La frontera pensada desde afuera

Sobre la Troncal 10, la carretera que atraviesa el eje minero del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, circulan camiones cargados de combustible, retroexcavadoras de oruga y camionetas sin placas. Por esta vía se mueve el oro, un metal que se ha incrustado en la vida cotidiana de los pueblos: en las cuentas que se hacen a lápiz sobre los mostradores de las bodegas, en los murmullos nocturnos de las licorerías y en el vacío de las escuelas rurales.

A medida que la carretera se adentra en el municipio Sifontes, uno de los territorios marcados por la actividad minera, esa presencia se hace visible en el paisaje. La montaña se fragmenta para abrir paso a campamentos de lona, el verde cede terreno al barro y las minas quedan bajo el control de grupos armados. Pero la violencia que hoy atraviesa estos territorios no comenzó con la llegada de los militares.

Durante años, organizaciones de derechos humanos han documentado abusos asociados a las economías mineras, desde la explotación laboral hasta distintas formas de violencia. En enclaves como Las Claritas y el Kilómetro 88, la disputa por el oro también ha sido una disputa por el territorio, por el trabajo y por quién tiene el poder de decidir sobre la vida de quienes habitan estas zonas.

Para entender por qué el sur venezolano terminó convertido en esto, no basta con mirar la crisis reciente; hay que seguir las pistas sobre cómo se construyeron los accesos a este territorio. Los mismos caminos por donde hoy se expanden la ilegalidad y la violencia son las huellas físicas de un proyecto estatal que comenzó hace seis décadas, cuando Caracas miró hacia el río Orinoco no con la intención de extraer oro, sino con la obsesión geopolítica de colonizar, poblar y "civilizar" una frontera que consideraba vacía.

La casa que debía cambiar el campo

Durante buena parte del siglo XX, las selvas del sur fueron vistas desde el centro del país como una periferia distante, poco conectada y habitada mayoritariamente por pueblos indígenas. El proyecto del Estado consistía en incorporar aquel espacio al mapa nacional a través de la vivienda rural, los asentamientos planificados y la colonización interna. El arquitecto y urbanista venezolano Ricardo Avella, investigador doctoral de la Universidad Tecnológica de Delft, analiza este proceso en su estudio publicado en 2024 en Amazônía: gta papers, titulado Modernizing the Venezuelan Amazon: Rural Housing as an Instrument of Cold War-Era Colonization.

A partir de archivos, investigaciones de campo y relatos de comunidades indígenas, su trabajo reconstruye cómo el Estado convirtió la vivienda de interés social en una herramienta que iba mucho más allá de resolver una necesidad habitacional. En 1958, con el retorno de la democracia tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela tenía ingresos petroleros suficientes para financiar un ambicioso proyecto de transformación del campo. Se creó entonces el Programa Nacional de Vivienda Rural, apoyado en décadas de experiencia acumulada por la División de Malariología. Por su parte, la reforma agraria de 1960 no buscaba únicamente redistribuir tierras, sino reorganizar por completo la vida rural.

En 1961, Venezuela firmó un acuerdo de cooperación con Mashav, la agencia de cooperación internacional de Israel. Sus especialistas trabajaron junto a funcionarios venezolanos en programas de desarrollo rural e introdujeron una idea de planificación integrada: la casa debía pensarse junto con la parcela, la producción agrícola, los servicios y la organización comunitaria.

“Una casa es más que un objeto. Es una producción social que puede diseñarse con un propósito político”, explica Avella. El modelo, sin embargo, partía de la premisa de que las viviendas tradicionales indígenas eran insalubres o atrasadas. La arquitectura de bloques y techos metálicos se convirtió entonces en una intervención estatal sobre la vida diaria.

Al trasladarse al sur del Orinoco, el programa buscaba fijar poblaciones estables y abrir vías de comunicación en zonas fronterizas. Pero la historia no fue la de un Estado imponiendo sus casas sobre comunidades pasivas. Avella encontró que muchos pueblos indígenas solicitaban activamente viviendas, escuelas o dispensarios; había negociación y apropiación, pero también un choque material. Por ejemplo, las estructuras estatales resultaban calientes para el clima local y muchas comunidades terminaron usándolas solo como depósitos o dormitorios, mientras seguían cocinando y haciendo vida social en las estructuras tradicionales construidas al lado

“Los pueblos indígenas de alguna manera abrazaron ciertas cosas que ofrecía el proyecto nacional del Estado venezolano y rechazaron otras”, explica.

La paradoja mayor fue el arraigo. “Una casa indígena tradicional puede desaparecer cuando una comunidad se desplaza, mientras una vivienda de bloques y techo metálico puede permanecer durante décadas”, continúa el investigador. Esta permanencia física forzó el sedentarismo de grupos cuyas formas de vida habían sido históricamente móviles. La casa llevó al Estado a donde era débil y determinó qué tipo de comunidad debía ocupar ese espacio.

Esta ambición de control pronto dejó de ser un esfuerzo aislado de vivienda rural para convertirse en una política de infraestructura mucho más agresiva y centralizada.

La conquista de un territorio

En 1969, bajo el primer gobierno de Rafael Caldera, el Estado creó la Comisión para el Desarrollo del Sur de Venezuela (CODESUR), adscrita al Ministerio de Obras Públicas dirigido por el ingeniero José Curiel Rodríguez. Caldera se referiría a la iniciativa como “La Conquista del Sur”, definiéndola como una empresa de soberanía. En sus escritos, Curiel estableció un paralelismo explícito con la expansión estadounidense hacia el oeste. El lenguaje revelaba la mirada oficial: el sur era un territorio cuya organización estaba por hacerse.

CODESUR construyó carreteras, penetró selvas, levantó centros cívico-militares y trazó pistas de aterrizaje en localidades apartadas como San Juan de Manapiare, San Simón del Cocuy, Maroa o el Cerro Yapacana. De acuerdo con Avella, para el Estado el primer paso para intervenir el territorio era hacerlo visible mediante levantamientos cartográficos y estudios de recursos. Por ejemplo, un informe de inteligencia estadounidense de 1973 confirma que la comisión estudiaba la colonización agrícola masiva e identificaba anomalías geológicas como el Cerro Impacto mediante estudios de radar.

Sin embargo, la transformación no estuvo concentrada en una sola institución. Junto a CODESUR actuaron el Instituto Agrario Nacional (IAN), los programas de vivienda rural y otras dependencias vinculadas con la reforma agraria y el desarrollo regional. Para 1975, el IAN había elaborado 33 proyectos integrales de reforma agraria. Ocho incluían población indígena. Cinco estaban al sur del Orinoco: Amacuro, Bolívar-Este, Amazonas, San Carlos de Río Negro y San Juan de Manapiare.

Por su parte, San Simón del Cocuy, en la triple frontera con Colombia y Brasil, se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos de CODESUR. Allí se construyeron viviendas y se instaló un aserradero que procesaba madera obtenida en la apertura de las vías de penetración. El propio diseño de un prototipo de vivienda de madera contemplaba aprovechar esos recursos para la construcción.

Hoy, muchas de estas viviendas, pistas de aterrizaje, embarcaderos y vías de penetración construidas durante aquellos años permanecen en el territorio y han tenido vidas posteriores. “Algunas siguen siendo utilizadas por comunidades e instituciones del Estado; mientras otras son utilizadas tanto por comunidades que necesitan llegar a centros poblados con mayor acceso a servicios como por actores vinculados a la minería ilegal”, comenta Avella.

Del hierro al oro

Mientras CODESUR ejecutaba este control geopolítico y demográfico en las fronteras fluviales y amazónicas occidentales, el Estado desplegaba un tentáculo económico e industrial completamente distinto en el flanco oriental del escudo guayanés. En 1960 se había creado la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) con un propósito puramente extractivo y macroindustrial: explotar el hierro, la bauxita y el potencial hidroeléctrico del río Caroní.

Con las décadas, sin embargo, el interés industrial del Estado comenzó a desplazarse de los metales ferrosos hacia vetas más codiciadas en el mapa de la región. Uno de los casos más significativos de esta transición fue Las Cristinas, un importante depósito de oro ubicado en el municipio Sifontes, en el estado Bolívar, cerca de la localidad minera de Las Claritas. El yacimiento comprende varios sectores, entre ellos Las Cristinas 4, 5, 6 y 7.

Según un documento presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) como parte de un expediente de Crystallex International Corporation, en 1991 la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) otorgó a la canadiense Placer Dome el derecho a formar una empresa para explorar y explotar esos depósitos. De esos acuerdos se constituyó formalmente en 1992 la Minera Las Cristinas (MINCA), con una participación de 70% para Placer Dome de Venezuela y del 30% para la CVG.

Esta apertura corporativa chocó de frente con los pasivos ambientales. El caso emblemático ocurrió en la Reserva Forestal Imataca (creada en 1961 como Reserva Forestal Selva El Dorado). En 1997, el Ejecutivo aprobó el Decreto 1850 para regular y permitir formalmente la actividad minera dentro de esta área protegida, lo que desató un intenso conflicto con organizaciones ambientales y de la sociedad civil que escaló a los tribunales.

Para Emiliano Terán Mantovani, sociólogo venezolano e investigador del extractivismo, este episodio puso en evidencia una tensión que marcaría las décadas siguientes: la gestión de un espacio que era, al mismo tiempo, una reserva ecológica y una zona rica en minerales. Según el investigador, esta etapa coincidió además con una crisis estructural del modelo petrolero tradicional que obligó al Estado a buscar nuevas fuentes de renta en el sur del país.

“El lenguaje también cambió. Ya no se hablaba solamente de colonización o modernización rural. Aparecieron conceptos como inversión, competitividad y grandes proyectos mineros”, explica.

El oro en tiempos de crisis

Cuando la bonanza petrolera de principios del siglo XXI se evaporó, la urgencia financiera del centro político anuló cualquier promesa de conservación o soberanía indígena. En 2011, el Decreto 8.413 reservó al Estado las actividades de exploración y explotación del oro. Cinco años después, bajo el mandato de Nicolás Maduro, esa necesidad fiscal tomó una escala territorial sin precedentes. El Decreto 2.248 creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un área de 111.843,74 kilómetros cuadrados en el estado Bolívar destinada a la extracción acelerada.

Para entonces, el oro adquirió una función diferente a la que habían tenido los minerales en el proyecto industrial de décadas anteriores. Según Terán Mantovani, ya no se trataba de extraer para alimentar complejos metalúrgicos y planificar el crecimiento nacional, sino de obtener divisas de emergencia en medio de un colapso económico.

“Cuando hay un boom, la diferencia está en la idea de una expansión hacia la modernidad. Pero cuando entra en declive, pierde sentido la narrativa expansionista, esa idea de progreso, y entra la narrativa de salir de la crisis mediante la extracción”, explica el investigador.

Aunque el Arco Minero fue presentado por el Ejecutivo como una vía para atraer inversiones y diversificar la economía, la realidad en el terreno tomó formas marcadamente informales y violentas. La minería ilegal se expandió por Bolívar y Amazonas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial REDESCA, la actividad trascendió los límites geográficos del decreto hasta invadir áreas protegidas como la Reserva Forestal La Paragua y el Parque Nacional Canaima. Los organismos han advertido de forma reiterada sobre la consolidación de estructuras armadas criminales, casos de trata de personas, explotación sexual, contaminación por mercurio y el severo impacto en la salud de los pueblos originarios.

En Las Claritas, en el municipio Sifontes, esta mutación macroeconómica adquiere un rostro concreto. José, cuyo apellido se reserva por razones de seguridad, lleva aproximadamente un año trabajando como minero artesanal. Se identifica como indígena pemón y pasa meses sin ver a su familia. Relata que entró a la mina porque el conuco (una pequeña parcela agrícola) de su pareja dejó de producir lo suficiente para sostener su hogar en medio de la crisis.

En este contexto, el oro desplazó al bolívar de la cotidianidad. “Desde hace tiempo la moneda es el oro y uno tiene que buscarla”, explica. “Cuando la minería comenzó a crecer en nuestros territorios ancestrales, las comunidades se encontraron frente a la presencia de garimpeiros, criminales criollos y guerrilla” concluye.

Ante el desamparo de un Estado que nunca completó la demarcación formal de sus tierras, facciones de las propias comunidades optaron por explotar los yacimientos por cuenta propia. El argumento de los locales es pragmático y crudo: si ellos no extraen el oro, los grupos irregulares armados terminarán haciéndolo de todas formas bajo condiciones mucho más violentas.

Para Terán Mantovani, estas fracturas demuestran por qué la historia del sur no puede reducirse a una línea recta de continuidad perfecta, sino a una región que se transforma. El Arco Minero no es simplemente CODESUR con otro nombre; entre ambos proyectos median cambios profundos en la naturaleza del Estado, la economía y los actores que controlan el terreno.

“El sur siempre se convierte en la respuesta a una necesidad nacional definida desde el centro del país. Durante el siglo XX, esa necesidad estuvo vinculada a la soberanía, la integración territorial y la industrialización. En el siglo XXI, adquirió otra dimensión: encontrar recursos en medio de una economía en crisis. Lo que cambió fue la promesa”, concluye el especialista.

No existe, por tanto, una relación lineal entre una vivienda de bloques construida en San Simón del Cocuy y una mina ilegal en Las Claritas. Ni tampoco entre un mapa trazado por CODESUR y una retroexcavadora devorando un morichal. El desarrollismo modernizador de Rafael Caldera responde a coordenadas históricas ajenas al proyecto político de Hugo Chávez, cuya Constitución de 1999 introdujo un cambio normativo definitivo al sepultar el histórico lenguaje paternalista del Estado y reconocer los derechos colectivos indígenas.

Sin embargo, más allá de las diferencias entre estos proyectos históricos, persiste una disputa sobre quién tiene derecho a decidir el futuro del sur venezolano. Avella vuelve sobre esa tensión y sus consecuencias: “Ninguna respuesta es exacta, porque nunca se ha imaginado ese territorio, ni se ha pensado su futuro en discusión con las personas que allí lo habitan; siempre ha sido una ambición proyectada desde afuera”, concluye.