La frontera de Estados Unidos con México vive una nueva crisis migratoria.
Miles de migrantes llegados de distintos países de América Latina esperaban estos días en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, a que se resolviera el pleito judicial sobre el posible fin de las restricciones a la inmigración impuestas en terriorio estadounidense a raíz de la pandemia. A última hora del lunes, el Tribunal Supremo anunció que se mantiene el título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de personas en situación irregular. Tras la resolución, este martes el Gobierno del estado de Texas desplegó a lo largo del bordo del Río Bravo aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional, intimidando con esto a las personas que esperaban cruzar la frontera.
Desde temprana hora, en la mexicana Ciudad Juárez, a lo largo donde usualmente se entregaban los migrantes para solicitar asilo, había alambres de púas y los agentes de la Guardia Nacional de Texas llegaron con vehículos Hammer. Una imagen impresionante e intimidante para los migrantes. Incluso los agentes militares bajaron más cerca a la zona federal, un hecho que no se había presentado en esta frontera.
El fin de semana pasado, Oscar Leeser, alcalde demócrata de la ciudad fronteriza texana de El Paso, declaró el estado de emergencia debido a la llegada masiva de migrantes a la ciudad cruzando la frontera con México, esto como resultado de la crisis humanitaria.
Uno de los migrantes presentes en el lugar, el venezolano Luis Fernando Espinoza, declaró a EFE que "es algo racista lo que hace el Gobierno de Estados Unidos de militarizar la frontera. Uno quiere cruzar, cumplir su sueño de darle un mejor futuro a su familia".
El Título 42, impuesto por el Gobierno del expresidente Donald Trump como norma sanitaria durante la pandemia y mantenido por la actual Administración de Joe Biden, permite la devolución inmediata de la mayor parte de migrantes que buscan solicitar asilo en la frontera. A mediados de noviembre, un juez federal en Washington D.C. ordenó al Gobierno de EE UU poner fin al Título 42, y la norma se iba a levantar este lunes. Pero los fiscales de 19 estados reclamaron al Supremo que la mantenga, y el alto tribunal decidió dejarla de momento. En los próximos días, los jueces deben decidir si permiten o no que se congele la medida mientras un tribunal de menor instancia decide el caso.
Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de personas, según datos del International Rescue Comittee.
