Aunque Donald Trump suele celebrar que el acuerdo petrolero firmado con el gobierno interino de Venezuela le otorga a Estados Unidos el control del 60% de las reservas petroleras del mundo, entre el acuerdo y hacer realidad los beneficios económicos hay una distancia de 200 mil millones de dólares en inversiones y al menos 20 años. Ese es el tiempo que necesitaría la industria petrolera, destruida por el chavismo, para volver a generar los 3,28 millones de barriles diarios que llegó a producir en la última década de los años 90, antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia y la producción cayera hasta los 1,2 millones actuales.
“El sueño americano” al que aspiraban muchos latinoamericanos se invierte ahora: es Donald Trump quien persigue el petróleo venezolano. Pero esas aspiraciones tienen por delante un largo camino lleno de barreras y variables complejas en un juego geopolítico en el que ninguna de las partes tiene todas las cartas a su favor, a pesar de que el presidente y magnate norteamericano ha calificado ese acuerdo como un “logro histórico”, exaltándolo como un éxito personal sobre el que ha dicho: “Al vencedor pertenecen los botines”.
La búsqueda de ese supuesto botín comenzó el 3 de enero de 2026 con la extracción de Nicolás Maduro. Un objetivo que se impuso bajo el liderazgo de Trump y el movimiento MAGA, que tomó cuerpo desde 2016 en el Partido Republicano: “Make America Great Again”, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
El caso venezolano ha tenido una importancia vital para Trump y los MAGA, no sólo por sus grandes reservas petroleras sino además por la ubicación geográfica. Un territorio que durante 27 años ha sido controlado por el chavismo se volvió clave para la alianza antioccidental liderada por China, Rusia e Irán. De manera que además del negocio para este grupo, recuperar ese territorio de manos de los “enemigos” de Occidente ha sido uno de los objetivos de este sector de republicanos. En esa estrategia no solo cuenta Venezuela, sino las principales economías de Latinoamérica, desasistidas durante años por las políticas estadounidenses.
Analistas y líderes políticos de distintas ideologías han cuestionado este acuerdo que tiene puntos oscuros y confidenciales, poniendo en duda su alcance y los beneficios para Venezuela. Pero más allá de esas consideraciones es fundamental partir de qué es lo que tenemos hoy en Venezuela.
Reconstruir desde el suelo
El primer punto a destacar es que para reconstruir la industria petrolera en Venezuela y alcanzar los niveles tecnológicos y de producción con los que contaba hasta 1999, se requerirían inversiones por el orden de los 200 mil millones de dólares en los primeros 20 años, como lo han indicado especialistas en la materia. Inversión que tendría que provenir de las empresas internacionales.
Las inversiones estarían destinadas a rehabilitar los campos ya existentes; desarrollar nuevas áreas, especialmente en la Faja del Orinoco; reponer los taladros de perforación, que hasta el año 2014 se mantenían operativos 220 de ellos y ahora solo quedan 24; reparar los oleoductos y sistemas de almacenamiento, y algo muy complejo sería recuperar las refinerías que se encuentran muy deterioradas y reponer el personal técnico y de alta calificación que se fue del país a partir de 2002 y se ha insertado en las industrias de otros países.
En el caso de las refinerías, sería imposible recuperar las que PDVSA tuvo en el exterior. Según explica Transparencia Venezuela, en manos del chavismo, la petrolera venezolana vendió (o perdió) decenas de sus activos en el exterior. La infraestructura de refinación petrolera en el exterior fue uno de los activos más importantes de Venezuela y en 2020 desapareció casi totalmente. PDVSA fue por décadas la única empresa petrolera latinoamericana con acceso a refinerías en todo el mundo que llegó a tener un importante circuito internacional con capacidad para refinar más de 3 millones de barriles diarios repartidos en el Caribe, América Latina, Estados Unidos y Europa.
Al lado de toda esa infraestructura petrolera y tecnológica habría que recuperar todo un país que ha deteriorado gran parte de su infraestructura.
Un ejemplo de ello es la urgencia de recuperar el sistema eléctrico que, según expertos, podría requerir inversiones por 40 mil millones de dólares y que sería indispensable para poder operar en la reconstrucción petrolera.
Sin instituciones no hay inversión
La política interna es otro aspecto que juega un rol fundamental para la reconstrucción de la industria. La historia de las expropiaciones y acuerdos no cumplidos con las empresas internacionales que seguían en Venezuela en estos 27 años mantiene en veremos a los grandes inversionistas. El restablecimiento de nuevas instituciones democráticas y un gobierno legítimo surgido en elecciones libres es quizás un punto clave para un futuro cercano y los planes no solo de Donald Trump. Este punto tiene una traba e incertidumbre por el grupo del chavismo que se encuentra temporalmente en el poder en Venezuela. Los hermanos Rodríguez han formado parte fundamental de lo ocurrido en el país en 27 años y son con quienes Trump ha firmado ese acuerdo. En los dilemas que enfrentan las dos partes del acuerdo hay un país que mantiene un rechazo de casi el 90% a las autoridades actuales y aspira a una transición hacia la democracia.
Las claves del acuerdo
El objetivo de llevar grandes inversionistas para manejar las reservas petroleras venezolanas encontró resistencia por las propias empresas norteamericanas debido al “riesgo país” que ha caracterizado a Venezuela con el chavismo en el poder. Un punto que no se resolvió con la extracción de Nicolás Maduro.
El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, lo que representa un poco más del 20 por ciento de las reservas totales de Venezuela, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, que son las mayores del mundo. Las reservas con las que cuenta EE. UU. son de 46.000 millones de barriles. Algunos especialistas han estimado las reservas venezolanas en un número muy superior al de 300 mil millones de barriles.
Para asegurar el visto bueno de las empresas privadas Trump incluyó en el acuerdo la participación de EE. UU. De manera que el Departamento de Defensa (Oficina de Capital Estratégico) recibe una participación accionaria del 35% en la matriz de la empresa asignada North American Blue Energy Partners (NABEP). Con ello el Departamento de Estado tiene derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo, para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo y derecho preferente sobre el 80% restante. El acuerdo se rige por ley estadounidense.
Por esa razón apareció en el acuerdo la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía privada controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Esta empresa es la que recibe concesiones por 100 años o un acuerdo de 25 años para operar esos campos indicados.
El acuerdo se formalizó a inicios de septiembre de 2026 en Caracas con la presencia del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, tras la aprobación por la Asamblea Nacional de Venezuela.
La conexión Betancourt
La sorpresiva aparición del empresario venezolano Alejandro Betancourt como una de las principales figuras en este acuerdo dejó desconcertados a los venezolanos ya que su nombre era sumamente conocido. Un personaje bautizado como “bolichico”, un calificativo utilizado por los medios y las redes para identificar a toda una generación de jóvenes empresarios que se aliaron con el chavismo para poner a operar grandes negocios controlados por el gobierno revolucionario.
Betancourt recibió de manos de la revolución contratos energéticos a través de su empresa Derwick Associates, a la que se le atribuye gran parte del desastre energético al que fue llevado el país. Un salto a los grandes negocios que se produjo a comienzos de 2010, cuando recibieron contratos para construir centrales eléctricas en medio de la emergencia energética que atravesaba Venezuela.
La compañía obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos 5 mil millones de dólares. Transparencia Venezuela llegó a estimar entonces posibles sobreprecios en esa operación de alrededor de 2.900 millones de dólares.
Betancourt ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción en varios países, entre ellos EE. UU., España y Suiza, acusaciones que él niega. A pesar de ello, se ha convertido en un intermediario clave en el sector petrolero venezolano.
Alejandro Betancourt no llegó a ocupar un papel central en el acuerdo entre Donald Trump y Delcy Rodríguez por casualidad ni por su cercanía con el gobierno venezolano.
La empresa NABEP, dirigida por Betancourt, tuvo como socio hasta agosto de 2026 a Harry Sargeant III, uno de los arquitectos de este acuerdo y mano derecha y hombre de confianza de Donald Trump.
Para poder hacer realidad la participación de esa empresa fue necesario que Betancourt comprase la participación de Sargeant III en esa empresa por 300 millones de dólares para evitar problemas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya venía investigando sospechosas actividades que realizaban las empresas de Sargeant en Estados Unidos.
De manera que Betancourt llega a este acuerdo de manos de este personaje Harry Sargeant III, cuya larga historia lo relaciona igualmente con grandes negocios en Venezuela junto a Betancourt en el área petrolera.
Harry Sargeant III, el hombre de Trump
Harry Sargeant III es un multimillonario estadounidense de Florida, magnate de la energía, el petróleo, el asfalto y el transporte marítimo. De formación militar, sirvió como oficial y piloto de combate en el Cuerpo de Marines de EE. UU. Alcanzó el rango de mayor y se formó en la escuela Top Gun. Después de 11 años de servicio activo, pasó a la aviación comercial y luego a los negocios familiares.
Actualmente dirige un conglomerado de refinerías, trading de petróleo, combustibles alternativos, aviación y transporte de asfalto. Su familia controla una de las mayores flotas de tanqueros de asfalto del mundo. Es propietario de International Oil Trading Company (IOTC), que suministró combustible de aviación a las tropas estadounidenses en Irak.
Su vínculo con Venezuela se registra desde la década de 1980, principalmente comprando y exportando asfalto e invirtiendo en producción petrolera. Como señalamos, fue socio minoritario de North American Blue Energy Partners (NABEP) junto a Betancourt hasta que le vendió sus acciones. Su actividad era muy conocida por el entonces presidente Nicolás Maduro.
Sargeant milita en el Partido Republicano y fue presidente de finanzas del partido en Florida. Ha sido un donante importante de candidatos republicanos. Su esposa donó 285.000 dólares al Trump Victory Fund. Además de donante, ha sido un hombre muy cercano a Donald Trump con quien suele jugar golf.
Tras estas operaciones ha sido investigado en auditorías del Pentágono por sobrecostos en Irak, litigios familiares y asociaciones con figuras como Lev Parnas (empresario de origen ruso) en el contexto del impeachment de Trump.
En Venezuela en 2025 y 2026 actuó como intermediario informal y asesor no oficial entre Washington y Caracas. Facilitó reuniones entre el enviado especial Richard Grenell y Maduro y asesoró a Trump sobre cómo reincorporar empresas petroleras estadounidenses a Venezuela, inversión en infraestructura y contratos. Se reunió con funcionarios como el secretario de Energía Chris Wright. Distintas fuentes periodísticas lo señalaron como “un canal trasero clave”, por lo que Trump se vio obligado a aclarar que no era un representante oficial de su gobierno y en febrero de 2026 declaró que Sargeant no tenía autoridad para representar al país en asuntos venezolanos.
La urgencia de las urnas
Las reservas petroleras venezolanas tienen también para Trump un objetivo interno: sobrevivir a través del voto republicano en las próximas elecciones de la Cámara de Representantes previstas para el 3 de noviembre, en las que se renovarán 435 escaños de la Cámara de Representantes y gobernaciones de 36 estados. Los sondeos indican que los votos están favoreciendo a los demócratas e independientes, con lo cual el Partido Republicano perdería el control del Congreso. Las políticas de Trump contra la inmigración “ilegal” han afectado el apoyo a Trump, especialmente el de los latinos. Sondeos indican que el 69% de esa población desaprueba sus políticas. La oferta del petróleo venezolano para aumentar reservas y bajar el precio del combustible ha sido un mensaje reiterado en su campaña al lado de ofertas muy cuestionadas como las de prometer 5 mil dólares a cada adulto si los republicanos ganan las elecciones.
Los tiempos para Donald Trump estarían contados y los resultados de sus ofertas para sus seguidores son necesarios de inmediato. En noviembre de 2028 vendrán las presidenciales en las que Trump ha dicho: “Me encantaría” sobre la posibilidad de un tercer mandato.
Un sueño que, para hacerse realidad, requiere que los acuerdos con el equipo de la encargada interina de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrezcan resultados inmediatos.
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