Cada vez que una emergencia irrumpe —una epidemia, inundaciones extremas, incendios forestales o un colapso energético— reaparece la misma escena: gobiernos, medios y ciudadanos buscan respuestas inmediatas en la comunidad científica. Pero existe una tensión inevitable entre lo que la sociedad espera y el modo en que realmente se produce el conocimiento científico. La investigación no ofrece verdades instantáneas ni diagnósticos inmutables. Avanza entre evidencias parciales, revisiones constantes y márgenes de duda que forman parte de su propia lógica de funcionamiento.
Ese desfasaje entre los tiempos de la política y los tiempos de la ciencia se volvió particularmente visible durante la pandemia, aunque excede ampliamente al COVID-19. Hoy atraviesa debates sobre cambio climático, transición energética, inteligencia artificial, salud pública y gestión de desastres. La dificultad no reside solamente en producir conocimiento especializado, sino en lograr que ese conocimiento pueda incorporarse de manera efectiva a decisiones públicas tomadas bajo presión social, económica y mediática.
En contextos críticos, la incertidumbre suele interpretarse como una señal de incapacidad. Sin embargo, el problema no es que la ciencia modifique conclusiones a medida que aparecen nuevos datos; el problema aparece cuando se comunica la evidencia como si fuera definitiva y luego la realidad obliga a rectificar. Allí se erosiona la confianza pública. Explicar límites, probabilidades y escenarios posibles requiere una comunicación estatal mucho más madura de la que habitualmente predomina en América Latina.
A esto se suma un escenario político cada vez más atravesado por antagonismos extremos. En sociedades polarizadas, incluso los consensos técnicos mínimos quedan atrapados en disputas ideológicas. Las recomendaciones científicas pasan a leerse en clave partidaria y dejan de evaluarse por su consistencia metodológica. Así, la evidencia pierde centralidad frente a identidades políticas cada vez más rígidas y emocionalizadas.
Ni certezas ni improvisación
Resulta fundamental preservar la autonomía de los sistemas de asesoramiento científico. La función de la ciencia no consiste en sustituir decisiones democráticas ni en gobernar por encima de la política. Su papel es aportar diagnósticos, proyectar riesgos y ofrecer herramientas para ampliar el horizonte de decisión. Gobernar implica ponderar múltiples dimensiones —económicas, sociales, sanitarias y territoriales—, pero ninguna democracia contemporánea puede hacerlo seriamente si prescinde de conocimiento especializado.
Otro desafío central es el ecosistema comunicacional. Nunca circuló tanta información como ahora y, paradójicamente, nunca resultó tan difícil discriminar entre evidencia y manipulación. Los discursos falsos tienen una ventaja estructural: apelan a emociones simples, ofrecen culpables inmediatos y viajan con enorme velocidad por redes sociales y plataformas digitales. El discurso científico, en cambio, suele ser más complejo, condicional y menos compatible con la lógica vertiginosa del consumo informativo contemporáneo.
En este contexto, la confianza pública no puede construirse de manera improvisada cuando la crisis ya comenzó. Requiere instituciones creíbles, transparencia sostenida y políticas de largo plazo orientadas a fortalecer la cultura científica de la sociedad. Y es precisamente allí donde la situación argentina adquiere una dimensión especialmente preocupante.
El caso argentino
Mientras el escenario internacional exige mayores capacidades técnicas para enfrentar riesgos sanitarios, ambientales y tecnológicos cada vez más complejos, Argentina atraviesa un proceso de debilitamiento sostenido de su sistema científico-tecnológico. El ajuste presupuestario, la incertidumbre sobre programas estratégicos, la pérdida de poder adquisitivo en universidades y organismos de investigación y la emigración de profesionales altamente formados configuran un deterioro que excede lo sectorial. Lo que está en juego no es solamente el futuro de laboratorios o centros de investigación, sino la capacidad del país para producir conocimiento propio y responder con autonomía ante escenarios críticos.
En ese contexto, resultan particularmente significativas las palabras de la investigadora santafesina Raquel Chan, reconocida internacionalmente con el premio UNESCO-L’Oréal por su trayectoria científica, quien advirtió recientemente que “la peor crisis en la ciencia argentina es el desprecio”. La afirmación excede el impacto presupuestario. Señala un clima político y cultural donde el conocimiento científico, las universidades públicas y los organismos de investigación aparecen crecientemente deslegitimados desde discursos oficiales que presentan a la ciencia como un gasto prescindible y no como una inversión estratégica para el desarrollo nacional.
Invertir para anticipar
Reducir la inversión en ciencia implica mucho más que recortar partidas presupuestarias. Supone debilitar herramientas de prevención, perder capacidades de innovación y aumentar la dependencia externa en áreas estratégicas. Ningún país construye soberanía tecnológica desmontando sus sistemas de investigación ni erosionando las condiciones materiales y simbólicas de quienes producen conocimiento.
Las grandes emergencias de las últimas décadas dejaron una enseñanza contundente: las sociedades que reaccionan mejor son aquellas que ya cuentan con estructuras estables de asesoramiento científico, organismos fortalecidos y vínculos institucionales consolidados entre expertos y decisores públicos. La improvisación suele llegar demasiado tarde.
Frente a un mundo marcado por crisis simultáneas y cada vez más frecuentes, discutir el lugar de la ciencia ya no es un debate exclusivamente académico. Es una discusión sobre la calidad democrática, la capacidad estatal y el tipo de sociedad que se pretende construir. Porque invertir en ciencia y tecnología no representa un lujo para épocas de abundancia: constituye una condición básica para enfrentar el futuro con algún margen de autonomía y resiliencia colectiva.
