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Aguardiente sin fronteras en Colombia

De bebida nacional a símbolo en disputa. El licor más popular del país entra en una nueva era tras la caída del monopolio regional y la apertura del mercado.

Bogotá
Amarillo de Manzanares, el aguardiente que estuvo años vetado fuera de Caldas, se ha convertido en uno de los grandes beneficiados de la apertura del mercado. HÉCTOR ESTEPA

A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña,
De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas.
No me dé trago extranjero,
Que es caro y no sabe a bueno,
Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero.

Es el rey de las cantinas, la estrella de cada celebración, protagonista en las mesas de metal de las cigarrerías más humildes y también en las estanterías de las discotecas de la elite, desde Bogotá hasta el pueblo más recóndito de Colombia. El aguardiente llegó al país sudamericano a finales del siglo XIX con su característico sabor que proviene del anís combinado con jugo o miel de caña y lo hizo para convertirse en la bebida nacional.

Son más de 60 millones de botellas vendidas al año. Las cifras dan cuenta de la popularidad del guaro, como se conoce de forma coloquial a una bebida con entre 25 y 45 grados de alcohol: cada colombiano consume 2,2 litros del popular licor cada doce meses de media.

Son las diez de la noche de un viernes en una taberna de Bogotá, la capital colombiana, y las mesas están a rebosar. Los encargados del local van y vienen entre música vallenata, ranchera y reguetón, destapando botellas del popular licor mientras los clientes hablan, cantan y ríen distendidos.

“El guaro es raíz”, dice Valeria Bernal, una joven universitaria que festeja un cumpleaños con una decena de amigos. “Cuando llegas a Colombia y te ofrecen un aguardiente es como si te ofrecieran un poco de las raíces de lo que somos”, abunda, mientras le interrumpe animoso uno de sus amigos, Antonio Narváez, deseoso por unirse a la conversación.

“Es algo muy de nosotros, que te acompaña en muchas cosas importantes de la vida”, destaca antes de darle un sorbo a su aguardiente, vertido a la usanza de las cantinas populares del país, en pequeños vasos de plástico.

Valeria Bernal, junto a un grupo de amigos, comparten una ronda de guaro en una taberna de Bogotá. H.E.

Sin embargo, los jóvenes no están consumiendo las marcas que más se han vendido durante años en Bogotá, sino Amarillo de Manzanares, un aguardiente del mismo color de que le da nombre, prohibido durante dos años en la región capitalina y también en parte importante del país y cuya acción en los tribunales ha provocado un histórico cambio en el mercado del guaro.

Y es que las reglas del aguardiente han sido muy especiales en Colombia durante más de un siglo. El guaro es una bebida de producción pública. Cada departamento (unidades administrativas como los Estados, comunidades autónomas o provincias dependiendo de cuál sea su país) ha producido durante décadas su propia marca del licor y ha usado los fondos recabados para financiar la salud, la educación y el deporte, entre otras actividades.

El guaro y el poder regional

“En Colombia se estableció desde muy temprano la figura de ceder a los departamentos la renta proveniente de los impuestos sobre los licores. Esa cesión, concebida inicialmente como una medida fiscal, facultó de forma indirecta a las autoridades locales para prohibir o restringir la introducción y venta de bebidas alcohólicas, ya fuera por razones de salud pública o de política regional”, expone a COOLT el periodista y escritor Mario Jursich, estudioso y apasionado de la cultura colombiana.

Esos reglamentos propiciaron que cada departamento fundase sus propias marcas de aguardientes. Por ejemplo, Antioquia, donde se encuentra Medellín, produce el célebre Antioqueño, el más vendido del país, el Valle del Cauca produce el Cristal y el guaro de Cundinamarca es el Néctar. Todos son públicos y todos financian el sistema de salud de sus respectivas regiones.

La contrapartida de las disposiciones legales es que todo departamento acabó con la facultad de prohibir la venta en su territorio de guaros de otras regiones, conformando, en algunos casos, distintos monopolios en los que solo se podía vender el aguardiente local de cada región.

“El impacto negativo fue doble. Por un lado, la industria licorera quedó estrechamente vinculada al financiamiento territorial, con todos los males y distorsiones que eso implica, y por otro se consolidó un marco jurídico que favoreció un monopolio de facto, deterioró la calidad de los productos, limitó la libre competencia y redujo la libertad de elección de los consumidores”, considera Jursich.

“Según un viejo chiste, tomar mucho guaro era una muestra de civismo, ya que de ese modo uno contribuía a darle mayores recursos al sector de la salud”, añade el escritor.

Aguardientes de distintas regiones comparten estantería en un supermercado, una escena impensable durante años. H.E.

Todo comenzó a cambiar tras la pandemia cuando el departamento de Cundinamarca, que acoge a la capital, Bogotá, decidió restringir la venta de Amarillo de Manzanares, producido por la gobernación de Caldas, que estaba subiendo en las preferencias de los consumidores.

La marca estaba también restringida en otros departamentos al punto de que podía consumirse en apenas el 37% del territorio, así que sus responsables interpusieron un recurso para acabar con un artículo de la Ley de Licores de 2016, la última que institucionalizó el monopolio, otorgando una protección especial a la producción de aguardiente de cada departamento en previsión de la “amenaza” para los licores locales de un “incremento súbito e inesperado” de venta de productos similares de fuera del territorio. 

La respuesta llegó a principios de 2025 cuando la Corte Constitucional falló en contra del monopolio, declarando inexequible la facultad que tienen los Gobernadores para bloquear la comercialización de aguardientes producidos fuera de sus fronteras. Los jueces consideraron que esa disposición violaba la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores. Entendieron que la “completa restricción de la libertad de elección es contraria a la Constitución política” de Colombia, acabando con el reglamento de 2016 y normas de hace décadas.

Botellas de distintas marcas de aguardiente comparten estantería en un supermercado de Bogotá. H.P.

Eso sí, el guaro es el guaro y la resolución tuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, dando cuenta de lo delicado que era el asunto incluso para las altas cortes.

La decisión del Constitucional dejó un reguero de quejas provenientes de los departamentos. 

Cundinamarca dijo que en los últimos diez años ha obtenido unos 100 millones de euros al cambio en pesos colombianos para programas de salud y ahora temen perderlo por la entrada en competencia de nuevas marcas contra su Néctar. 

Valle del Cauca, que tenía una de las políticas más restrictivas para su aguardiente Blanco, teme también recortes porque transfirió solo en 2023, principalmente a la red hospitalaria, unos 25 millones de euros al cambio.

Además ciertos gobernadores alertaron que ahora también pueden entrar a competir marcas internacionales. Algunos se están organizando para exigir denominación de origen para el aguardiente colombiano.

Un mercado en ebullición

Una de las marcas más beneficiadas, aseguran los analistas, es el Amarillo de Caldas, que ha registrado en 2025 sus mejores cifras históricas y era uno de los más restringidos por el enganche que había tenido en el mercado en los últimos años.

“Es más amigable, te entra más suave”, asegura Valeria en la taberna bogotana donde sus amigos han elegido esa marca en lugar de la local.

Quienes defienden la medida creen, en cambio, que la liberalización mejorará no solo los estándares de calidad sino también la creatividad e innovación.

De hecho, la compañía de Antioquia, que produce el célebre Antioqueño, el más vendido en Colombia con una penetración del 57% y también el más exportado, ya ha creado su propia marca de aguardiente amarillo, ‘Real’, para competir con Caldas. También Cundinamarca tiene ya su Néctar ‘Dorado’.

Aguardiente Antioqueño en una estantería, una marca histórica que ahora compite en un escenario de mayor apertura. H.E.

Aseguran también quienes prefieren el aguardiente sin fronteras que habrá más competencia y eso generará más ventas, empleo e inversión. Varias marcas se han lanzado ya a producir aguardientes premium.

No son temas livianos. El aguardiente también ha estado en la alta palestra política en semanas recientes después de que el Gobierno de Gustavo Petro incrementase la carga tributaria sobre los licores, subiendo el IVA hasta 14 puntos porcentuales. 

La medida provocó indignación en todo el sector y también parte de los consumidores hasta que, de nuevo, la Corte Constitucional entró y suspendió a finales de enero el decreto de alza de impuestos, generando indignación en el Ejecutivo.

No es cualquier producto el aguardiente en Colombia, eso ha quedado claro después de los debates sociales y jurídicos en torno a ese licor. 

“El aguardiente tiene un lugar central en el imaginario nacional. Durante buena parte del siglo XX se lo consideró como una de las señas distintivas de la nacionalidad, e, incluso, del patriotismo, como en esa canción del dúo Garzón y Collazos (expuesta al principio de este artículo) que concluye con la frase ‘Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano’. Imagínese, el colombiano de pro era, literalmente, aquel que bebía el aguardiente producido por las licoreras departamentales monopolísticas”, asegura el escritor Jursich sobre la bebida estrella de las celebraciones colombianas.

Periodista. Colaborador de medios como El Mundo, El Comercio, Diario las Américas, Global Post, La Tercera, El Confidencial, La Voz de Galicia, Euronews, Telecinco, Cuatro y Antena 3.