Había terminado de preparar la entrevista con Franco Gamboa para este explainer cuando abrí Facebook y vi que varios medios bolivianos comenzaban a informar del asesinato de Víctor Hugo Claure, magistrado del Tribunal Agroambiental, quien había ganado su puesto en las elecciones judiciales de 2024. Según se observa en una cámara de seguridad de la zona, una motocicleta con dos ocupantes lo emboscó; uno de ellos descendió y realizó cuatro disparos. Todo ocurrió en menos de un minuto.
En los últimos años, el incremento de los casos de sicariato en Bolivia ha puesto en alerta a la región. Tras los sucesos ocurridos en Ecuador en 2023 y las secuelas de la violencia criminal, el país mediterráneo parece encaminado a registrar cada vez más muertes por arma de fuego.
Conteos realizados por equipos periodísticos registraron al menos 26 casos de sicariato o ajustes de cuentas durante el año pasado, aunque los expertos sostienen que fueron más. Entre los más representativos figuran los de Mauricio Aramayo, colaborador del actual presidente Rodrigo Paz, y el del capitán de la Policía Boliviana José Carlos Aldunate, quien, según varios medios, trabajaba directamente con el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
Los casos se concentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, en los pasos fronterizos con Brasil, donde operan grupos criminales extranjeros, así como en el Trópico de Cochabamba, conocido por el cultivo extensivo de coca y por las operaciones policiales de destrucción de laboratorios de cocaína.
¿Por qué están incrementando estos casos? ¿Por qué se asesina cada vez más a figuras importantes? ¿Qué rol juegan las instituciones bolivianas? Estas son algunas claves para entenderlo.
Disputas entre grupos criminales
Bolivia es un punto estratégico para el narcotráfico por ser un productor histórico de coca y, desde los años ochenta, de cocaína. Además, es un país de tránsito para la producción que proviene de Perú y que luego es transportada principalmente a Brasil, aunque también a puertos de otros países como Uruguay, Paraguay y Argentina.
Estas características y las rutas clave hacia otros países hacen que Bolivia resulte atractiva para bandas criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), ambos provenientes de Brasil, que han visto en el país un lugar estratégico para instalar sus bases de operaciones.
Según Gabriela Reyes, experta en seguridad regional y exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD): “Bolivia ocupa una posición bastante estratégica para el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Por un lado, somos productores de hoja de coca, que es la materia prima, y, por otro, tenemos fronteras muy grandes, sobre todo con Brasil, que cuenta con los segundos puertos que más cocaína exportan a Europa, después de los de Ecuador”.
En esta especie de hub logístico, el papel de los bolivianos consiste en vender servicios: alquilar avionetas utilizadas para transportar droga, ofrecer documentación falsa y brindar protección a estos grupos criminales para que puedan moverse dentro y fuera del país.
Al ser un estado fronterizo, el departamento de Santa Cruz concentra muchas de estas actividades ilícitas. Esta es una de las razones por las que, según el OBSCD, esta región registraba casi la mitad de los delitos contra la vida hasta septiembre de 2025.
Sus provincias fronterizas con Brasil (Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch) concentran además la mayor cantidad de incidentes con armas de fuego del país.
Impunidad
En Bolivia el delito de sicariato no está tipificado, pero, según el OBSCD, los delitos contra la vida, que incluyen el asesinato y el homicidio, aumentaron más de un 70 por ciento entre 2024 y 2025.
De acuerdo con Franco Gamboa, especialista en gestión pública, política internacional y reformas del Estado, la impunidad frente a estos delitos es otro de los factores que explican el incremento de los casos de sicariato.
“Muchos narcotraficantes efectivamente pasan un tiempo entre las rejas, pero no cumplen su condena. Son capaces de salir, y quienes les dan esa salida son los mismos jueces”, menciona Gamboa. “Santa Cruz es el núcleo de juzgados y jueces involucrados con el narcotráfico”.
Entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026, un período inferior a una semana, seis personas fueron asesinadas por sicarios. Cinco de ellas en el departamento de Santa Cruz.
“Hay niveles de impunidad muy altos y, por lo tanto, eso envía un mensaje al crimen organizado, principalmente a las cabezas de organizaciones grandes como el Comando Vermelho o el PCC, de que venir a operar aquí en Bolivia tiene sus beneficios”, advierte Reyes, quien además afirma que el país tiene una justicia en crisis, ya que ni un solo caso de sicariato ha sido resuelto desde 2019.
En su mayoría, los crímenes de sicariato son perpetrados y sufridos por miembros de estos grupos criminales o de sus cadenas de suministro, cuando pugnan por rutas o se vengan por los llamados "volteos de droga", es decir, el robo de mercancía o de ganancias provenientes del narcotráfico.
Sin embargo, al no resolverse y parecer que se pagan con poco tiempo en la cárcel, estos crímenes están comenzando a crecer y a tener objetivos cada vez más grandes.
Esto se hizo evidente cuando comenzaron a ser asesinados miembros de la Policía Boliviana, como el capitán José Carlos Aldunate, colaborador del Viceministerio de Régimen Interior, quien fue acribillado cuando regresaba de dejar a su hija en el colegio. También con el asesinato del juez Wilber Cruz Arancibia, en Cochabamba, cuando volvía de una actividad escolar junto a su hijo.
Ahora los sicariatos comienzan a desbordar la pugna entre bandas y comienzan a "salpicar" a otras áreas grises de la economía criminal, como el contrabando o el tráfico de tierras.
Fue el caso de Mauricio Aramayo, quien, según las autoridades, fue asesinado por orden del contrabandista Mijail Rodríguez tras negarse a aceptar un soborno que le habría permitido facilitar el paso de trigo y maíz de contrabando por la frontera sur, cuando Aramayo era responsable regional del SENASAG.
En el reciente caso de Víctor Hugo Claure, magistrado del Tribunal Supremo Agroambiental, el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, afirmó que el crimen podría estar relacionado con un conflicto por tierras, aunque no descartó otros móviles.
Instituciones corruptas
Bolivia es uno de los países más corruptos del mundo. En 2025 fue catalogado como el tercer país más corrupto de Sudamérica y ocupó el puesto 136 de 188 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Esta corrupción se materializa cuando sicarios y narcotraficantes pueden acceder a documentación falsa e ingresar o salir del país con facilidad. Es el caso de Sebastián Marset, peligroso narcotraficante uruguayo que residía en Santa Cruz y que, al momento de su captura, contaba con diez cédulas de identidad. Algunas de ellas habían sido obtenidas en 2023 gracias a un certificado de nacimiento falso.
“Si no hubiera corrupción generalizada, no habría esta facilidad en el acceso a documentos fraguados o falsificados, en el acceso a armas y en la facilitación para que distintos narcotraficantes, peces gordos o peces pequeños, puedan entrar y salir de la cárcel”, afirma Gamboa.
Esto es fundamental, considerando que, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los sicarios que actúan en Bolivia son extranjeros.
“Le sale (al jefe de una banda criminal) más fácil traerse a gente, porque ya hemos visto que no hay control migratorio, ya hemos visto que los aviones vuelan como quieran. Le sale más fácil traer a gente que va a ser certera en el trabajo que tener que estar preparando a gente nueva, que tal vez tiene vínculos con otras personas porque son nacionales”, concluye Reyes.
A esto hay que sumar que miembros de unidades de la Policía Boliviana, diseñadas para combatir el crimen organizado, también enfrentan serias acusaciones de colaborar con redes criminales.
El 29 de julio de 2023, un operativo para atrapar a Sebastián Marset falló porque, según se denunció después, alguien de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico (FELCN) llamó al narcotraficante uruguayo para alertarlo. Esto dio lugar a una investigación que involucró a cuatro miembros de la policía, incluido el director nacional de Inteligencia y el subdirector regional de la FELCN en Santa Cruz.
Apertura de nuevos mercados de cocaína
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de las Naciones Unidas, el tráfico global de cocaína alcanzó niveles récord durante los últimos años, convirtiéndose en la droga con mayor crecimiento de mercado. Su producción aumentó un 34 por ciento con relación a 2022 y se registraron 2.275 incautaciones, un 68 por ciento más que entre 2018 y 2023..
Esto, sumado a que mercados históricos de cocaína como el estadounidense, si bien mantienen la demanda y el consumo, están saturados, hace que los precios bajen y que los traficantes diversifiquen rutas y busquen abrir nuevos mercados.
Algunos ejemplos son Brasil y África, dónde los tráficantes han encontrado nuevos modos de llevar la sustancia al viejo contiente haciendo escalas, incrementando sus probabilidades de éxito.
“Al igual que Bolivia, los países africanos tienen debilidades institucionales y justicias corruptas; es decir, son países muy fáciles de corromper”, menciona Reyes. “Por lo tanto, se dan rutas que salen de Brasil o de Uruguay en barco, pero, en vez de irse hasta Europa, se van directamente a África y la droga se mueve con mayor facilidad por tierra”.
En el caso de Asia, de acuerdo con un informe de Insight Crime, en junio de 2025 la policía china desmanteló un canal marítimo de narcotráfico y Corea del Sur incautó un cargamento récord de 2,6 toneladas de cocaína. Ese mismo año, Australia incautó 7,8 toneladas, un 40 por ciento más que en 2024.
“En el caso asiático ha habido un incremento en la demanda por una cuestión de precio. Es decir, como está mucho más lejos y cuesta más, ha sido más atractivo para las organizaciones criminales intentar llegar hasta allí, porque van a tener un mayor rédito económico”, explica Reyes.
El 23 de septiembre de 2025, en una agencia de correos de La Paz, la Policía Boliviana halló un cargamento de droga camuflado en percheros de madera provenientes de Santa Cruz que tenían como destino final Hong Kong.
Tipificación para el delito de sicariato
El 8 de mayo de 2026, días después del asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, autoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, en una reunión de emergencia, solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la tipificación del sicariato como delito en Bolivia.
“Pedimos la incorporación del sicariato como tipo penal, ya que no es simplemente una forma más de asesinato y conlleva elementos propios que tienen que ser identificados y visibilizados para sancionar a quienes participan en esta acción”, señaló entonces la magistrada Patricia Torrico Ortega.
La importancia de tipificar el delito de sicariato en Bolivia radica en que permitirá combatir a toda la estructura criminal, ya que el asesinato suele ser un acto individual, pero el sicariato es una herramienta de gobernanza criminal que, de acuerdo con autores como Benjamin Lessing, permite a los grupos criminales imponer un orden social y controlar territorios a través de la violencia.
Según Fernando Carrión, en la investigación El sicariato: ¿Un homicidio calificado?, el sicariato es una forma de “contrapoder” que imita y sobrepasa al sistema penal, que es el único que debería administrar la fuerza y el castigo dentro de un país, creando una justicia paralela, informal y fragmentada.
Tipificar este delito permitiría condenar no solo al que dispara, sino también a los intermediarios y a los cabecillas que financian y ordenan el ataque. Además, permitiría implementar agravantes y aplicar penas específicas si se utilizan menores de edad para ejecutar el crimen o si este se comete en lugares públicos para causar temor en la población.
“En algún momento vamos a tener que reflexionar sobre el sicariato e incorporar una figura penal en nuestro código, en nuestro sistema penal, para enfrentar de manera más eficaz el problema de la impunidad”, concluye Gamboa.
