Un mes después de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, las réplicas continúan. También la búsqueda de desaparecidos, las inspecciones de edificios, la vida en campamentos transitorios y las preguntas sobre la capacidad del Estado para responder a la mayor tragedia natural que ha vivido el país en décadas.
Al caer la tarde del 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia y ondas superpuestas. Según el balance oficial presentado por Delcy Rodríguez el 2 de julio, los casi tres minutos de sacudones colapsaron 189 edificaciones del país, de las cuales alrededor de 180 se desplomaron por completo en el estado La Guaira, a 30 kilómetros de Caracas.
El 20 % de los daños en este estado afectó a la infraestructura pública y a los bloques multifamiliares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Naciones Unidas estima 1,2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira.
Lo que no se ve explica la magnitud del doble terremoto: la superficie terrestre del norte de Venezuela se desplazó de manera horizontal hasta 60 centímetros, según reportó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA). El fondo de Chichiriviche de la Costa, a diez metros de profundidad, se desprendió y ahora es una fosa cuyo límite inferior no se ha podido determinar.
Más allá del estado La Guaira, hay daños en Caracas y en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, epicentro de los terremotos, y Falcón.
Inmediatamente después de los dos terremotos, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó 10.000 fallecidos. El balance oficial del 19 de julio presentado por Jorge Rodríguez, jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, confirmó 5.208 fallecidos, cifra que aumenta en cada balance semanal.
Un mes después, siguen las réplicas. Los datos recopilados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportan más de 1.300 desde el 24 de junio. Nadie se acostumbra. Siguen los sustos.
Otros pueblos salvan al pueblo
Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional y anunció el despliegue de las fuerzas de seguridad pública, bomberos y Protección Civil la misma noche del 24 de junio. Sin embargo, las labores de rescate con equipos especializados no comenzaron hasta el día siguiente, con la llegada de los primeros rescatistas internacionales.
Jakarin Gavidia, laguaireña y habitante del sector Marapa-El Piache, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la zona cero de Catia La Mar, recuerda, como tantos otros laguaireños, la ausencia de las autoridades y de expertos venezolanos durante las primeras horas. En entrevista para COOLT, contó:
«Cuando escuché que el edificio de mi mamá, el Bloque 3 de la Avenida Páez de Catia La Mar, se derrumbó, me quise ir corriendo para allá, pero todo estaba oscuro, no había electricidad ni transporte, no era posible moverse de donde uno estaba, no tenía manera de ver las noticias porque no había internet ni señal. Entonces esperé a que amaneciera. Salí y no había ni un policía ni un militar poniendo control ni un bombero apagando las estructuras que todavía se estaban quemando. Yo esperaba encontrar militarizado todo esto como en la tragedia de Vargas, que fue el 15 de diciembre de 1999, y el 16 ya estaba el Ejército. Esta vez no vi nada, éramos nosotros mismos en las calles».
Las actuaciones de los organismos de seguridad siguen quedando registradas en redes sociales. Hay denuncias de militares y policías por robos de dólares en efectivo, electrodomésticos y otros artículos recuperados entre los escombros, así como por el hostigamiento a periodistas nacionales e internacionales, rescatistas, voluntarios y vecinos. El propio Diosdado Cabello, coordinador de Seguridad y Rescate del Estado Mayor para la Contingencia en su condición de vicepresidente sectorial de Política, Seguridad y Paz, prohibió el acceso de un rescatista estadounidense a una zona en ruinas. Otros funcionarios han hecho lo mismo, incluso con sobrevivientes que buscaban a sus familiares.
Más de 3.000 rescatistas y 140 binomios caninos procedentes de 30 países rescataron a 6.462 personas. Entre las operaciones más recordadas figura la de Hernán Gil, vigilante del centro comercial Galerías Playa Grande de Catia La Mar, que permaneció ocho días sepultado y fue rescatado tras 114 horas continuas de trabajo conjunto entre equipos de Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Chile, México, Portugal y Estados Unidos.
No menos héroes fueron venezolanos como Wilmer Cruz, conocido como El Topo de La Guaira, que rescató con sus propias manos a vecinos del sector Caribe de Caraballeda; el niño Sebastián Corro, Topito, que en ese mismo sector salvó a un perro y un gato; y tantos otros ciudadanos que se organizaron para ayudar, como ocurrió en Tucacas, en el estado Falcón, a 480 kilómetros de La Guaira.
Jhonattam Petit, periodista en Punto Fijo, contó a COOLT cómo fue la cobertura del derrumbe del edificio La Mar Suites de Tucacas:
«En ese lugar hubo 12 fallecidos y no hubo ningún despliegue de rescatistas internacionales. Las cuatro maquinarias que se usaron fueron de empresas privadas que llegaron el día 3. Las brigadas de Protección Civil fueron de los estados Yaracuy, Lara y Carabobo, no de Falcón, e hicieron lo que pudieron, porque las labores de rescate estaban controladas por el gobernador Víctor Clark y no por especialistas en labores de rescate. Aquí todas las ayudas han sido de la sociedad civil que se organizó».
Las ayudas nacionales e internacionales no solo expusieron las limitaciones de los equipos de rescate venezolanos durante las horas críticas. También evidenciaron las dificultades del régimen de Delcy Rodríguez para atender una emergencia de esta magnitud, incluso en los servicios esenciales. El doble terremoto golpeó, además, a un país que arrastra una década de crisis humanitaria compleja y una deuda pública de hasta 170.000 millones de dólares.
Aunque en Marapa-El Piache ya se restituyeron el servicio eléctrico y el de internet, siguen faltando agua, vías de acceso y mucho más.
Jakarin lo resume así: «He escuchado que dicen: "Sálganse de allí, ya no hay nada que hacer", "Eso lo van a remover y eso vuelve a la tierra"… ¿Cómo le dicen eso a la gente que no sabe dónde está su familia y no le ha dado sepultura decente?... Cualquiera de cualquier comunidad tenemos a alguien que falleció o que perdió su casa. Hace falta mucha empatía. Esto no es recoger escombros y ya».
Más inspecciones, más riesgos
En Caracas, separada de La Guaira por el cerro Ávila, siguen reportándose riesgos de colapso de edificaciones, agrietamientos severos, desprendimientos de fachadas, caídas de balcones y muros perimetrales, así como daños en ascensores y tanques de agua elevados.
El 24 de junio, en el municipio Chacao, al este de Caracas, colapsaron tres edificios residenciales y uno comercial. Al día siguiente, las autoridades municipales iniciaron el triaje estructural, una evaluación que después se replicó en otros estados.
Según la clasificación por semáforos del triaje, al cierre de esta nota poco más de 860 edificaciones del municipio tienen criterio verde (habitable) y 46, criterio rojo (inhabitable), por lo que continúan en una segunda fase de inspección.
Al oeste de Caracas, en la urbanización San Bernardino del municipio Libertador, colapsaron dos edificios residenciales y, al igual que en Chacao, continúan las labores de remoción de escombros. Sin embargo, todavía se desconoce la cifra oficial de edificaciones que permanecen en riesgo de colapso.
Gabriela Buada, defensora de derechos humanos y directora general de la organización Caleidoscopio Humano, dedicada al monitoreo de violaciones de derechos humanos en Venezuela, explicó en entrevista para COOLT que, tras casi cuatro semanas de emergencia, el municipio Libertador sigue sin contar con un sitio oficial donde se centralicen los datos ni con una autoridad que emita balances municipales.
«A diferencia de Chacao, la información de Libertador está regada. Nos enteramos por entrevistas y por cuentas de redes sociales como la de Jorge Rodríguez, pero la información es muy escueta. Urge que las autoridades den las cifras de todo: de las muertes, de los desaparecidos, de los edificios realmente colapsados y los que están en riesgo, de cuántos sobrevivientes están en refugios, cuántos refugios hay, cuántos necesitan vivienda. Sin esto, se dificulta mucho saber el impacto real que tuvieron los terremotos en este municipio, que es el más grande y poblado de Caracas».
La emergencia también ha dejado una profunda huella sobre el patrimonio. Al menos 25 iglesias de Caracas presentan riesgo de colapso, entre ellas la Basílica de Santa Teresa, santuario oficial del Nazareno de San Pablo. Otras, como la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan los restos de san José Gregorio Hernández, han sufrido desprendimientos en sus fachadas. La Torre del Reloj del Palacio de las Academias colapsó por completo.
El 20 de julio, Héctor Rodríguez, vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial, informó de que 23.587 personas permanecen distribuidas en 107 campamentos transitorios. De ellas, 12.447 se encuentran en La Guaira, repartidas entre los 28 campamentos instalados en ese estado.
Estos refugios siguen las directrices del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y los lineamientos del plan Venezuela Renace, lanzado a mediados de julio para la rehabilitación de las edificaciones.
La realidad, sin embargo, dista de ser homogénea. El periodista Jhonattam Petit advirtió a COOLT que en la comunidad falconiana de Boca de Aroa solo hay unas 30 carpas donadas por una organización estadounidense y una casa abandonada donde fueron reubicadas varias familias.
«Eso es todo lo que hay de refugio. Es insuficiente. Y en Tucacas todavía faltan las inspecciones especializadas de las edificaciones, así como un plan para restituir no solo la infraestructura física, sino también la actividad turística, ahora que comienza la temporada vacacional».
La ayuda humanitaria
En el tercer boletín de respuesta ante la emergencia, Cáritas Venezuela informó de la distribución de 14.700 toneladas de ayuda a través de su red independiente de asistencia parroquial. En entrevista con el periodista Román Lozinski, la asesora de respuesta humanitaria Susana Rafalli resumió cuál será el mayor reto de los próximos meses:
«Identificar quién necesita qué. En el humanitarismo, lo que está pasando en La Guaira no es frecuente. No necesariamente las personas más afectadas son las más necesitadas, las más vulnerables. El más vulnerable no es al que se le cayó el apartamento lujoso, sino el que no puede reponerse por sí mismo. Por ejemplo, las diez mil personas que se quedaron sin empleo por el cierre de los casinos».
Aunque la gestión de Cáritas Venezuela ha sido una de las más eficaces, muchos donantes siguen mostrando reticencias por el control que el régimen ejerce sobre la distribución de otras ayudas.
«Tenemos que ser totalmente claros en que no hay confianza hacia los actores del gobierno. Pero tampoco hay mayor información de gestión por parte de muchos organismos internacionales ni de organizaciones locales que están recibiendo o gestionando esas ayudas», afirma la defensora Gabriela Buada.
Según el balance presentado por Jorge Rodríguez el 1 de julio, la ayuda humanitaria internacional ya superaba las 705.000 toneladas. En el informe del 19 de julio mencionó la distribución de casi 11.000 toneladas de alimentos. Sin embargo, siguen sin conocerse muchos detalles y en las redes sociales continúan multiplicándose las quejas de afectados que denuncian haber recibido ayudas incompletas.
Hasta ahora, los hospitales de campaña instalados por países como El Salvador, Reino Unido, España y Japón figuran entre las iniciativas más valoradas por la población afectada.
«La recepción de ayudas y la reconstrucción del país no pueden desvincularse de la defensa de los derechos humanos. Sabemos que, en un país como el nuestro, con tantos problemas estructurales, tanta opacidad y violaciones a tantos derechos, este escenario se puede perpetuar con mayor profundidad. Hay que seguir atentos», advierte Buada.
Atentos, sobre todo, a las donaciones económicas y a los fondos del Estado venezolano que se destinen a la atención de esta tragedia. Un mes después, la emergencia ya no ocupa titulares cada día, pero las réplicas continúan. También el difícil camino hacia una nueva normalidad en un año que no ha dado tregua.
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