Plácido Cota huía del gas lacrimógeno en Villa El Carmen, La Paz, cuando un pedazo de dinamita que intentó lanzar sacudió su ropa y lo tendió en el suelo. Comenzó a pedir ayuda con la poca voz que le quedaba mientras un halo de sangre empezaba a formarse alrededor. En un par de horas, la prensa publicó fotografías de él sobre el pavimento, en el que estuvo por más de media hora antes de recibir asistencia. Era la segunda semana consecutiva de enfrentamientos entre el ala orgánica de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) y el ala apoyada por el Gobierno boliviano.
A los 11 días, después de una amputación y varias cirugías que le salvaron la vida, Cota dijo con voz aspirada y rodeado de máquinas: “Queridas personas buenas, sobre todo a mi familia, a mi pueblo, a Adepcoca, yo he hablado con Dios y Dios dice que todos somos familia”. Esa frase parecería de manual, pero tiene mucho sentido si se tiene presente que la lucha en Yungas, la región que concentra gran parte del cultivo de coca de Bolivia, es entre amigos, excompañeros y familiares. Personas que conviven todos los días dentro de sus comunidades.
Un Yungas que fue una estructura compacta hasta el 8 de marzo de 2017, cuando el Gobierno de Evo Morales promulgó la nueva Ley General de la Coca, que fracturó el tejido social entre los que seguirían siendo fieles al oficialista Movimiento al Socialismo y los que pondrían a Yungas como su prioridad.
Desde entonces, la palabra “paralelo” ha estado serpenteando entre las comunidades casi a diario. Hay eventos paralelos, hay dirigencias paralelas, y ahora, un mercado de coca paralelo al estipulado hace cinco años por la ley. Son estos dos mercados y estas dos versiones de Yungas las que se enfrentaron violentamente en las calles de La Paz el pasado agosto, y a las que Cota se refirió ante las cámaras desde su cama de hospital; dos versiones de la histórica zona cocalera que se asfixian entre sí.
La ‘buena’ y la ‘mala’ coca
La hoja de coca forma parte de la cultura ancestral de los indígenas originarios en Bolivia y otros países sudamericanos, quienes mediante el akhullicu o el masticado obtienen su savia como un estimulante para el trabajo, además de otros fines ceremoniales y/o religiosos estrechamente relacionados a las culturas andinas. Actualmente, su consumo también se ha ampliado entre la población boliviana no indígena.
Su uso se remonta a la época precolombina, y desde entonces han existido numerosos esfuerzos para erradicar su cultivo y consumo, pero la coca siempre ha logrado sobrevivir.
En 1925, durante la Segunda Convención sobre el Opio en Ginebra, surgieron los primeros intentos de controlar y erradicar la hoja de coca bajo el argumento de que su producción influía directamente en la fabricación de cocaína, que comenzaba a ser señalada como perjudicial para la salud por varios estudios científicos.
Fueron los hacendados organizados en la Sociedad de Propietarios de Yungas e Inquisivi quienes, con el apoyo del Gobierno boliviano, pelearon contra la prohibición que buscaba imponer la Liga de las Naciones, que en 1923 ya había catalogado a la hoja de coca como “estupefaciente” y presionaba a Bolivia y Perú para promulgar leyes contra su cultivo. Pese a la presión internacional, el 20 de enero de 1932 el Estado boliviano promulgó la primera ley de regulación de la coca, en la que se negaba a restringir su cultivo y comercialización.
Aquella fue la primera victoria de Yungas como zona productora tradicional. Sin embargo, a finales de la década de 1980, tras una serie de Gobiernos militares relacionados con el narcotráfico y fruto de la presión de la ONU, se promulgó la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), que criminalizaba los cultivos excedentarios de coca no destinada al akhullicu.
Entonces ya existían dos grandes zonas productoras, Yungas y el trópico de Cochabamba. La más perjudicada por la nueva legislación fue la segunda, que tuvo el boom del cultivo de coca en la década de los años setenta y ochenta en correlación con la demanda externa para la fabricación de cocaína. El trópico cochabambino concentraba la mayoría de áreas señaladas como ilícitas y sujetas a erradicación, mientras que en los Yungas solo tres provincias fueron señaladas como irregulares.
Pronto, la erradicación violenta de cultivos en el trópico dio como resultado una animadversión voraz contra el Estado boliviano y las fuerzas de seguridad, quienes frecuentemente arrestaban a líderes cocaleros, uno de ellos Evo Morales, quien fue un importante líder sindical y nodo de resistencia en el trópico de Cochabamba. Después de las masacres llevadas a cabo por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el denominado “octubre negro”, Morales ganaría popularidad. En 2005, se convertía en el primer presidente indígena de Bolivia.
El origen: la Ley General de Coca
En su camino al poder, Morales construyó una buena relación con los dos polos de cultivo de coca del país, de quienes recibió apoyo electoral y social. No obstante, la Ley General de la Coca marcó un antes y un después en las relaciones interpersonales de los pobladores de Yungas, y la relación de estos con el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Antes de su promulgación, distintas organizaciones cocaleras de Yungas brindaban muestras públicas de apoyo al MAS, entre las más importantes la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay). Estas respaldaron la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, así como la firma del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca en 2008, que establecía las distintas zonas de cultivo de Yungas a modo de preparación para la nueva ley general que se auguraba.
A principios de 2017, los productores de Yungas fueron hasta La Paz para presentar su propio anteproyecto de ley de la coca, pero para su sorpresa tuvieron noticia de que la Cámara de Diputados, dominada por el MAS, ya estaba tratando otro anteproyecto desarrollado por los productores del trópico de Cochabamba. Esta propuesta legislativa no cumplía con las expectativas de los productores de Yungas, que además consideraban que el gran beneficiado era el trópico, su principal competencia y lugar de origen de la carrera política de Evo Morales.
“Había puntos de divergencia que justamente nacen en cómo concibe cada sector la coca en sí. El trópico plantea a la coca como un símbolo de lucha, en cambio Yungas concibe a la hoja de coca con una herencia histórico-cultural”, explica Patricia Chulver, directora de la Fundación Acción Semilla.
Pese a que el Gobierno de Morales dio a entender a los medios de comunicación que el anteproyecto había sido consensuado con los productores de Yungas, estos rápidamente lo desmintieron e iniciaron protestas en la ciudad de La Paz para lograr su modificación.
“Los yungueños también se consideraban seguidores del MAS y pensaban que pronto se daría curso a sus demandas”, relata Alison Spedding, investigadora y líder sindical de Yungas. Sin embargo, las manifestaciones fueron ferozmente reprimidas por la policía: hubo decenas de heridos y alrededor de 60 cocaleros arrestados. Los detenidos fueron usados por el Gobierno para presionar a los dirigentes de Adepcoca y Cofecay a firmar el cese de las movilizaciones. Aun así, se acordó que las 13.000 hectáreas que estaban autorizadas para el departamento de La Paz (Yungas) aumentarían a 14.300, mientras que el área concedida para Cochabamba pasaría de 7.000 a 7.700 hectáreas.
Aquella represión de una violencia que recordaba al periodo neoliberal fue el inicio del quiebre entre Yungas y el Gobierno. La nueva Ley General de la Coca (Ley 906) se promulgó menos de un mes después.
La polarización social y política
Las familias aún son la unidad social básica en Yungas. Estas se encuentran cohesionadas y articuladas en subcentrales, centrales y regionales que aglutinan a los cocaleros, y que en ocasiones tienen más poder de decisión que la misma Adepcoca.
Este entramado social-sindical estaba concatenado verticalmente con el MAS como máxima autoridad política, pero el conflicto por la Ley General de la Coca rompió aquel orden. La población buscó culpables en todas las instituciones y niveles, siendo las acusaciones más fuertes contra Adepcoca, por haber firmado la paz con el Gobierno; y Cofecay, por su respaldo a la nueva ley y su socialización posterior.
“El efecto es la división inter e intra-organizacional; los niveles organizativos se contraponen, se polarizan desde arriba hacia abajo y viceversa. Es decir, la confrontación hace carne en los niveles más altos así como en los más básicos de la jerarquía organizativa. Por ejemplo, en Huancané, la Central Campesina apoya a Cofecay, pero la regional Huancané respalda a Adepcoca, lo que tiende a dividir también a las bases mediante mutuas acusaciones de traición”, anota Sandra Ramos, investigadora de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Pública de El Alto.
En los seis meses posteriores a la promulgación de la Ley General de la Coca, una serie de acontecimientos ahondan en la división en los Yungas. Se fundan organizaciones antagónicas y se celebran asambleas paralelas. Ambos bandos se acusan mutuamente de traidores, de ser seguidores del MAS o de ser serviles a la derecha.
Esta crisis se acentúa cuando se crea en junio de 2017 la Confederación Nacional de Productores al Detalle de Coca (Conalprodc), organización paralela a Adepcoca promovida por el MAS.
Pese a todo, esta polarización aún no era tan profunda y muchos pobladores preferían no tomar una posición al respecto, hasta que ocurrió la toma del mercado.
La primera toma del mercado
El 10 de marzo de 2018, Adepcoca llamó a una nueva asamblea para rendir cuentas sobre el estado financiero de la organización. Sin embargo, en ella, el entonces líder de la asociación, Franclin Gutiérrez, puso sobre la mesa la ratificación de su presidencia. Hubo algunas voces de descontento, pero Gutiérrez fue ratificado en su puesto. Cuando el dirigente cocalero abandonó la asamblea, un comité ad hoc formado por representantes de localidades afines al MAS tomó el mando de la reunión y convocó nuevas elecciones en Adepcoca.
Dos días después, este comité tomó el mercado de coca de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, expulsando a los miembros de Adepcoca e iniciando un pleito que duraría 11 días. Tras la toma, Adepcoca llevó a cabo una asamblea de emergencia, donde la gran mayoría de los productores de Yungas decidió brindar su apoyo a Franclin Gutiérrez y su directorio. En la reunión también se convocó a una marcha hacia La Paz para el 19 de marzo.
Aquella marcha sería duramente reprimida por un contingente policial solicitado por Cofecay bajo el argumento de evitar actos violentos. En torno al mercado tomado por los afines al MAS hubo peleas brutales. La situación fue especialmente dramática porque una misma familia (padres, hijos, tíos, sobrinos...) podía estar repartida entre un bando y otro.
Finalmente, tras la mediación de los fundadores de Adepcoca, el 24 de marzo se produjo la devolución del mercado. Los cocaleros de Yungas levantaron a Gutiérrez en hombros y recorrieron las calles de La Paz extasiados por su victoria. Pero la disputa no había terminado.
El conflicto actual
El último enfrentamiento entre los productores de coca, en el que Plácido Cota casi pierde la vida, es un síntoma más de la progresiva descomposición social que comenzó en Yungas a partir de la aprobación de la Ley General de la Coca.
Adepcoca está dividida ahora en dos instituciones paralelas, después de que en 2019 su entonces presidente, Franclin Gutiérrez, fuera encarcelado por la muerte de un policía y los cocaleros afines al MAS echaran por tierra su legitimidad para seguir al frente de la organización y encumbraran a Elena Flores como su presidenta.
Hoy, la Adepcoca orgánica —dirigida por Freddy Machicado, en prisión por su presunta implicación en varios disturbios— opera en el mercado de Villa Fátima, mientras que la facción afín al MAS —presidida por Arnold Alanes— tiene su sede en las instalaciones de un antiguo colegio en Villa El Carmen.
Según el artículo n°24 de la Ley General de Coca, en Bolivia solo pueden existir dos mercados: el de Sacaba, en Cochabamba, y el mercado de Adepcoca en La Paz. Sin embargo, la norma es ambigua en cuanto a la ubicación exacta de los mismos y si se entiende al mercado como un espacio físico o el lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios.
Esta ambigüedad es señalada por algunos analistas como el meollo del conflicto actual, ya que no queda estipulado por ley que el mercado necesariamente debe estar en Villa Fátima.
Otros especialistas apuntan que una reelección del directorio de Adepcoca con la vigilancia de garantes como la Defensoría del Pueblo o el órgano electoral boliviano, mientras se permite temporalmente que coexistan ambos mercados en La Paz, lograría la reunificación de Yungas y extinguiría el conflicto.
Sin embargo, como menciona la investigadora Sandra Ramos, estas son soluciones temporales, ya que las pugnas por el control de un mercado cautivo como es el de la coca irán en aumento si no existe una solución estructural al problema del fondo: la necesidad económica del campesinado boliviano.
Según Ramos, en Yungas no existe la diversificación económica necesaria para abandonar el cultivo de coca, por lo que el campesinado se aferra a su comercialización: “Hay una economía campesina en nuestro país sumamente postergada y con un crecimiento demográfico importante que presiona sobre productos que tengan alguna oportunidad en el mercado”, comenta la experta.
Antes, los campesinos yungueños, además de dedicarse al cultivo de coca, también incursionaban en la producción de cítricos, bananos y café. Proyectos que abandonaron paulatinamente por la poca ganancia que generaban.
De perder el mercado en La Paz, ya sea entendido como el espacio físico de Villa Fátima o como el lugar teórico dentro del departamento, Yungas se enfrentaría a una situación económica de por sí ya complicada por los efectos de la pandemia y la crisis poselectoral de 2019.
De abrirse más mercados en el país, estos podrían ser copados por la coca producida en otras zonas que tienen muchísima más capacidad productiva, debido al menor desgaste de suelo y limitación topográfica.
“Por más que la ley cambie, esta presión (migratoria y poblacional) va a seguir creciendo si no ponemos alternativas económicas-productivas, pero que consideren al actor en su relación con el espacio. Que consideren sus expectativas, que consideren el crecimiento poblacional, la presión de la fuerza de trabajo”, explica Ramos.
No obstante, además de la cuestión económica, no hay que olvidar que Yungas también ha construido su identidad a raíz de su tradición histórica como zona tradicional de cultivo y la posición contrahegemónica que ha asumido contra el MAS desde la promulgación de la Ley N° 906. Así, el mercado de Villa Fátima es además un símbolo de esa lucha que Adepcoca no está dispuesta a perder.
Nota del Autor: este trabajo fue desarrollado en base al libro ‘Masucos y vandálicos’, de Alison Spedding; la investigación ‘Nueva ley de la coca: efectos sociopolíticos en productores de Yungas’, de Sandra Ramos; y las entrevistas que las autoras facilitaron a mi persona; además de registros hemerográficos. Agradecimientos especiales también a la investigadora Patricia Chulver.
