Polémica en Perú por el indulto al expresidente Fujimori

El Gobierno y organismos internacionales critican la decisión del Constitucional de excarcelar al político, condenado por crímenes de lesa humanidad.

Familiares de las víctimas desaparecidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori se manifiestan en contra de indulto al expresidente, el 19 de marzo de 2022, en Lima (Perú). EFE/PAOLO AGUILAR
Familiares de las víctimas desaparecidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori se manifiestan en contra de indulto al expresidente, el 19 de marzo de 2022, en Lima (Perú). EFE/PAOLO AGUILAR

Polémica en Perú por la decisión el pasado jueves del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en las masacres cometidas por el destacamento militar Colina.

El Gobierno de Pedro Castillo ya ha anunciado que intentará revertir el dictamen del tribunal, mientras en la calle se suceden las protestas ciudadanas. Al grito de "indulto es insulto", este sábado cientos de ciudadanos convocados por organizaciones civiles y sociales marcharon en Lima para expresar su rechazo a la decisión del TC de aceptar un recurso que restituye el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.

La excarcelación de Fujimori obedece a un recurso presentado por el abogado Gregorio Parco, quien cuestionaba la prisión debido a que el expresidente “es una persona de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad”.

La aceptación favorable del recurso por parte del TC se produjo después de una votación con empate a tres, que se dirimió con el voto del presidente del órgano, Augusto Ferrero, vinculado políticamente al fujimorismo.

Preocupación internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por la reactivación del indulto. El organismo indicó que esta medida "afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales" en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado.

La medida que también fue cuestionada por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas. "Ponemos énfasis en que el derecho internacional de los derechos humanos restringe las amnistías o perdones en casos de serias violaciones a los derechos humanos", manifestó la alta comisionada de este organismo, a alta comisionada Michelle Bachelet.

A nivel interno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, comparó a Fujimori con el líder nazi Adolfo Hitler, mientras que el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, anunció que el Gobierno recurrirá a los organismos de justicia internacional para intentar revertir la decisión del TC.

La salida de Fujimori

El dictamen del TC implica que Fujimori alcanzará la libertad tras haber cumplido 15 de los 25 años de condena que se le impuso por el asesinato de 25 personas en las matanzas cometidas en los noventa por el grupo Colina.

Los abogados cercanos al caso estiman que Fujimori podría salir la semana que viene de Barbadillo, el penal ubicado en barrio limeño de Ate y construido expresamente para él, con una celda de tres ambientes donde recibe numerosas visitas semanalmente y cuenta con asistencia médica durante todo el día.

Primero, los magistrados del TC deben redactar la sentencia y firmarla. Hasta que esto no suceda, ninguna de las otras maquinarias administrativas se pondrán en marcha, aseguró a EFE la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador.

En cambio, el abogado del Fujimori, Cesar Nakazaki, fue más optimista y calculó que la excarcelación podría darse entre el lunes y el martes próximo.

El letrado detalló que el alto tribunal debe primero oficializar su resolución al juez de ejecución penal supremo, quien debe acatar la decisión y dar luego la orden de libertad al Instituto Nacional Penitenciario.

EFE

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