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Lo hacen con amor, pero es trabajo

En Argentina, más de 70.000 cocineras comunitarias dan de comer a la población sin recursos. Ahora piden que se reconozcan sus derechos.

Camila Gramajo y Emiliano Balerini Casal

Cocineras comunitarias de la organización La Poderosa en una villa de Argentina. LA GARGANTA PODEROSA

Las cocineras comunitarias son una figura de referencia en los barrios populares y villas de Argentina, donde las sucesivas crisis económicas han convertido la asistencia alimentaria en una necesidad de primer orden para una parte importante de la población.

Se calcula que en todo el país hay más de 70.000 cocineras que alimentan a cerca de 10 millones de personas. Un dato nada menor en un país en el que, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza alcanza ya al 40,1% de habitantes, y donde, de acuerdo con un estudio de Unicef del pasado febrero, dos de cada tres menores sufren de carencias monetarias o de derechos.

Sin embargo, el trabajo de estas cocineras no está remunerado. Por eso, el pasado junio, las organizaciones sociales La Poderosa y Barrios de Pie (BdeP) presentaron dos proyectos de ley para que desde el Estado argentino se reconozcan sus derechos laborales. El primero de ellos, impulsado por La Poderosa, propone un salario para las cocineras comunitarias de los comedores populares que hay en el país, y el segundo, una propuesta de BdeP, va más allá: contempla a todas las trabajadoras y trabajadores de la economía popular que sostienen la vida diaria en los barrios.

La pandemia por covid-19 puso en el centro del debate internacional la importancia de las tareas de cuidado que se realizan tanto en el espacio público como en el interior de los hogares. Mientras cada noche se aplaudía al personal de salud, las mujeres de los barrios populares, lejos de aquellos aplausos, continuaban su trabajo silencioso. Las ollas populares no cumplieron el aislamiento social y preventivo, sino que se multiplicaron.

Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el trabajo de cuidados emplea a 4.800 personas que sostienen 523 espacios, según la encuesta realizada por la Universidad Popular de Barrios de Pie y el Municipio de Lomas de Zamora. Estos espacios contemplan comedores, postas sanitarias, apoyo escolar, centros de jubilados, espacio de cuidado para las infancias, consejerías sobre violencia de género y cuidado ambiental, entre otros.

Norma Morales, referente nacional de BdP, dice que, así como la pandemia ayudó a reconocer que las tareas de cuidado son un trabajo, es momento de comprender que quienes llevan a cabo estas tareas son “trabajadoras”, y por ello piden “un reconocimiento económico y la reivindicación de los derechos” que aún no tienen.

“El reconocimiento económico también nos sirve para contrarrestar el discurso de odio de la sociedad, de los medios hegemónicos, de la justicia hacia las mujeres de los barrios populares que dice que nos embarazamos para cobrar la Asignación Universal por Hijo, para tener la tarjeta alimentar, para ser parásitos del Estado, ñoquis. No somos eso”, dice Morales. “Nosotros planteamos que la sociedad tiene que vernos con otros ojos, con más empatía”.

Las trabajadoras comunitarias no tienen un horario estable. Cumplen con lo que se llama la triple jornada laboral que contempla el trabajo en el hogar, el que realizan de manera privada (generalmente también en tareas de cuidado) y el trabajo comunitario. Ellas laboran 24 horas los 365 días del año. No les pagan ni salario, ni vacaciones, ni aguinaldo. No tienen cobertura de salud ni aporte jubilatorio, ni licencia por maternidad o paternidad. “Lo que planteamos, también dentro de la ley, es que se construya un registro de todas estas trabajadoras comunitarias, de las cuidadoras comunitarias del país”, dice la referente de BdP.

“Lo único que queremos es tener derechos”

Fidelia Cruz pertenece a BdP desde hace cinco años. Hace cuatro, asumió la coordinación del comedor en la zona de Villa Soldati, al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El merendero se encuentra en el barrio Fátima. Allí también trabajan en conjunto varias organizaciones para resolver la urbanización, la reurbanización, las problemáticas ambientales, las de salud, y demás conflictos vecinales

Fidelia Cruz, cocinera comunitaria de la organización Barrios de Pie. CORTESÍA

- ¿Cómo llegaste a BdeP?

- Vivo en Villa Soldati desde hace 23 años, de los cuales he pasado 20 en Piletones. El lugar no era un barrio, sino una villa. Estuve metida más en la parte de acceso a una vivienda digna dentro de la Junta Vecinal en Piletones. Ahí siempre venían las organizaciones sociales a estar en las reuniones con los vecinos. Unas amigas que pertenecían a Barrios de Pie me hablaron de la agrupación, de cómo ayudan al vecino, desde dar un plato de alimento hasta instalar la luz de tu casa o tu calle, reclamar para que se haga la instalación, así que por eso llegué a Somos Barrios de Pie.

La zona de Soldati  siempre estuvo llena de piletas de basura, por eso se llama Piletones. Perón y Evita hicieron piletas para que los trabajadores puedan disfrutar, pero después fueron abandonadas. La gente que necesitaba vivienda llegó al lugar, edificaron y fueron limpiando. Cuando vine, los vecinos tenían diferentes  problemáticas: inundaciones, falta de servicios públicos básicos, de desagüe, de cañería. Nuestro baño era un pozo ciego y las calles eran de tierra. Todo eso fue cambiando.

- ¿Cómo es el proyecto que presentó BdP ante el Congreso de la Nación de Cuidados Comunitarios?

- En él se abarca desde las compañeras de salud que van y consiguen el turno en una salita o un hospital para un pibe o una persona mayor que no puede acudir hasta los promotores ambientales. Dentro de Soldati tenemos una recicladora, donde las compañeras reciclan la basura que los vecinos van sacando y eso genera también un bien para nuestro espacio. También están las promotoras de género que hacen la consultoría de las personas que padecen violencia, no sólo de mujeres sino de infancias y ancianos. Lo único que queremos como trabajadores es tener derechos. Por ello, tenemos la esperanza y somos positivos de que se nos reconozca y salga la ley para que se contemple la tarea de cuidados. Toda lucha se puede ganar. La victoria nos llega, si no es ahora, seguiremos reclamando.

“Me gustaría que se investigue más lo que estamos haciendo”

Otilia pertenece a la organización social La Poderosa. Tiene 48 años, es madre de dos hijos, cocinera comunitaria, migrante paraguaya y vive en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2006. Ahí se instaló a los pocos meses de llegar a la Argentina.

“Cuando llegamos vivimos solamente seis meses en una casita prestada en Adrogué porque la señora que nos la dio me dijo que la quería usar. Yo tenía una amiga que vivía por acá, cerca de la Villa. Ella me dijo que había un lugarcito que querían vender y vine con mi hijo a comprarlo. El lugar era un basural. Tenía que empezar ahí porque no tenía dónde ir a vivir. Lo compré y vine con mis dos hijos porque mi pareja no lo quería ya que era un lugar muy feo. Me mudé abajo de una carpita y hace 15 años que estoy acá”, cuenta Oti, como le dicen cariñosamente sus amigos y conocidos.

Otilia, cocinera comunitaria de la organización La Poderosa. CORTESÍA

Explica que cuando se sumó a La Poderosa se sintió muy acompañada: “Era justo lo que necesitaba, porque nunca en mi vida encontré gente que se acercara, me hablara y me ayudara como ellos. Necesitaba ayuda para salir de la violencia, y en mi país no la obtuve. Mi familia no sabía nada. Entonces desde la cooperativa encontré alguien que me protegiera y entendí que este era mi lugar. Tenía compañeras que constantemente me acompañaban, me daban fuerza para denunciar a mi expareja. También encontré protección, porque como extranjeras y viviendo en un barrio como el nuestro me costaba bastante tomar la decisión. Hay un montón de personas en la misma situación, incluso hay personas que ni siquiera hablan castellano, entonces les cuesta hacer una denuncia”.

Dentro de la organización, su primera actividad fue gestionar un merendero en el barrio, que en un inicio funcionó en el patio de su casa: “A mi hijo se acercaban como tres grupos de pibes y él me dijo que querían merendar. Entonces le dije a La Pode si podíamos empezar un merendero y me dijeron que sería buenísimo. Esa semana me dieron un lugarcito y empezamos a darle de merendar a las y los chicos. Me caían como 40 pibes del barrio”.

- ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el merendero y en el comedor?

- A mí lo que me gusta es proteger a los chicos, porque veía un montón en la calle abandonados y me comprometí para hacer la merienda. En realidad, no sólo era la comida, pues de ahí salían muchas cosas. Cuando los chicos tienen confianza empiezan a contar lo que les pasa en su casa, con su mamá, su papá, sus hermanos, si hay situaciones de consumo. A partir  de eso me empecé a sentir más comprometida, porque me di cuenta de que pasé muchos años mal, y que ahora podía ayudar a otra gente al hablar con las y los pibes. Había chiquitos de 5 años que su papá y su mamá estaban en situación de consumo. Le comenté a mis compañeras, que además de comida podíamos ayudarlos con educación y psicólogos. Era muy motivador y me sentía muy comprometida. Me di cuenta que había un montón de trabajo acá.

El merendero en el que trabaja Otilia atiende a 80 niños de lunes a sábado; y en la comida, a 230 familias. Cuando hay poca mercadería, Otilia y sus compañeras deben comenzar temprano en la cocina, pensar qué es lo que van a preparar y cómo hacer para que alcance a toda la gente. “Tenemos un montón de trabajo. Además, debemos hacer pancito, biscochuelos, vender ropa usada; en fin, realizamos un montón de horas. Algunas veces trabajamos 8, 9, 10 o hasta 12 horas al día”, enfatiza Otilia.

El alimento que se da en los espacios se consigue principalmente a través de donaciones. Las mujeres mandan cartas a distintas organizaciones e instituciones contando y mostrando el trabajo que realizan diariamente.

- ¿Por qué es importante la Ley de Salario Digno para las Cocineras Comunitarias?

- Nosotras no estamos reconocidas como trabajadoras. La sociedad no reconoce eso y sería muy importante porque trabajamos un montón. Además, en los medios de comunicación nos llaman planeras y vagas. Es muy fácil hablar así, decir: “¡Qué se vayan a trabajar!”. Pero nunca averiguan cómo estamos trabajando y cómo son los barrios. Me gustaría que se investigue más lo que estamos haciendo. No hay un periodista o un medio de comunicación que entre al barrio e investigue lo que estamos haciendo. Critican desde arriba. Nosotras queremos ser trabajadoras reconocidas como cualquier otra persona para tener obra social, licencia por maternidad, vacaciones. Nosotras no tenemos eso, o sea, ni siquiera tenemos herramientas para trabajar. Por eso es muy importante un proyecto de ley como éstos.

- ¿Qué expectativas tienen de que salga este proyecto de ley?

- Tenemos mucha esperanza. Somos muchas trabajadoras que no estamos reconocidas, desde ese lugar lo estamos empujando. Ya está presentada la ley, pero ahora para que la aprueben seguramente va a costar bastante. Desde el Ministerio de Desarrollo Social bajan parte de la mercadería, pero esta no se cocina sola, y ellos saben que hay montones de mujeres que están trabajando. Y lo hacemos por amor, pero con el amor no podemos vivir porque es un laburo.


Camila Gramajo es investigadora y periodista. Ha colaborado en medios como Tiempo Argentino y Cosecha Roja.

Emiliano Balerino Casal es periodista especializado en temas culturales y de derechos humanos. Maestro y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Ha trabajado y colaborado e medios como CambioSoHoPlayboyMilenio, La Jornada y Newsweek en español.

Camila Gramajo y Emiliano Balerini Casal