Con un dispositivo de seguridad extremadamente riguroso, que movilizó a cerca de un millar policías, Honduras extraditó este jueves al expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos.
El hombre que ocupó el poder del país centroamericano entre 2014 y 2022 se enfrentará ahora a la Justicia estadounidense, que lo acusa de participar en una conspiración de corrupción y tráfico violento de drogas.
Orlando comparecerá este viernes ante el juez Stewart D. Aaron en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde la Fiscalía solicitará que se le apliquen tres cargos: conspirar para introducir cocaína en EE UU, usar y transportar ametralladoras y explosivos para el traslado de la droga y conspirar para el delito anterior. Estos dos últimos delitos llevan acarreada la prisión a perpetuidad.
"Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado", afirmó el fiscal general de EE UU, Merrick Garland, en una rueda de prensa celebrada tras la extradición.
Los investigadores estadounidenses creen que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia EE UU a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países, y como parte de esa conspiración recibió "millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares".
El político hondureño fue detenido en su residencia en Tegucigalpa el pasado 15 de febrero, luego de culminar su mandato, el 27 de enero.
La captura de Hernández, un hecho sin precedentes en la historia de Honduras, se produjo un día después de que EE UU solicitara su arresto con fines de extradición.
Una extradición prevista
La extradición del expresidente de Honduras —que abandonó el país desde la base aérea Hernán Acosta de Tegucigalpa— era algo que muchos de sus compatriotas veían venir, con más insistencia luego de que su hermano menor, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, fuera capturado en noviembre de 2018 en Miami y condenado en Nueva York, en marzo de 2021, a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.
A ello se sumaron nuevas denuncias desde EE UU, tanto de narcotraficantes hondureños que enfrentan juicio en ese país, como de la misma Justicia.
Una de las acusaciones más fuertes contra Juan Orlando Hernández figura en un documento de 2019 de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, relacionado con el caso contra su hermano y que vinculaba al entonces presidente hondureño con una conspiración en la cual presuntamente usó dinero del narcotráfico para lograr su segundo mandato.
El mismo documento salpica al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), pues señala que presuntamente solicitó apoyo financiero y logístico del narcotráfico para la campaña de las elecciones de 2009, tanto para él, como para Juan Orlando Hernández, quien entonces, como diputado, buscaba la presidencia del Parlamento, objetivo que logró.
Entre más trascendían las denuncias, Hernández reforzaba su defensa, incluso este jueves, horas antes de su extradición, de su lucha contra el narcotráfico. La defensa de esa lucha, desde que era presidente del Parlamento hondureño, la hizo en su país, en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, lo mismo que en reuniones en Washington con altos funcionarios de EE UU.
