Ya he terminado la entrevista a la familia Apaza Guarani cuando Silvia me pide que vuelva a grabar, porque Ana Andrea, la menor, me quiere decir algo. Vuelvo a encender la grabadora y frente a mí se para una diminuta niña morena, con un gorro celeste y los brazos cruzados por la espalda. Nos sonreímos y le pregunto qué quería decirme.
Me cuenta sobre Mauricio. Me dice que era trabajador, que leía en su cuarto cuando volvía a casa por las tardes y que le hizo falta en su último cumpleaños, que quiere a su hermano de vuelta. Y entonces se larga a llorar; hago un esfuerzo para no hacerlo yo también. Pienso en mis hermanos, en lo insoportables que pueden llegar a ser, pero en la falta que me harían. Obviamente, si ellos murieran y lo hicieran de la forma en la que lo hizo Mauricio, sé que las cosas serían muy distintas. Nosotros, como muchos otros hombres urbanos y de clase media, no fuimos a prestar el servicio militar obligatorio anual.
Todos en Bolivia sabemos lo que pasa ahí.
Presente en otros países americanos como México, Colombia, Cuba, Colombia, Brasil y Paraguay, el servicio militar obligatorio (SMO) se inauguró en Bolivia mediante la aprobación de la Ley del Servicio militar de 1907, durante la primera presidencia de Ismael Montes Gamboa (1904-1909), que combatió en las guerras de Bolivia contra Chile y contra los brasileños en el Acre. Estas dos contiendas y pérdidas territoriales, además de ser parte inamovible de la poca autoestima boliviana, significaron la implementación de políticas para hacer un mayor y mejor ejército, mediante la contratación de misiones militares francesas y luego alemanas, y por supuesto, la implementación del SMO de todos los hombres a partir de los 19 años.
Además de significar un muro contenedor y preparatorio para futuras guerras —como la que enfrentó a Bolivia con Paraguay por el Chaco Boreal entre 1932 y 1935—, la tarea del SMO era la de civilizar a la masa indígena, que poco o nada sabía del concepto de patria o nación, y cuyos miembros no eran considerados ciudadanos plenos. Por entonces, algunos incluso seguían sometidos a prácticas feudales de pertenencia a las tierras de los hacendados para los que trabajaban, en un fenómeno conocido como “pongueaje”.
Es por eso que el SMO se instaló en las comunidades rurales como un ritual que debían atravesar los hombres para obtener una ciudadanía de la que no gozaban, al no poder participar de las elecciones, acceder a cargos públicos y no hablar castellano, ya que las lenguas predominantes en estas comunidades andinas eran el quechua y el aimara. Fue así que, como relata la antropóloga Marta Cabezas en el estudio Ciudadanía y estado. Servicio militar obligatorio en Bolivia, el SMO se consolidó como una forma de hacerse hombre y boliviano de ley. Mientras tanto, las mujeres rurales pasaban por una ritualización distinta, que aunque reducida, se sigue practicando: ir a prestar servicios domésticos a las ciudades.
Si bien, en la primera mitad del siglo XX la afluencia de hombres urbanos pertenecientes a la clase media-alta al SMO era mayor, tras la inauguración del servicio premilitar y la posibilidad de obtener la libreta de redención, actualmente los que mayormente asisten al SMO son los hombres pertenecientes a las clases populares o campesinas, que se someten a la violencia ahí ejercida para ser reconocidos como ciudadanos.
Como me explica Daniela Elías, investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU): “Había una necesidad de que estos sectores que habían sido históricamente marginados y que son aún objeto de discriminación y de racismo pasen por algunos filtros de occidentalización, de blanqueamiento, de castellanización; y el servicio militar obligatorio es uno de estos dispositivos de homogenización”.
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El 26 de marzo de 2008, en la Cámara de Diputados boliviana con mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS), se discutió la Ley del Servicio Militar Obligatorio, y sobre la posibilidad de la implementación de la objeción de conciencia en el artículo 32 para negarse a prestar el servicio militar bajo la premisa de la libre individualidad. Los contraargumentos en la mayoría de los casos, tanto de los parlamentarios del oficialismo como de la oposición, hacían hincapié en la necesidad formativa de las armas para defender la patria, en el civismo como alimento nutricional del alma y del buen ciudadano, pero, sobre todo, como símbolo consagrado e indispensable del “ser hombre”.
Marta Cabezas estaba presente y registró en su estudio cómo, de manera paradójica, el MAS, de base obrera y campesina, es decir, los grupos sociales que más asisten al SMO, defendió la instrucción militar como necesaria y constructora de la identidad.
“El SMO subordina, pero a la vez posibilita una pretensión de ciudadanía y un reclamo de pertenencia a la nación y esto explica el apego del MAS a esta institución”, anota la antropóloga. El SMO significaba la oportunidad de los hombres subalternos de pertenecer a un Estado que hasta ese momento e históricamente no los reconocía como ciudadanos. Y, además, representa en las comunidades, y ahora también en las zonas periurbanas, un ritual indispensable en la construcción de la masculinidad y la adultez.
No es ningún secreto que los hombres urbanos mestizos con mayor posibilidad económica evaden el SMO, porque ellos, según Cabezas, no están subordinados a una estructura racista y clasista que pone en duda su ciudadanía y su masculinidad.
Además de estas razones, existen muchos casos de desinformación sobre la utilidad de la libreta de SMO en los círculos sociales de las personas que lo realizan. Por ejemplo: que si uno no la tiene no puede ingresar a la universidad, o no puede salir de ella, lo que es falso puesto que dejó de ser un requisito para tramitar el título profesional en 2006. O que sin ella no se puede trabajar, cuando solo es requisito en cargos electivos, la función pública o para adjudicarse consultorías en algunos municipios. Considerando que la mayoría de estos trabajos están politizados y que, según la Organización Internacional del Trabajo, en Bolivia 8 de cada 10 personas trabaja en la informalidad, este último argumento resulta una falacia.
A esto debe sumarse la cuestión sexista y diferenciadora del presunto deber ciudadano y universal que pregona ser el SMO, ya que constituye una obligación para los varones, pero una opción para las mujeres. Precisamente este último colectivo volvió a ser excepcionado del SMO en el debate de 2008 en la Cámara de Diputados bajo argumentos como los de las diputadas del MAS Ximena Flores y Elizabeth Salguero.
Flores arguyó preocupación por la protección a la maternidad de las futuras generaciones de bolivianas de aprobarse la obligatoriedad del servicio para las mujeres. Salguero, una diputada favorable a la objeción de conciencia, aseguró: “Una cosa es que tengamos la igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y derechos, pero somos diferentes en cuanto a biología, constitución física y en cuanto a nuestros roles reproductivos”. Un argumento que reafirma el papel estatal en las asignaciones de género enmarcadas en lo patriarcal: las mujeres deben parir hijos y estos tienen que ir a morir por una patria que no los reconoce.
El debate de 2008 en la Cámara de Diputados concluyó en una votación, en la que, por mayoría (con votos del oficialismo y la oposición) se negó la posibilidad de evitar el SMO bajo la objeción de conciencia, pero no se tuvo ninguna observación contra el artículo 102 de la ley, el que permite obtener la redención mediante dinero.
La obtención de la libreta de redención ha sido y es el mecanismo utilizado por los hombres urbanos y con dinero para evitar el SMO. Consiste en el pago de lo que habría significado el gasto estatal en la formación y equipamiento de un nuevo soldado, y se puede tramitar entre los 23 y 33 años. Paradójicamente, los mismos asambleístas que defendieron con dientes y garras al servicio militar como medio para la paridad nacional y que tildaron a la objeción de conciencia como un “extranjerismo” que buscaba abusar de la libertad individual, no protestaron ante la posibilidad que tienen las clases privilegiadas de evitar el SMO si abonan 580 dólares.
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En los últimos 20 años se ha sabido de diversos casos de vulneración de los derechos humanos en las distintas unidades militares del país. Uno de los casos más sonados fue difundido por la cadena televisiva Red Unitel en 2010.
En el video filtrado por este canal (y que todavía se puede encontrar en YouTube), puede verse como varios uniformados tienen atado y colgado de un árbol a un soldado que tiene a sus pies un envase metálico de gran tamaño lleno de agua. Se trata del mecanismo de tortura conocido como “té de sopar”. Los uniformados recriminan a su compañero que lllegue tarde, que conteste. Después, lo sumergen una y otra vez en el agua. Lo dejan varios segundos con la cabeza dentro del envase. El cuerpo empieza a retorcerse en busca de aire. Lo sacan y ruega que paren. El soldado balbucea por el frío, dice “ya no, ya no”. Y sus compañeros le responden: “¿Qué ya no?”, para volver a sumergirlo. Así por varios minutos, hasta que lo sacan, luego de hacerlo jurar que no llegaría tarde y que obedecería.
El soldado se llama Guido Álvaro Flores Cortéz. Lo último que se pueden encontrar sobre él son los registros de aquellos años en la prensa, que reflejan la indignación general que suscitó tanta violencia. El entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, de origen indígena y que hizo el SMO, pidió un castigo ejemplar a los responsables. El Ministerio Público inició un proceso de oficio por la justicia ordinaria contra los superiores de Flores por el delito de vejámenes y torturas.
Sin embargo, tiempo después, Álvaro Flores salió a la palestra pública exigiendo que se retirara la denuncia, manifestando que la difusión de las imágenes había mellado su dignidad y asegurando, además, que se sometió voluntariamente a esa práctica. “Eso no es tortura, es parte del curso ranger y tomé ese curso por obtener mi brevet [licencia de conducir], porque quería salir con mi grado de cabo. A mí no me obligaron”, dijo en una entrevista.
El caso de Álvaro es una clara muestra del modelo de masculinidad que se promulga en las Fuerzas Armadas bolivianas, y en el que los hombres quieren encajar por los réditos que ofrece. Según la investigadora Daniela Elías, se trata de una narrativa que afirma que el cuerpo masculino puede aguantarlo todo. Una idea que la realidad desmiente.
Tan solo del 2010 al 2015 murieron alrededor de 40 hombres durante el SMO. Muchos de ellos, por enfermedades que padecían antes de presentarse al servicio; otros, por bacterias o virus tratables que adquirieron durante el mismo, por accidentes en el manejo de armas y por la realización de ejercicios militares con equipamiento precario. Y otros tantos, por golpizas.
Durante los años 2011, 2012 y 2013, la Defensoría del Pueblo registró 32 decesos y 60 casos graves de violaciones a la integridad física contra soldados que cumplían el servicio militar.
El Ministerio de Defensa, reaccionó ante esta situación implementando, mediante la Resolución Ministerial 1261 del 5 de abril del 2011, el programa ‘Para vivir bien en los cuarteles’, dedicado a mejorar la situación de los ciudadanos que cumplen el SMO.
El mayor Hans Gustavo Valencia Tordoya es el jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y me contó un poco sobre el programa: “Existían bastantes denuncias referentes a la alimentación, había bastantes accidentes en el entrenamiento militar. Había un cierto tipo de evasión a las normas que hay en cuanto a las sanciones. Entonces, esta Resolución Ministerial establece el trato debido que se debe dar, la calidad de vida digna al personal de las Fuerzas Armadas”.
Desde su implementación, el programa ha intentado frenar la violencia contra los soldados en los cuarteles, además de fomentar una mejor alimentación e instalaciones para hacer más ameno el año de servicio. También ha impulsado una formación técnico-profesional para que los soldados salgan con algún oficio, o que incluso puedan ganarse una beca en algún instituto militar o universitario. Un aspecto loable del SMO, ya que la mayoría de los hombres que asisten al servicio anual no tienen muchas oportunidades educativas y ven en la actividad militar una posible salida a una vida mejor.
Sin embargo, pese al programa y esos avances, las irregularidades se han seguido sucediendo en distintos ámbitos de la vida militar.
El 2016 el entonces ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que ese año no lograrían el objetivo de tener cero muertos en los cuarteles, porque hasta octubre ya se habían contabilizado 11 fallecimientos. No obstante, según destacó Ferreira, ninguno de esos casos tenía relación con violencia o maltratos.
En 2018, Cristian Huanca Mollo, estudiante de la Escuela de Sargentos Maximiliano Paredes se suicidó en la casa de su hermano en Cochabamba. Según publicó la prensa, estaba cansado de las golpizas, humillaciones e incluso quemaduras de cigarrillo a las que era sometido por estudiantes de cursos superiores.
En 2019, Alex Nina Mamani, de 19 años y oriundo de La Paz fue grabado por pobladores de Riberalta mientras huía de varios oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería Duque de Caxias en Guayaramerin, Beni, que trataban de regresarlo a la fuerza a la unidad, de la que presuntamente habría escapado al no conseguir permiso para ver a su padre enfermo. “Me han quitado todo, mi ropa, mi chinela, ya no quería estar'' decía llorando Alex ante la cámara. El joven fue rescatado por la población y el médico que lo revisó más tarde determinó que tenía una hemorragia interna producto de policontusiones. El Comando General del Ejército argumentó que las lesiones eran producto de una caída en motocicleta.
Este 2021, tan solo hasta julio la Defensoría del Pueblo contabilizó 45 denuncias de violación a los derechos de los conscriptos, entre los que se cuentan torturas, tratos denigrantes y dos muertes; las de Mauricio Apaza Guarani y Beymar Quispe Montenegro.
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Un aspecto fundamental que trabaja la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa es dar a conocer los derechos que tienen los soldados durante el SMO y capacitarlos en el procedimiento formal para denunciar en caso de vulneración.
“Se transmite todo el conocimiento al personal de cuadros y tropa referente a qué deben hacer para transmitir una queja”, explica el mayor Valencia, quien subraya que los soldados deben conocer “en qué momento se están vulnerando sus derechos humanos” y tener la información adecuada para poder realizar la denuncia “abiertamente”.
Para denunciar un caso de violación de sus derechos, los soldados deben dirigirse a la oficina de Derechos Humanos que se encuentra activa en todas las unidades militares. Paradójicamente, dicha oficina está al mando del segundo comandante de la unidad, quien, tras recibir la denuncia, debe conformar una mesa junto a los otros oficiales para determinar la culpabilidad del acusado. El proceso puede ir de 3 meses a 2 años. Si el acusado es declarado culpable, se le expulsa del Ejército y debe cumplir con la condena que haya determinado la justicia ordinaria. Si es declarado inocente, se reincorpora a las Fuerzas Armadas.
El mayor problema de este sistema está en que en muchos casos, son los comandantes los que incurren en los abusos o los que los encubren, por lo que el soldado tendría que elevar su denuncia ante su agresor o ante el amigo/camarada de su agresor, o enfrentar la posibilidad de que el mismo conforme parte de la mesa que considerará su denuncia. Es un sistema ineficiente, aunque el mayor Valencia afirma que está en vías de modernizarse. “Para el siguiente año esperamos contar con una aplicación en la cual [los soldados] van a poder realizar la denuncia de manera directa sin la necesidad de tener que informar a sus superiores”, asegura.
Es por la deficiencia de este proceso que muchas de las familias deciden denunciar los maltratos directamente a los medios de comunicación, que generan la presión mediática necesaria para que la justicia boliviana actúe. En el Ministerio de Defensa creen que no es la manera adecuada de proceder. “Nosotros consideramos que hemos establecido un protocolo y una normativa para realizar las denuncias”, sentencia el mayor Valencia. “La prensa siempre está al tanto de las noticias, siempre se van a filtrar este tipo de denuncias”.
Un caso icónico al respecto ocurrió en 2014, cuando el Ejército interpuso por primera vez una contrademanda contra la familia de un soldado que había denunciado públicamente un supuesto caso de maltrato. La demanda apuntó a Alejandrina Ramirez, quien aseguró a la prensa que su hijo, José Luis García Ramírez, había sido golpeado al punto de presentar una hemorragia interna mientras realizaba el SMO. Las Fuerzas Armadas consideraron que las acusaciones no tenían base real y que Alejandrina estaba mellando el nombre de la institución, por lo que presentaron una demanda legal por delito de difamación.
Según me explica el mayor Valencia, la familia fue asesorada por terceras personas para extorsionar a las Fuerzas Armadas. “Este tipo de hechos es muy recurrente”, asegura. Al final, el Ejército terminó por desestimar la acción penal contra Alejandrina, José Luis se recuperó y logró terminar el SMO realizando actividades como estafeta.
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Mauricio era oriundo de El Alto, al oeste del país. Tenía la cara de un niño grande, era corpulento, moreno y poseía una de esas sonrisas que no exhiben mucho los dientes pero transmiten el mensaje. Silvia, su hermana mayor, me pasó una serie de fotografías de cuando era pequeño.
En una aparece con pijama, un gorro blanco y un gesto mitad mueca y mitad sonrisa cuando apenas aprendía a caminar. En otra, de más grande, acaricia una cabra. Y en una tercera está dentro de un autobús sonriendo y levantando el pulgar hacía el fotógrafo, posiblemente su madre o padre. Tiene fotos vestido de poncho en alguna obra escolar en la que posa junto a sus hermanas. Y también una en la que Mauricio está disfrazado de soldado y sostiene un rifle de juguete, mientras sonríe a la cámara.
Algunos años después, a sus 22, se lo ve posar junto a sus camaradas con rifles (ahora de verdad) y el uniforme de marinero que utilizaba en el puesto militar Santa Rosa del Abuná, en el departamento boliviano de Pando. Después de dilatar la prestación del SMO, debido a que su padre había enfermado de diabetes y se había dedicado a trabajar para ayudar a comprar los medicamentos, Mauricio se presentó para ingresar al cuartel y fue destinado a servir en el oriente del país.
El 30 de junio de 2021, el mundo de los Apaza Guarani cambiaría para siempre. Un día antes, Silvia había depositado 50 bolivianos (7,25 dólares) a uno de los oficiales de la unidad de su hermano para que le consiguiera un nuevo quepi (gorra militar), ya que Mauricio tenía su primera revista y lo había extraviado.
En la madrugada, el superior que había recibido el depósito telefoneó a Silvia, informándole que su hermano había desertado de su unidad.
“Me dijo, ‘no vas a avisar a tus familiares, a nadie. Para que no se preocupen’”, cuenta Silvia.
El oficial la llamó de nuevo a las 7:00 para informarle que habían encontrado a Mauricio, que hablaría con él y luego se lo pasaría por teléfono. Silvia recobró algo de aliento con la noticia.
A las 11:45 el oficial volvió a llamar a Silvia. El oficial le dijo que Mauricio estaba realizando ejercicios militares y que de repente se mareó y cayó desmayado, por lo que fue llevado en una manta a un centro de salud, donde falleció.
Las Fuerzas Armadas pagaron el pasaje de Silvia y su madre, Pascuala, para que viajaran a Pando a reconocer el cuerpo de Mauricio. En el aeropuerto las esperaban los oficiales de la unidad, que las acompañaron a la morgue. “Vi a mi hermano junto a mi mamá tendido en una camilla. Desnudo con la boquita abierta, con los ojos abiertos como pidiendo auxilio”, explica Silvia. “Fue una impresión muy fuerte para nosotros, era algo increíble de creer”.
El examen forense confirmó las sospechas de la familia Apaza Guarani y contradecía la historia de los oficiales de la unidad. Mauricio tenía múltiples golpes en el cuerpo y a la altura de la ceja.
“El 2 de julio compruebo que lo que habían dicho ellos no era verdad, porque ese día el médico forense me explicó que mi hermano había fallecido de un shock hipovolémico, laceración de bazo y un trauma abdominal cerrado, y que le habían sacado más de dos litros de sangre cuajada de su abdomen”, cuenta Silvia, que me muestra el certificado de defunción que confirma lo que me dice. Ese tipo de lesiones son ocasionadas por choques automovilísticos o por golpes fuertes con el puño u objetos contundentes.
Actualmente, el oficial que contactó a Silvia es el principal sospechoso de la muerte de Mauricio. En octubre logró obtener la detención domiciliaria en la unidad militar en la que trabaja mientras aguarda la conclusión del proceso.
“Cada fin de semana lo esperamos y esperamos que [Mauricio] nos llame, hay momentos que decimos ‘va a llegar’, pero después de un momento es como despertar de un sueño y decir ‘no, ya no va a llegar’. La rutina de mi familia ha cambiado”, dice Silvia. Ella también hizo el servicio militar, aunque de manera voluntaria, y no entiende por qué las cosas fueron distintas con su hermano. Mauricio quería estudiar Enfermería o Derecho al regresar, porque consideraba que algo estaba mal en Bolivia y así podría ayudar a la gente.
Doña Pascuala cruza las manos sobre su regazo y suelta un aire pesado, se lamenta: “Desde que mi hijo ha fallecido ya no es lo mismo, no, ya no tengo ni ganas a veces de ir a vender. ¿Pero quién va sostener a la familia? Tengo que salir a vender”, me dice en un castellano matizado por el aimara.
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Cuando vi por primera vez a Sandra Quispe Montenegro no pensé que la vería llorar frente a mí, exactamente como lo había hecho en la televisión ocho meses atrás. Una señal de que el tiempo no borra la tristeza, solo la hace más pequeña y habitable. Está al lado de Rocío, su hermana. A diferencia de la extrovertida Sandra, Rocío es muy callada, casi un susurro. Nos vemos en un café en el centro de Cochabamba para hablar de Beymar, su hermano de 19 años que murió el pasado enero por una golpiza que le propinaron en el regimiento Boquerón situado en Charagua, Santa Cruz.
Beymar era alto y delgado, tenía los ojos algo rasgados y piel cobriza. No logró ingresar al servicio premilitar, una modalidad inaugurada en la presidencia de Germán Busch Becerra (1937-1939) al ver las grandes deficiencias en la instrucción militar durante la guerra contra Paraguay. Aunque no todos pueden costearlo, es una opción preferida para muchos, ya que uno puede realizar el premilitar mientras paralelamente cursa quinto o sexto de secundaria, y la instrucción solo se realiza algunas tardes, fines de semana y en vacaciones. Además, no se registran casos de violencia o muertes con la frecuencia del SMO anual y en cuartel.
Por la alta demanda del servicio premilitar, en 2017 el Ministerio de Defensa informó que solo los estudiantes de quinto de secundaria que tuvieran las mejores calificaciones de su curso podrían tomar esta opción.
“Podía haber ido a la ‘pre’, pero sus notas ya no le alcanzaban. Por ese motivo es que él asistió al cuartel” me dice Sandra mientras mira a una de las esquinas del café.
Al no poder ingresar en el premilitar, Beymar se presentó al SMO anual y, como en la mayoría de los casos en este tipo de enrolamiento, fue destinado lejos de su natal Cochabamba, a Charagua, Santa Cruz, donde los primeros meses de su servicio transcurrieron sin que su familia supiera de alguna queja o dificultad.
“Mi hermano era prácticamente de las personas que si algo le va mal, no te lo hacía saber. Siempre estaba con su sonrisa de sin preocupaciones”, me dice su hermana Rocío.
Cuando llegó el sexto mes de su servicio y Beymar se acercaba a la preciada “antigüedad”, su padre recibió una llamada. “Su teniente nos dijo que estaba mal, que estaba internado y que teníamos que ir a verlo”, cuenta Sandra.
Beymar había estado sufriendo la presión de una de las jerarquías internas de las Fuerzas Armadas. La antigüedad es un atributo que se gana en el SMO cuando superas los seis meses de servicio, ya que la unidad recibe al segundo escalafón de soldados, por lo que uno deja de ser el nuevo y gana jerarquía. Ser antiguo significa que, aunque en realidad no poseas un grado superior a los soldados nuevos, tienes la facultad de castigarlos.
La antigüedad o jerarquía en un cuartel se asemeja a una estructura familiar vertical en la que el cuidado y el castigo se imparten escalonadamente: los oficiales a los suboficiales, estos a los soldados y, entre estos, los del escalafón con mayor tiempo en el cuartel a los recién ingresados.
Como me explica la investigadora Daniela Elías, este sistema trae la idea de agente disciplinante que siempre actúa legitimado por su sabiduría: “Todo está encubierto con esta aura de ‘el pater’, ‘el sabio’ o el hermano mayor que te forma al mismo tiempo; que es tu confidente, que te da consejos”.
A Beymar constantemente le quitaban las encomiendas que su familia le enviaba. Si se negaba a entregar sus cosas, lo golpeaban hasta lograrlo.
Cuando Sandra confrontó al comandante de la unidad militar en la clínica en la que estaba ingresado Beymar, este le aseguró que su hermano tenía úlceras gástricas y que ese era el motivo de su internación. Sandra nunca le creyó y presenció cómo aquella nube de oficiales se deshacían en atenciones a Beymar. Dormían con él, lo acompañaban al baño y trataban de no dejarlo a solas con ella.
Al día siguiente, el calor cruceño se hizo sentir a partir de las tres de la tarde y los oficiales que estaban vigilando a Mauricio se quedaron dormidos en la puerta de la clínica. “Un antiguo me ha golpeado”, le confesó Beymar a Sandra apenas estuvo seguro de que no había nadie cerca. “Me ha dado una patada en el estómago. Al ver que yo me he levantado, me ha vuelto a patear nuevamente, donde me ha botado desmayado (...). Estaba ahí mi teniente, mi teniente ha visto”.
Antes de la internación, Beymar estuvo días en cama sin pasar la instrucción ni realizar ningún tipo de ejercicio. Pasó así largas horas siendo el único cuerpo en esa larga habitación llena de catres de hierro. Ninguno de sus camaradas se preocupó lo suficiente por él hasta que un domingo comenzó a vomitar sangre sobre la cama. Uno de sus compañeros, preocupado por lo que acababa de ver, corrió a dar parte al equipo médico de la unidad. Decidieron derivarlo a una clínica privada, a la que llegó tres días después de estar postrado en cama sin poder levantarse ni hablar apropiadamente.
Sandra confrontó en varias ocasiones a los superiores de Beymar y nunca dejaron de decir que lo que tenía su hermano era una úlcera gástrica.
El comando de la unidad de Beymar no lo llevó a la Corporación del Seguro Social Militar, sino a una clínica privada, quizás con el fin de que no se diera parte a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Con el tiempo y la cuenta corriendo, convencieron a Beymar de pedir el alta.
“Sandra, ya no falta mucho, faltan seis meses más. Voy a ir a acabar esto como sea. Ya me voy a venir, ya voy a ser antiguo, ya no me voy a sufrir así”, le dijo Beymar a su hermana, que insistía en llevárselo a Cochabamba para poder antenderlo y asegurarse de que se recuperara.
Ya dado de alta, tanto Sandra como el comandante de la unidad trataban de ganarse a Beymar. El comandante le aseguró que, si regresaba al cuartel, podría elegir su comida preferida, aunque lo que convenció a Beymar fue la promesa de que todo el trabajo y violencia que había aguantado no serviría de nada si se iba en ese momento, y que de volver a ingresar al SMO tendría que hacer dos años en lugar de uno. Una afirmación falsa, ya que si las autoridades concluyen que una persona no está en condiciones físicas o mentales de proseguir con el servicio militar, este es licenciado y recibe la libreta auxiliar B.
“Si alguien me hubiera dicho en ese momento, ‘si él está mal, le dan de baja y te lo puedes llevar’ me lo hubiera llevado, pero el otro teniente interesado peleó para llevárselo” me dice Sandra con voz quebradiza.
Sería la última vez que ella hablaría con Beymar, quien, pensando que lo peor había pasado, abordó un taxi con sus superiores rumbo a su unidad. En el camino comenzó a vomitar sangre otra vez y regresó a la clínica, desde donde lo derivaron a otra que contaba con los equipos para cauterizar el origen del sangrado. Al revisar el abdomen, los médicos vieron que estaba lleno de sangre y coágulos. Las transfusiones de sangre que le habían realizado esos días no sirvieron más que para prolongar su vida, porque nunca se hicieron exámenes concluyentes o ecografías de toda la zona abdominal.
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Beymar con papel picado en la cabeza y la toga de graduación del Colegio Bolivia sonríe rodeado de su familia. Beymar con una camisa rosada y viendo a la cámara junto a Rocío y Sandra. Armando aviones de plastoformo con motores que se robaba de las licuadoras en casa. Jugando y grabando vídeos con sus hermanas. Ese chico ya no está.
La muerte de Beymar Quispe Montenegro aún es difusa. Sandra y Rocío denuncian que la investigación está siendo obstaculizada por un pacto de silencio y amedrentamiento a los excamaradas de su hermano. Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa informó que uno de los implicados es un instructor de la unidad militar a la que asistió Beymar, al que se le sancionó por la vía militar y actualmente está a la disposición de la justicia ordinaria.
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Cuando iba de camino a ver a Daniela Elías para nuestra entrevista vi saliendo de la ex Escuela de Sargentos a cientos de chicos uniformados. Los vi llenar la avenida y subirse a una hilera de micros amarillos y verdes avejentados que los esperaban.
Al día siguiente mientras almorzaba con mi familia también me encontré a algunos chicos con uniforme. Se habían licenciado del SMO y comían con sus familias para celebrar. Podía adivinar quién era la madre, el padre, el tío, los hermanos y las primas por la forma de reír, hablar o comer. Los vi tanto que quizás llegué a incomodarlos; los ahora soldados voltearon hacía mi con una mirada cargada de algo que he visto en los ojos de muchos hombres a lo largo de mi vida: reto. Estaban retándome para que los dejara de ver o harían algo, quizás castigarme. A los hombres nos meten en moldes que nos presionan para ir reafirmando nuestra masculinidad, cada vez con más fuerza con el paso de los años.
Daniela Elías, en su tesis de maestría sobre la violencia en la construcción de la masculinidad castrense, define a la prestación del servicio militar como la expropiación del cuerpo por parte del Estado, para luego ejercer violencia sobre él y utilizarlo a la vez como vehículo para ejercerla sobre otros cuerpos. Un hombre pasa a ser un cuerpo disponible que deja de ser autónomo para ser medido por la cantidad de violencia que puede soportar, que será proporcional a las recompensas que recibirá en la carrera castrense. El problema es que, en el camino, muchos de estos cuerpos se quiebran, se pierden o se incineran en aquella máquina de hacer hombres, pero parece no importar porque siempre hay más para suplantarlos.
