Defender el medioambiente es año tras año una labor más peligrosa para los liderazgos de América Latina, especialmente en Colombia, donde estos activistas viven con la amenaza constante de ser silenciados ante la falta de voluntad y capacidad del Gobierno para protegerlos. Así lo revela un informe recién presentado en la ciuda de Bogotá.
El estudio Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica analiza las condiciones "que perpetúan las desigualdades profundas" para los liderazgos ambientales en Honduras, Brasil, Perú, Guatemala, Bolivia y Colombia.
El estudio, coordinado por la Agencia Católica para el Desarrollo (Cafod) y cofinanciado por la Unión Europea, advierte sobre Colombia que el Estado ha demostrado que carece de capacidad o voluntad para proteger a sus líderes de la violencia, pues 177 de los 331 asesinatos de defensores ambientales en el mundo ocurrieron en Colombia, según Front Line Defenders.
"Nuestro informe revela una tendencia alarmante de ataques a quienes están en la primera línea de protección de derechos humanos y medioambiente en toda América Latina", resumió el pasado 21 de octubre durante la presentación del documento la coordinadora para la región andina de Cafod, Emily Mulville.
El capítulo sobre Colombia recoge las denuncias de las comunidades indígenas de La Guajira defensoras del agua que se han visto afectadas por la mina El Cerrejón, el proyecto minero de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, así como los asesinatos de cuatro lideresas del departamento del Cauca, crímenes en los que todavía no hay justicia.
Según las investigaciones, la situación en Colombia se ha exacerbado con los efectos de la pandemia, principalmente en las zonas rurales, y por el recrudecimiento del conflicto armado.
Por esa razón, el informe concluye que, aunque el país andino cuenta con un sistema de protección por medio de la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio del Interior, un sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y mesas territoriales de garantías, "ninguno de estos mecanismos es totalmente efectivo para proteger las vidas" de los defensores.
Las razones por las que Colombia encabeza la lista de asesinatos de defensores ambientales son variadas pero se resumen en que hace falta un enfoque preventivo e integral; el Gobierno apoya y protege al sector de las empresas extractivas; se ha intentado relajar las normas de consulta previa y los grupos armados se han fortalecido, lo que ha creado un clima de represión en un contexto de crisis social y permite que prevalezca la impunidad.
"El informe hace un llamado a la acción urgente, a los Gobiernos y a las empresas para que protejan a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que están arriesgado sus vidas", instó Mulville.
En general, las agresiones en la región están vinculadas a "poderosas fuerzas políticas y económicas que buscan beneficiarse del acceso y control desigual a la tierra y los recursos naturales, agravados por restricciones al derecho a la consulta previa y la protesta pacífica".
Esto hace que los líderes ambientales también sufran por la estigmatización y criminalización de su labor, que no sean protegidos por el Estado, y durante la pandemia por el coronavirus se profundizaron los riesgos a los que se expone, todo eso mientras enfrentan a cada vez más barreras jurídicas y financieras que impiden el acceso a la justicia.
"Esta realidad es alarmante e inaceptable (...) y a pesar de los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos están encontrando estrategias innovadoras de protección y de resistencia", destacó Mulville al explicar que los ataques de los que son víctimas los defensores no son casos aislados y responden a patrones comunes en toda la región.
