La politización merma la Justicia "en muchos países" de Latinoamérica, una región en la que hay sistemas judiciales desarrollados, pero también otros con carencias que afectan su independencia, afirmó esta semana la titular de la secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la uruguaya Elena Martínez Rosso.
"La politización y la corrupción son dos elementos que inciden mucho en la independencia de la Justicia", dijo Martínez Rosso a la agencia EFE en el marco de la inauguración el pasado 21 de octubre de la Asamblea Plenaria de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Ciudad de Panamá.
Martínez Rosso, quien es la ministra de la Suprema Corte de Uruguay, señaló que "en muchos países hay una injerencia directa del Ejecutivo [en la Justicia] y eso asegura la politización del sistema, lo que cambia con el gobierno de turno", pues los magistrados de los órganos superiores de Justicia son elegidos por el presidente.
La magistrada uruguaya puso a su país como un modelo de justicia independiente, pues cuenta con "un componente importante" en el método de escoger a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.
"Los magistrados son electos por dos tercios de la Asamblea General, que es la reunión de ambas cámaras, y si no, la Constitución tiene previsto una cláusula por la cual si en 90 días no se logra un acuerdo, entonces la vacante se llena con el ministro de tribunal más antiguo", explicó Martínez Rosso.
"Aquí tampoco hay injerencia de ningún otro poder", añadió Martínez Rosso, quien declaró tener el "privilegio y honor de pertenecer a un sistema judicial que siempre está en los estándares más altos de todos los niveles medibles".
La magistrada apuntó que un elemento fundamental para la no politización del sistema es "la no existencia de puertas giratorias, que es un fenómeno que se da en muchos países de América: salen de la política, van al poder judicial y viceversa, luego van a los estudios privados y vuelven".
La XX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que contó hasta el 22 de octubre con la participación de representantes de los máximos órganos de Justicia de los 23 países miembros, tiene como lema "La sostenibilidad de la paz social: retos de la administración de justicia en Iberoamérica frente a las nuevas exigencias del milenio".
En la sesión inaugural participó el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien en su discurso abogó por respetar la independencia de la Justicia, que debe ser "igual para todos y ningún grupo económico o político puede estar por encima de la ley".
"La integridad de la conducta judicial tiene impacto directo en la convivencia social, incidiendo en los factores socioeconómicos que afectan el desarrollo de nuestras naciones y la confianza en el sistema de justicia”, dijo Cortizo.
En la Asamblea Plenaria se presentaron informes relativos al Protocolo Iberoamericano sobre Independencia y Responsabilidad Judicial; bases para el establecimiento de un Código de Protección Social del Juez y de la Jueza; y el estatuto de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial, entre otros, de acuerdo con la información oficial.
