El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este jueves el cierre de siete universidades privadas, con lo que el número de centros de estudios superiores ilegalizados desde diciembre pasado se elevó a 14.
El Ministerio de Gobernación canceló los registros de las siete universidades, cuatro originarias de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá, que estaban registradas como organismos sin fines de lucro, según publicó el diario oficial La Gaceta.
La cartera de Gobernación argumento que los siete centros de estudios superiores incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final).
Además, no reportaron sus juntas directivas del país de origen, las donaciones previas provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones, y carencia de documentos de identidad de sus directivos, representante legal en Nicaragua y proveedores de fondos.
Las universidades canceladas de origen estadounidense son la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile. Las de origen costarricense ilegalizadas son la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem). En tanto, la de origen panameño es la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
La UTM emitió un comunicado en el que negó tener relación con "la asociación mencionada", aunque tampoco dio pistas sobre su destino. "La Asociación mencionada en dicha publicación (La Gaceta) y en las redes sociales de los medios de comunicación, no tiene ninguna relación con nuestra institución", afirmó la UTM.
El cierre de las universidades se suma al de cinco que fueron ilegalizadas el miércoles por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a petición del Ministerio de Gobernación. Los centros de estudios afectados por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).
A mediados de diciembre pasado, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y luego hizo lo mismo con la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac). El Parlamento nicaragüense ha justificado los cierres alegando que las universidades "han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro", o porque su "Junta Directiva se encuentra acéfala".
El estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU) prometió que los alumnos no se verán afectados en sus carreras ni en sus títulos, e incluso se comprometió a que estos gozarán de aranceles más bajos, una vez que sean absorbidos por el sistema educativo gubernamental. Con esto, se elevaron a 87 las entidades locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Incertidumbre entre el alumnado
Los estudiantes viven una situación de incertidumbre ante el cierre sorpresivo de al menos 14 universidades privadas de Nicaragua, 12 en los últimos dos días, pese a que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior nicaragüense, aseguró que garantizará la continuidad académica.
Por segundo día consecutivo, el CNU reafirmó "su compromiso con la estabilidad y continuidad educativa con calidad", para que los miles de alumnos que estudian en las universidades afectadas puedan continuar con sus estudios de manera normal, aunque no ha encontrado eco entre los universitarios.
Movimientos estudiantiles como la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) o la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), demandaron el restablecimiento de la personalidad jurídica de los centros de estudios cancelados, la continuidad de la educación, y se solidarizaron con los estudiantes y sus padres por lo ocurrido. El CNU prometió "reducción de los aranceles" a los estudiantes en los recintos, que ahora forman parte del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional (Parlamento), dominado por diputados sandinistas y sus aliados.
El tema de los aranceles no es una prioridad entre los estudiantes, sino la calidad de la educación, según refirió la CUDJ. LEYES Y AUTONOMÍA "Manifestamos nuestra preocupación por la instrumentalización de las leyes por parte de los Poderes del Estado, para cerrar universidades por razones políticas (...), el control político en las universidades agravan los retos de la educación de calidad en Nicaragua y puede ocasionar graves consecuencias (académicas)", sostuvo la CUDJ.
La experta constitucionalista y miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, María Asunción Moreno, dijo que la "Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación".
Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que en 2018 fue tomada por los alumnos para exigir autonomía universitaria y la renuncia del presidente Daniel Ortega, se citaron para manifestarse frente al campus en Managua, aunque sin éxito.
La sede de la Upoli, así como de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), y Universidad Paulo Freire (UPF), fueron rodeadas por policías y personas de civil ajenas a los movimientos estudiantiles, según pudo constatar Efe. Algunos jóvenes que se identificaron como estudiantes universitarios compartieron videos en los que se observaba la presencia de policías y de lo que ellos identificaron como "paramilitares", frente a los portones de las universidades. Organizaciones sindicales de las universidades afectadas, de afiliación sandinista, mostraron su "total respaldo a las disposiciones que determinaron la Asamblea Nacional y el CNU". PIDEN
En tanto, en un comunicado, estudiantes y docentes de la Uneh afirmaron que estarán "facilitando todo el proceso de traspaso de calificaciones y expedientes académicos a quien las autoridades del CNU indiquen". Mientras, los "estudiantes activos" de la Upoli, demandaron al Parlamento y al CNU el regreso de la personalidad jurídica, estabilidad laboral para los trabajadores, así como "mantener intactos" las notas e historial académico, y que "no se exponga a ningún estudiante por exigir sus derechos a tener una educación digna y de calidad".
Hasta ahora se desconoce el número de estudiantes afectados, aunque solamente la Upoli superaba los 8.500 alumnos, mientras que la Uhispam sumaba 3.980. Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde 2018, cuando los estudiantes universitarios lideraron una ola de protestas contra Ortega que fueron reducidas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
