Al cabo de un juicio que desde mayo de 2019 ha tenido en vilo a Argentina, un tribunal condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a la pena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en relación a la concesión de obras viales.
Los jueces, sin embargo, absolvieron a la mandataria en los cargos por presunta asociación ilícita por los que también la acusaba la Fiscalía, que en este juicio había solicitado una pena de 12 años de cárcel para Fernández.
Tras conocer la sentencia, la expresidenta argentina atribuyó su condena a la "mafia judicial paraestatal" que la quiere "presa o muerta", y aseguró que no será "candidata a nada" en las elecciones de 2023, pese a la expectación generada en los últimos meses. "No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral", explicó la dirigente de la coalición Unión Ciudadana, quien recordó que todos los cargos a los que accedió en su carrera política fueron "siempre por el voto popular".
En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso diversas penas de prisión a Báez y a siete exfuncionarios públicos, pero absolvió a otros cuatro acusados, entre ellos a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015.
"Vínculos promiscuos y corruptos"
El tribunal, que difundirá los fundamentos de su fallo el 9 de marzo próximo, dijo en un comunicado que tiene la "certeza" de que entre 2003 y 2015 "tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional" mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz que "fueron sistemáticamente adjudicadas" a empresas vinculadas a Báez.
Los jueces afirmaron que existieron "vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la Administración pública, nacional y provincial, y las empresas" de Báez.
Esos "lazos", indicaron, "fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)".
Respecto a la absolución por asociación ilícita, alegaron que "no se encuentra configurado el requisito típico objetivo vinculado a la pluralidad de planes delictivos".
El tribunal ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
Un juicio convulso
Mientras que Cristina Fernández rechazaba en su mensaje telemático ser culpable de defraudación a la Administración pública y anticipaba que apelará el fallo, la oposición ha reaccionado positivamente a la sentencia contra Fernández, cuyo mandato caduca el 10 de diciembre de 2023.
En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el ataque que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidenta en el proceso judicial.
"Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que quieren: presa o muerta", aseguró Fernández.
A pesar de que, en agosto pasado, cuando se supo la pena que solicitaba la Fiscalía para la expresidenta, hubo ruidosas movilizaciones en respaldo a Fernández, esta vez las manifestaciones fueron más acotadas y no se han registrado incidentes.
