La movilidad compartida ha cambiado la forma en que nos desplazamos por las grandes ciudades. La proliferación de bicicletas, motos eléctricas y patinetes de uso compartido ha revolucionado el espacio público en las metrópolis de medio mundo. Más allá de una moda pasajera, se trata de un fenómeno imprescindible en la lucha de las grandes urbes por reducir las emisiones de gases contaminantes y mejorar su calidad del aire.
El éxito (y perdurabilidad) de la movilidad compartida dependerá en gran medida de una infraestructura adecuada y de políticas públicas que la fomenten, así como del diseño de un marco regulatorio para la buena convivencia con otras formas de transporte urbano sostenible. Conscientes de ello, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha un nuevo servicio de bicicleta compartida y está analizando la viabilidad de un servicio metropolitano de moto eléctrica, además de fomentar la homogenización de las normativas entre municipios y lanzar un paquete de medidas para ordenar la circulación en la vía pública y mejorar la calidad del aire en toda el área metropolitana.
"La movilidad compartida se ha convertido en una alternativa y un complemento de movilidad que permite a las personas usuarias acceder a vehículos cuando lo necesiten, satisfaciendo sus necesidades de movilidad, optimizando su uso y sin la necesidad de tener uno en propiedad. Al mismo tiempo, como se trata generalmente vehículos eléctricos, son sistemas que permite reducir la contaminación, fomentar una movilidad más sostenible y promover los vehículos con energías limpias", explica Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB.
AMBici, tecnología y sostenibilidad
AMBici, el nuevo servicio de bicicleta compartida impulsado por AMB, está activo desde enero pasado en seis municipios de la metrópolis de Barcelona: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, el Prat de Llobregat y Sant Just Desvern. Cuenta con la última generación de bicicletas y llegará progresivamente, en los próximos meses, a un total de 15 poblaciones. “Nuestro objetivo es poner en el centro del espacio público metropolitano un sistema eficaz de bicicleta eléctrica compartida que sirva como complementario al transporte público. Funciona a través de una aplicación y cuenta con bicicletas 2.0, con la última tecnología y altos estándares de calidad. Hemos visto que el nivel de calidad de las bicicletas es determinante en la frecuencia de uso”, explica Marc Iglesias, jefe de sección de Movilidad Sostenible del AMB.
Una vez desplegado en su totalidad, AMBici ofrecerá a los ciudadanos un total de 2.600 bicicletas eléctricas en 236 estaciones. El nuevo servicio está integrado con el sistema de transporte público colectivo de la metrópolis de Barcelona para facilitar la intermodalidad con el bus metropolitano, el metro, el tranvía y el ferrocarril; y también conecta con la red de carriles de bici Bicivia.
“AMBici supone un nuevo impulso para potenciar y facilitar opciones de transporte sostenible, ya que la movilidad tiene un impacto muy alto en la calidad del aire de las grandes ciudades y es clave en la lucha contra el cambio climático. En la metrópolis de Barcelona, sin ir más lejos, el 80% de la contaminación proviene del tráfico rodado y la movilidad genera el 30% de las emisiones de CO2”; asevera Iglesias.
Rumbo al ‘motosharing’ metropolitano
Para facilitar nuevas opciones de movilidad sostenible, el Área Metropolitana de Barcelona está analizando la viabilidad de un servicio metropolitano de moto eléctrica compartida. Para ello, en 2022 se constituyó la Mesa Metropolitana de la Moto Eléctrica Compartida, un foro multisectorial integrado por cerca de 90 actores públicos y privados que debe sentar las bases de un posible futuro servicio de motosharing en la Barcelona metropolitana. A la mesa se han sumado algunas de las principales empresas que operan en la ciudad de Barcelona, como Acciona Mobility, Cooltra, Yego, Cabify, Seat Mo, Reby, o Tucycle. Actualmente, un total de nueve operadores cuentan con licencias del Ayuntamiento de Barcelona y la mitad de ellas dan servicio en otros municipios de la metrópolis.
“Se ha constituido un grupo de trabajo específico para definir los criterios idóneos para implantar una regulación de este servicio a nivel metropolitano. Se han realizado jornadas con diferentes actores, desde operadores a entidades, asociaciones e instituciones; compartiendo experiencias a nivel europeo, así como cuestiones técnicas y jurídicas. Hemos realizado un trabajo conjunto, viendo qué se está haciendo en ciudades como Milán, Madrid o París, así como en la propia ciudad de Barcelona. Ahora estamos utilizando estos contenidos para extender un servicio a toda el área metropolitana en un futuro”, explica Maite Pérez, jefa de servicio de Planificación de Movilidad Sostenible del AMB. El futuro de la movilidad, añade, “pasa por la multiplicidad de opciones de transporte sostenible, siempre desde una visión metropolitana, y por la convivencia entre ellas; siendo el transporte público el eje vertebrador”.
Salud pública y emergencia climática
Se estima que la movilidad urbana es responsable de entre el 20 y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, provocando en la Barcelona metropolitana más de 3.000 muertes anuales de forma prematura por la contaminación atmosférica. La apuesta del AMB por la movilidad compartida, recogido en el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024, forma parte de un paquete de medidas para descomprimir el tráfico, reducir las emisiones mejorar la calidad del aire y atajar este reto de salud pública.
“La movilidad compartida se ha convertido en una cuestión estratégica para la Barcelona metropolitana, una iniciativa que se suma a la Zona de Bajas Emisiones o la electrificación del sistema de transporte público. Queremos que los ciudadanos puedan moverse de una manera sostenible, cómoda y eficaz; al mismo tiempo que reducimos el impacto medioambiental en un contexto de emergencia climática. Las grandes metrópolis del mundo tenemos el reto de racionalizar el uso del vehículo privado y reducir nuestra huella de carbono de forma urgente”, concluye Iglesias.
