: quiebran familias, aíslan sujetos y conducen al autoflagelo. Si las narrativas se transforman, las personas también.

“El gran cambio que vamos a ver en los siguientes años es cultural, y este cambio, ellos no lo pueden parar”, augura Zara. No solo hay más información, también más deseo de experimentar. A nivel global, el uso de drogas ilegales aumentó un 22% del 2010 al 2020  y la ONUDC calcula que esta cifra aumentará un 11% para el 2030.

El uso de sustancias psicoactivas es tan antiguo como la humanidad. “Las hemos usado con distintos fines: desde lo espiritual, lo terapéutico, lo medicinal y lo sexual”, explica Montserrat Angulo, “por todos esos fines la gente sigue y seguirá utilizándolas”.

“El placer es parte de la condición humana, y el sistema capitalista nos ha negado el goce como una forma de buen vivir”, dice Jorge Aragón.

 “Ni siquiera pensamos en el abstencionismo —aunque sea el ideal— porque es inviable, las drogas llegaron para quedarse”, sostiene Alejandra García. “A la gente le gusta el placer”, agrega Liliana, “no van a renunciar a él”.

A la oposición que ha habido a la “guerra contra las drogas”, se suma una nueva generación que se reconoce como usuaria y que pone a la par sus derechos con los de las víctimas de la violencia. 

“Yo creo que no tendría que haber separación. Todos son derechos humanos”, asegura Emma, representante de esta generación que entiende que oponerse a la guerra es, también, reclamar la libertad del cuerpo.

Periodista. Especialista en salud, género, violencia, despojo y sus intersecciones. Ha colaborado en medios como Revista Anfibia y ZonaDocs. Integrante de la cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.

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