Al cruzar la colina, Ángel Ignacio supo que ya no había marcha atrás. Unos cincuenta hombres con revólveres y fusiles de asalto, vestidos de negro y chalecos antibalas, habían trancado el paso hacia la mina “Atenas”, que por aquellos días vivía una “bulla”: el borboteo de gente y motores por el hallazgo reciente de una veta de oro a cielo abierto.
El 4 de marzo de 2016, el joven Ángel Ignacio se cruzó con un amigo comerciante de oro, en la plaza de Tumeremo, poblado del estado Bolívar, al sur de Venezuela, quien le propuso ir a buscar “cochanos” de oro que le estaban ofreciendo en el yacimiento “Atenas”, a una hora del pueblo. Se montó en su moto y junto a su compañero emprendieron camino hacia la mina.
Como ocurría con los nuevos yacimientos en la zona minera de Bolívar donde el Estado está ausente, la mina había sido tomada por una banda criminal comandada por Alexandro Lisandro González Montilla, apodado “El gordo Lisandro”.
Los hombres de chalecos negros en el camino hacia la mina realizaron una emboscada. Ángel Ignacio y su compañero presenciaron cómo tiroteaban a tres jóvenes a quemarropa. Eran los mismos muchachos que minutos antes rodaban en tres motos tan solo adelante de ellos a unos metros por la carretera. Por pocos minutos, los tres habían acelerado su encuentro con la muerte.
El terror se apoderó de Ángel Ignacio cuando vio cómo se desplomaban en el suelo los tres cuerpos baleados, justo donde yacían otros muertos. “Párate ahí” le ordenó un pistolero. Al intentar huir con la moto de ese caótico pelotón de fusilamiento uno de los uniformados le disparó por la espalda con un AR-15. Murió casi al instante en los brazos del amigo que lo había invitado a buscar unas barras de oro rústico en la mina Atenas.
Ángel Ignacio tenía 27 años y estudiaba tercer año de Derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Cuando fue emboscado en la vía hacia la mina tenía apenas cinco días de haber comprado la moto.
Mafias criminales en la Amazonía
Con el dramático asesinato del joven Ángel Ignacio, la periodista venezolana, Lisseth Boon, comienza su libro “Oro Malandro” en donde narra desgarradoras historias de cómo las mafias criminales se apoderaron de gran parte de las zonas mineras del estado Bolívar y el impacto devastador de la minería ilegal en un territorio que forma parte de la Amazonía. Las disputas territoriales y el aval por omisión de las autoridades gubernamentales crearon territorios controlados por mafias mineras implantando un modelo de dominio sobre las poblaciones aledañas donde imponen su ley.
Varias semanas después de esas violentas muertes, conocida como “La masacre de Tumeremo”, por presión de familiares de las víctimas y protestas de pobladores, el cuerpo de Ángel Ignacio y el resto de otros 17 cuerpos fueron encontrados enterrados en una fosa común cerca de la mina. Dicen que fueron más de 30 las víctimas y desaparecidos.
Las investigaciones y sucesivos viajes de la periodista a la zonas mineras del estado Bolívar comenzaron en 2016 a raíz de esa matanza. Fue posible gracias a una alianza con tres medios de comunicación venezolanos: “El Pitazo”, “Runrunes” y el medio local, “El Correo del Caroní”.
Su libro “Oro malandro: Crímenes que depredan la Amazonía venezolana”, publicado por la Editorial Dhabar, recoge muchos de los reportajes que hizo durante una década con ese equipo periodístico y sus páginas cristalizan el afán de explicar, no solo el compendio de crímenes contra seres humanos, sino el impacto que la minería infringe sobre el bosque tropical más grande del mundo, refugio de la mayor biodiversidad del planeta que no solo afectan a la Amazonía venezolana sino a la región latinoamericana.
- ¿Cómo llegaron estas mafias a las zonas mineras que han logrado convivir con las instancias gubernamentales, militares y cuerpos de seguridad?
Tenemos que recordar que en 2011, Hugo Chávez estatizó toda la actividad aurífera y expropió a las grandes empresas que trabajaban industrialmente en esa región; al mismo tiempo comenzó un plan para apoyar a la minería artesanal que se llamó Misión Piar, lo cual promovió y estimuló esa actividad en comunidades que terminó en manos de las mafias y delincuentes.
Esa etapa coincidió con la severa crisis económica que estaba afectando al país e incidió especialmente en la zona de Guayana, donde se encontraban importantes industrias estatizadas. Mucha gente migró hacia las minas para buscar sustento, pero también las bandas criminales aprovecharon para entrar y dominar ese territorio inhóspito, sin ley. Con enfrentamientos entre ellos y sus antecesores comenzó una entronización de feudos, con distribución territorial, para dominar cada zona.
Unos días antes de la “Masacre de Tumeremo”, el 24 de febrero de 2016, se produjo el decreto con el que se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico” llamado “Arco minero” que abarca 111.843 kilómetros cuadrados al norte del estado Bolívar, al sur del país. Con ese decreto, la migración hacia las zonas mineras se aceleró y las mafias sindicales armadas que operaban en las zonas industriales comenzaron a dominar la explotación ilegal del oro.
- En tus relatos explicas que cada región minera está comandada por un “pran” respaldado por un grupo armado con armas de guerra, que imponen sus leyes y someten a quienes trabajan en la mina y la población que vive alrededor.
En el “Arco minero” se ha extendido una cultura o estructura inspirados en el modelo de organización que se aplicó en las cárceles de Venezuela. Tienen un líder, un jefe a quien llaman el “pran”, que es el jefe de la banda; además hay un lugarteniente con sus “luceros” que son los informantes, y posee toda una estructura con hombres armados. Y eso se impone así en cada región minera.
Desde que se decretó el “Arco minero“ comienzan a suceder muchas masacres, producto de enfrentamientos entre bandas por el dominio del territorio. En la actualidad se escucha poco sobre matanzas y enfrentamientos por los acuerdos de convivencia entre el gobierno y los jefes de las bandas. Las bandas criminales comenzaron a incursionar en estos territorios sin leyes y con los enfrentamientos se originó una distribución territorial, como feudos, para dominar cada zona.
Ahora hay acuerdos de convivencia. Por ejemplo, Fabio González Isaza, el “pran” de El Dorado, también conocido como “El Negro Fabio”, es un personaje con un largo prontuario criminal pero mantiene un dominio de la zona desde hace más de una década. Hay otro que es “El Negro Juancho” (Juan Gabriel Rivas Núñez), uno de los más importantes de la zona minera de Las Claritas, considerado el grupo criminal más fuerte de la región. Lo que ha ocurrido en el “Arco Minero” es una gobernanza criminal. Son acuerdos de gobernabilidad entre el Estado, los gobiernos locales, los militares y los criminales. En esos acuerdos, la población se tiene que adaptar a estas nuevas reglas para poder garantizar sobrevivencia.
En nuestros recorridos por las carreteras en las zonas mineras observamos que la presencia militar es impresionante. Hay fuerzas de seguridad del Estado e incluso comandos de reciente creación con siglas que desconocemos y es difícil identificar el cuerpo al que pertenecen.
El Estado controla fundamentalmente las plantas de cianuración, que son las que efectúan el proceso para separar el oro que requiere procesos más complejos. Mientras que la extracción artesanal, con procesos de amalgamiento y utilización de mercurio, la hacen las empresas de las mafias. Hay empresas controladas por factores oficiales de las cuales se desconoce a quién pertenecen, pero cuentan con una gran infraestructura para trabajar. Algunas de ellas no aparecen en registros, ni en listas de empresas mixtas o alianzas estratégicas autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Ecológico.
El sector militar tiene gran peso en las operaciones mineras de la zona. Los gobernadores de Bolívar han sido militares. El general de División (Ej.) Francisco Rangel Gómez gobernó el estado Bolívar desde 2004 a 2017. A su sucesor el mayor general (GN) Justo Noguera Pietri, también militar, se le veía asiduamente en la zona minera. Ahora está Ángel Bautista Marcano Castillo, dirigente sindical, quien se ha mantenido con bajo perfil en relación con las operaciones ilegales en la región minera.
A quien se ve más ligado a las operaciones mineras es al mayor general, Carlos Osorio Zambrano, presidente de la Corporación Venezolana de Minería, empresa adscrita al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, quien ha ejercido muchísimos cargos en el gobierno. Allí no se mueve un dedo sin la autorización de la Corporación Venezolana de Minería. Ni una pala se puede mover y menos un gramo de oro.
- Organizaciones no gubernamentales estiman que 70% de la extracción de oro que proviene de esa región sale de contrabando al exterior.
No hay precisión ni cifras confiables en la producción de oro y su comercialización. En 2019, en ocasión del lanzamiento del Plan Nacional Motor Minero, Nicolás Maduro asomó que para 2025 podría llegar a 80 toneladas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aclarando las dificultades para certificar cuánto oro se produce en la zona, estimó la potencialidad para 2021 en 75 toneladas; de ellas consideraron que 70% salió por vías no oficiales al exterior. En 2018 el Ministerio de Minas (hoy de Desarrollo Minero Ecológico) reportó que ese año ingresaron 10,5 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela (BCV). La ONG Transparencia Venezuela, coincidiendo con la OCDE, ha estimado que 70% de la producción de oro sale de contrabando por vías ilícitas, por lo cual ese año el comercio ilegal fue de 24,5 toneladas de oro.
- En tus relatos narras no solo las historias de esas masacres donde asesinan por disputas territoriales. Pero también hay testimonios de desaparecidos, casos en que se fusilan a trabajadores desarmados que están al servicio de la mina e incluso a mujeres y niños.
Los crímenes que en esa región alcanzan a toda la población porque ellos han impuesto un régimen de terror a sangre y fuego. Para convivir en estas comunidades tienes que adaptarte al régimen que han impuesto. También ocurren otros delitos como trata de personas y desapariciones forzadas. Por primera vez se han encontrado fosas comunes, después de desapariciones masivas. Eso incluye a mujeres y niños.
Muchos venezolanos se han ido a trabajar en los yacimientos con la esperanza de resolver sus problemas económicos a pesar del riesgo. Familias enteras se han trasladado a las minas y se encuentran con que no hay un proyecto de desarrollo minero, no hay viviendas, ni infraestructura. Se instalan como pueden construyendo casas de tablas, precarias. Son atraídos por la creencia de la “fiebre del oro” y entonces deben adaptarse a las imposiciones de las mafias. Cada banda, cada sindicato, impone sus propios códigos. El castigo aplicado por una desobediencia es el que se le ocurra al miembro de esa banda en ese momento.
Hay regiones mineras en donde se ha instalado una especie de tribunales o más bien “patíbulos”, como en el caso de El Dorado dirigido por el “Negro Fabio”. Para dirimir cualquier infracción como robos menores, ocultamiento de gramos de oro por intentar venderlos por su cuenta, no cumplir con la cuota exigida por el “pran”, o disputas por infidelidades, las dirimen en esos “tribunales”. El castigo no responde a un manual determinado. En El Dorado, por ejemplo ese lugar queda detrás de la comisaría, pero puede estar en cualquier lugar o montarse de manera improvisada.
- La minería manejada por mafias no solo se estableció en el “Arco minero” inicialmente delimitado por el gobierno en la zona norte. También se extendió hacia el sur, a las zonas indígenas en donde se encuentra el Parque Nacional Canaima que resguarda al Salto Ángel, en lengua pemona Kerepakupai vená (el más alto del mundo) y tierra de los tepui, Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO.
La minería ilegal se extendió a los parques protegidos y a los territorios que históricamente han pertenecido a las comunidades indígenas.
Para los indígenas, con lo que ha pasado en el “Arco minero” se acabó su forma de vivir durante años del turismo. Los enfrentamientos, delincuencia y la destrucción minera diezmaron esa actividad. A las nuevas generaciones no les quedó otra opción que entregarse a la actividad minera. Las mafias del norte intentaron tomar estas regiones; pero grupos indígenas, que se dedicaron también a la explotación, se les enfrentaron, crearon una guardia territorial pemón y lograron resguardar su territorio. Muchos indígenas ahora están trabajando en la extracción de oro en los principales ríos del Parque Nacional Canaima. La guardia territorial pemón controla esas minas y han establecido reglas similares a las estructuras que se aplican en otras zonas mineras.
Hay una historia en un capítulo del libro de un joven indígena que un día se vio obligado a trabajar en las minas. Quise darle voz a protagonistas de estos habitantes originarios para tratar de entender por qué tantos jóvenes de estas etnias están participando en la destrucción de su propio hábitat. Este joven está consciente del daño ambiental y del impacto en su hábitat. Pero ya tenía su familia, hijos y debía alimentarlos. Hay muchos niños ya trabajando en las minas. Explicaba cuanto le dolía, pero me decía: “¿Qué hago?”.
Este joven pemón tiene un oficio en ese tipo de minas de extracción que se aplica en los ríos donde desde balsas flotantes, manejadas por mineros provenientes de otras partes, extraen el oro desde el fondo de los ríos. Forma parte de los llamados “mineros submarinos”. Tienen que sumergirse para rastrear el fondo del río y hallar las vetas. Es una tarea que se suele hacer en horas nocturnas. Este oficio se le considera como el último de la cadena. Muchos jóvenes han muerto cumpliendo esa faena.
- Recogiste muchas historias, todas muy dramáticas e insólitas. ¿Cuál de ellas te conmovió especialmente?
Hay un relato que es el de una niña de la zona de Las Claritas. Tuvimos la oportunidad de entrar en las minas en donde operaba la expropiada empresa Cristalex. En esa zona se han creado pueblos improvisados construidos sobre las minas de cielos abiertos donde viven muchas familias. Con ellos ahora hay presencia de sacerdotes católicos para labores de apoyo a las comunidades. Está presente Fe y Alegría, movimiento de promoción de la educación popular. En Las Claritas construyeron una bonita escuela en medio del caos minero, un poblado lleno de tarantines donde todo se compra y se vende con gramos de oro.
En contraste la escuela es inmaculada, emerge sobre ese caos, con su grama y plantas muy bien cortadas y mantenidas. Es como un refugio. Tienen un pequeño autobús que presta servicio a los niños de esa escuela que recorre toda la zona para trasladarlos. Montada en ese autobús, conocí a una niña que ya cursaba tercer año de bachillerato. En medio de ese caos lleno de barracas, de barro en las vías, tráfico de motos sin control, los “pranes” acechando, vi a esa niña impecablemente vestida, con su uniforme para el colegio, bien peinada y arreglada. Comenzamos a hablar y me impresionó su forma tan articulada de hablar. Me explicó que había venido con su mamá de Puerto Ordaz, trabajadora de una panadería en la zona y que ella estaba estudiando. Dijo que se proponía completar los dos años que le faltaban para terminar el bachillerato por lo cual debía irse a una ciudad. Su sueño era ser abogada y se proponía hacerlo en la Universidad Central de Venezuela en Caracas y para eso haría lo que fuera. Era una niña llena de esperanzas a pesar de vivir en medio del caos.
-Algunos gobiernos y líderes utilizan como bandera política la lucha el cambio climático y el impacto ambiental. En Venezuela, los organismos dedicados a la protección ambiental se denominan Ecosocialismo y Desarrollo Minero Ecológico. Pero detrás de la realidad, del daño que se le está haciendo a la Amazonía: ¿hay esperanzas de que el mundo de hoy tome en serio la defensa del ambiente?
Venezuela tuvo el primer Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables de Latinoamérica, fue de los primeros del mundo y tuvo la Ley Orgánica del Ambiente de 1976 que evolucionó con la Ley Penal del Ambiente de 1992, luego reemplazada por la vigente de 2012. En el actual gobierno se utilizan frecuentemente esos eufemismos ambientales mientras tenemos amenazados a nuestros ecosistemas y parques nacionales que deberían estar protegidos.
Esas nomenclaturas como Desarrollo Ecológico Minero o Ecosocialismo lo que hacen es encubrir una realidad que no se puede tapar. No se cumplen las leyes ambientales, se saltan las normativas existentes y es por eso que hago estos relatos y expreso las inquietudes de cómo se podría detener esta destrucción con responsables que son parte del mismo gobierno, en un país donde no hay tribunales independientes para vigilar este tipo de situaciones y hacer justicia ecológica.
En el mundo actualmente se discute cómo convertir el ecocidio en un crimen internacional. No podemos detenernos a pensar si eso llevará años. Pero los crímenes de guerra, de lesa humanidad, han logrado ser juzgados internacionalmente. Esos procesos requieren de una documentación exhaustiva para poder procesar, no al país, sino a los responsables directos de esos delitos ambientales y su cadena de mando. Como expresé en el prólogo: “este libro nace de una gran indignación, pero también de la esperanza”.