Un trabajo de hormiga, pero muy valioso, es el que han realizado durante años organizaciones feministas locales en varios estados de México hasta conseguir incluir en la agenda política el debate de la despenalización del aborto y que su acceso sea igualitario en todo el país. Informa desde Ciudad de México, Cristina Bazán.
El papel de estas organizaciones ha sido fundamental para impulsar la movilización social y garantizar los cambios culturales que se han ido cristalizando en los últimos años.
Esta batalla permitió que, tras una década de la despenalización del aborto en Ciudad de México, Oaxaca le hiciera frente a la ultraderecha en 2019 y aprobara la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y que a esa lista se hayan sumado Hidalgo, Veracruz y, recientemente, Coahuila.
“Con todo este impulso de la marea verde que además viene del contexto regional y latinoamericano hemos visto una explosión de colectivas locales, mujeres movilizadas de todas las edades y una diversidad de contextos en todo el país. Impulsar la movilización social ha sido muy importante, pero también lo ha sido la incidencia legislativa y judicial”, ha declarado a Efe la subdirectora del Grupo de información en reproducción elegida (Gire), Isabel Fulda.
La incidencia local también vio sus frutos el pasado 7 de septiembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y al personal médico que las ayude con el consentimiento de ellas, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país, por medio un fallo que invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila.
"Este no es un mérito de la Suprema Corte, es un logro de miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas y jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos", resaltó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, un día después del trascendental dictamen.
Esta decisión alimentó la esperanza de grupos feministas de otros estados como Quintana Roo y Yucatán, donde ya se preparan amparos y otros recursos para que los Congresos adecúen la normativa local a los criterios de la Corte.
"Esto permite que cada estado, poco a poco, vaya despenalizando el aborto en sus códigos penales. Ese precedente va a cambiar completamente el contexto y, aunque se prolongue unos años, el panorama ahora está a favor de los derechos reproductivos, lo que es súper emocionante", asegura la oficial de programas de Planned Parenthood Global para México, Tania Socarras.
A diferencia de otros países de América Latina, en México el acceso al aborto depende de la legislación de cada uno de los 32 estados que conforman el país, por lo que el panorama es desigual.
En 27 de ellos, solo se puede abortar bajo determinadas causales como las de violación, peligro de muerte o riesgo a la salud de la mujer, que el feto presente alteraciones congénitas o genéticas graves, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida o que haya causas económicas para interrumpirlo.
No obstante, el acceso sigue siendo muy limitado, incluso si quien lo solicita cumple con los requisitos.
"Sabemos desde Gire que hay muchos obstáculos. En términos de aborto por violación tenemos un marco bastante protector, no solo en los códigos penales sino también en la Ley General de Víctimas, la NOM 046. En teoría tendría que haber acceso, pero lo que vemos es que hay muchos obstáculos", relata Fulda.
Debido a estas barreras, los grupos feministas locales han empezado a poner al aborto sobre la mesa de discusión de los Congresos, pero el camino no ha sido fácil.
Yunitzilim Rodríguez, de Marea Verde Quintana Roo, cuenta que la lucha del grupo al que pertenece empezó en 2018, contagiado por la "marea verde" de Argentina, cuando organizaron una manifestación y empezaron a hacer cabildeo legislativo.
"Hicimos una rueda de prensa y fue como ¿qué onda con estas mujeres? ¿Cómo se atreven? La criminalización y el estigma fueron muy grandes. Nos dijeron asesinas, recibimos amenazas, empezaron a publicar nuestras fotos y a decir quiénes éramos", lamenta.
Pese a las agresiones, la convocatoria por el día del aborto seguro fue un éxito y, conscientes del poder de la movilización, empezaron a impulsar con fuerza la despenalización del aborto hasta que llegó al pleno del Congreso.
Tras dos años de protestas, incidencia, talleres y presión política, el Legislativo de Quintana Roo rechazó la propuesta de despenalización en marzo de 2021, pero las colectivas lograron posicionar el tema en todo el territorio.
Algo similar han hecho las representantes de la organización Gobernanza MX. Silvia Chuc, una de las líderes, admite que el trabajo "más difícil" ha sido cambiar el tono de la discusión. "Al principio era toparse con todos estos mitos y con discursos de odio hacia las mujeres", explica.
"Hubo que llevar el diálogo hacia un tono de derechos humanos, de salud pública, de sensibilización. Ha sido complejo, pero se está logrando. No lo hemos hecho solas, cada acción cuenta y también importa el contexto internacional y nacional", valora.
Además del cabildeo y la incidencia, organizaciones como Gire, Marea Verde, Ajal Yaakun y Unasse dan servicios de acompañamiento de aborto seguro con medicamentos o a quienes quieren hacerlo por la vía legal.
"Sabemos que las personas que necesitan abortar lo van a hacer, solo que lo harán fuera de la ley lo cual podría ser inseguro, algo que cada vez ocurre menos gracias al acompañamiento de colectivas y al acceso de aborto por medicamentos", precisa Fulda.
El trabajo y la movilización de estas organizaciones locales también se ha vuelto fundamental para evitar que quienes quieren abortar sean estafadas. Cristina Montejo, de Ajal Yaakun, conoce casos en los que dentro del sistema de salud les han dado medicamentos equivocados o les cobran por ellos.
"Les piden hasta 3.000 pesos (148 dólares). Y en el caso de Yucatán, han llegado a cobrar 20.000 pesos (1.000 dólares) por un aborto en 'versión fácil' y 2.000 pesos (100 dólares) en 'versión difícil' en el que solo les dan las pastillas. No hay manejo del dolor, no hay acompañamiento emocional, no hay nada", relata.
En los casos de violación, las pastillas ni siquiera son una opción en el servicio público. Estas organizaciones, en cambio, consiguen el medicamento y asesoran durante todo el proceso.
Tras la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, las colectivas de Yucatán y Quintana Roo ya preparan estrategias jurídicas y políticas para que se empiece a discutir la despenalización del aborto en sus estados.
Así, Marea Verde está elaborando contenidos para socializar la decisión de la Corte y ya tiene un acuerdo con legisladoras de Quintana Roo para que el nuevo proyecto pase a las comisiones.
Unasse, por su parte, quiere que los casos en investigación por el delito de aborto que haya en Yucatán se cierren, aunque el verdadero problema, asegura Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la organización, está en los casos de mujeres que han sido procesadas por delitos como homicidio en razón de parentesco.
"Estamos preparando argumentos para que se demuestren que son abortos y que, por lo tanto, no se las persiga", señala.
Además, están a la espera de que una de diputada presente una iniciativa de despenalización del aborto y trabajan a la par en una estrategia de amparos para presionar al Congreso para que legisle.
Las colectivas creen que el tema del aborto avanzará más rápido de lo esperado porque lo están tomando con sus propias manos. "Y si el Estado lo legaliza o lo despenaliza, pues estará bien, pero nosotras seguimos en este proceso de acompañamiento y eso marca una diferencia con otros problemas. Nuestra labor como acompañantes no va a desaparecer", dice la representante de Ajal Yaakun. EFE
(Este reportaje forma parte de una serie que cuenta con el apoyo de Planned Parenthood. El contenido editorial de EFE es independiente de las posiciones de esta organización)
